Santa Cruz de la Sierra, 17 de febrero de 2025.- La Asociación de Periodistas de Santa Cruz, APSC, denuncia públicamente el sistemático acoso judicial y persecución política de los que sus afiliados son víctimas, luego de que siete de ellos fueran conminados a testificar en la ciudad de La Paz, en el marco de una investigación por terrorismo contra un concejal que participó en bloqueos de una carretera en el municipio cruceño de Mairana, entre octubre y noviembre del pasado año.
La conminatoria no solo fue irregularmente realizada, ya que no llegó conforme a ley, es decir, de manera presencial y formal, como establece claramente el Código de Procedimiento Penal, sino que también remató con una amenaza de detención en caso de que los trabajadores de la prensa citados no se presentaran a las audiencias correspondientes.
Maggy Talavera, una de las periodistas que figura entre los conminados a testificar y presidente de la APSC, informó que el pasado 12 de febrero del 2025, ella y seis colegas de diferentes medios de comunicación de Santa Cruz recibieron un supuesto Requerimiento Fiscal de Citación expedido por el Fiscal de Materia Adscrito a la Fiscalía Especializada Anticorrupción, Delitos Tributarios, Aduaneros, Dr. Hernan Kiffer Aranda, para apersonarse en la ciudad de La Paz y declarar en el caso mencionado, pero a través de una red social.
Talavera explicó que de los siete reporteros que fueron citados, no todos estuvieron en Mairana. Los que fueron agredidos en aquella ocasión por seguidores de Evo Morales Ayma, “por no informar como debían”, ya se presentaron ante el Ministerio Público en Santa Cruz en calidad de víctimas; pero, curiosamente, otro proceso por el mismo caso se abrió luego en la ciudad de La Paz y se amplió a reporteros que no estaban en el lugar de los hechos.
Antes de esta conminatoria, una serie de curiosos hechos llamaron la atención de los periodistas. El 28 de enero, la presidente de la APSC recibió un mensaje del suboficial que estaba a cargo del caso para que brindara una declaración virtual formal, actividad que legalmente no corresponde, por lo que no se prestó a ello. El 7 de febrero, el investigador volvió a insistir por vía telefónica y el día 12 llegó la notificación para que Talavera y otros seis colegas se presenten 48 horas después en la fiscalía paceña.
Otro de los comunicadores que no estuvo en el lugar de los hechos, pero que ha sido involucrado y citado a La Paz, informó que recibió la notificación solo con doce horas de anticipación y que también fue extorsionado con la amenaza de ser detenido sino se presentaba. El aludido respondió que en aquella ocasión él se encontraba en otro punto muy distante del departamento, lejos de los valles cruceños y que tenía pruebas de ello; a lo que el supuesto investigador le dijo que fue la propia Talavera quien lo involucró al dar su nombre. Por si fuera poco, le dijo que debía presentarse porque los demás periodistas ya estaban en camino a la Sede de Gobierno. Todo ello ocurrió por vía redes sociales.
Finalmente, al no dejarse intimidar, alguien que dice ser el fiscal Kiffer entró en contacto con el periodista el día domingo para decirle que hubo un error, que le solicitaba disculpas y que su nombre iba a ser retirado del caso, que iba a ser “desestimado” del proceso.
Apoyo nacional a la prensa cruceña
Daniel Castro, vicepresidente de la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia, manifestó el apoyo de ese ente gremial a los periodistas cruceños ante uno más de los múltiples casos de acoso judicial y policial que busca intimidar a la prensa y silenciar su trabajo y solicitó al Fiscal General Róger Mariaca que se pronuncie sobre estos hechos como ya ocurrió en otras ocasiones y que ratifique su compromiso de mostrar la verdad, pero defendiendo los derechos de los ciudadanos en general y con los periodistas en particular para que se respete la libertad de expresión vigente en este país.
Talavera señaló que el estado de emergencia de la prensa cruceña es permanente porque la libertad de prensa es un pilar fundamental de cualquier sociedad democrática, y su vulneración afecta a toda la ciudadanía. “Nos mantendremos firmes en la defensa de nuestros derechos y continuaremos trabajando incansablemente para asegurar que la voz de los periodistas no sea silenciada”, concluyó.
Los periodistas cruceños no desestiman llevar adelante movilizaciones de protestas y analizan presentar una denuncia escrita ante la Fiscalía de Distrito por Falsedad de Documento Público, Amenazas y Extorsión por esas citaciones y pedirá que se investigue a los autores que se hacen pasar por miembros del Ministerio Público.