Un comentario analítico desde la mecánica de saldos macroeconómicos de Wolfgang. Stützel
Carlos Jahnsen Gutierrez*
A tres meses del inicio del mandato del presidente Rodrigo Paz, el balance de analistas es moderadamente positivo en términos de expectativas macroeconómicas, reflejado en la caída del riesgo país de más de 2.000 a alrededor de 600 puntos. Sin embargo, esta mejora responde principalmente a señales políticas y a un reordenamiento de percepciones del mercado, más que a cambios estructurales consolidados. Bolivia sigue siendo un país de riesgo relativo: las percepciones pueden adelantarse a los hechos, pero no reemplazarlos.
Este contexto permite entender la tensión central del momento actual: las expectativas financieras mejoran con rapidez, pero las restricciones macroeconómicas de fondo permanecen intactas. El debate público continúa concentrándose en instrumentos específicos como si cada medida pudiera evaluarse de manera aislada, ocultando que la economía funciona como un sistema de saldos financieros interdependientes que siempre debe cerrar. Ninguna señal política elimina esa restricción estructural.
Desde la mecánica de saldos de Wolfgang Stützel, economista alemán (1919 – 1987), el déficit fiscal no es una categoría moral, sino una variable relacional. Su efecto económico depende enteramente de qué sector recibe su contrapartida. El punto de partida no es un juicio normativo sobre políticas “buenas” o “malas”, sino una identidad contable simple e inexorable: el saldo del sector privado, el del Estado y el del sector externo siempre suman cero.
Esta identidad encierra una implicancia incómoda para el debate político: no todos los sectores pueden mejorar su posición financiera al mismo tiempo. El superávit de uno es necesariamente el déficit de otro. No es una opinión; es contabilidad. Si el Estado incurre en un déficit del 5 % del PIB mientras el país mantiene un déficit externo del 4 %, de cada cinco puntos de gasto público, cuatro se filtran al exterior. El sector privado recibe apenas un 1 % del PIB como ingreso neto: el déficit fiscal no impulsa inversión ni empleo, solo amortigua una salida de recursos.
Aquí aparece el núcleo del problema boliviano. Desde la perspectiva de los saldos macroeconómicos, un déficit externo persistente equivale funcionalmente a una exportación de capital; no porque salgan fábricas o activos físicos, sino porque salen ahorro, liquidez y capacidad de financiamiento que podrían haberse usado internamente.
Bolivia es una economía consumidora y deudora, patrón estrechamente ligado a una moneda persistentemente sobrevaluada que incentiva importaciones, desalienta producción transable y debilita la competitividad exportadora. El resultado es un déficit externo crónico que transforma cualquier impulso fiscal en demanda por producción extranjera.
Mientras persista este drenaje —del orden de 1.800–2.000 millones de dólares anuales—, el déficit público no puede fortalecer al sector privado; cualquier esfuerzo fiscal interno queda estructuralmente condicionado por la restricción externa. En ese marco, el déficit público no puede convertirse en un motor de fortalecimiento del sector privado, porque una parte significativa del gasto se canaliza fuera del circuito económico interno. El Estado gasta, pero la economía doméstica no captura ese gasto en forma de ingreso, inversión o empleo sostenido. El déficit fiscal compensa parcialmente la fuga, pero no la corrige.
Esta lógica permite evaluar los escenarios recientes. El DS 5503 buscó mejorar la posición fiscal sin corregir el desequilibrio externo, trasladando mecánicamente el ajuste al sector privado. El DS 5516 modera el ajuste fiscal por razones políticas, pero deja intacta la restricción externa. En este esquema, el frente externo se convierte en la restricción dominante del sistema macroeconómico. No se corrige ni se gestiona activamente; opera como una variable pasiva que impone el ajuste sobre los demás sectores. El ajuste no desaparece: se desplaza en el tiempo, sin redistribuirse entre sectores. El saldo externo pasa a ser la variable de cierre del sistema: aquello que no se decide explícitamente, pero que termina decidiendo por todos. El resultado es un deterioro lento pero persistente del sector privado, con pérdidas graduales de ingreso, inversión y empleo. El costo no se elimina: se acumula.
Otros escenarios, como sostener subsidios con déficits fiscal y externo simultáneos, terminan en crisis de reservas o presiones inflacionarias. El único escenario consistente combina un déficit fiscal funcional con una corrección efectiva del saldo externo. Aplicar la identidad de Stützel a Bolivia implica partir de una regla ineludible: los saldos financieros del sector privado, del Estado y del exterior siempre suman cero. Si el Estado mantiene un déficit cercano al 5 % del PIB y el saldo externo se corrige a −0,9 % del PIB, la contabilidad obliga a un superávit privado próximo al 6 %. Ese superávit no genera expansión inmediata: permite recomponer balances, reducir deudas y recuperar liquidez, es la condición previa para reactivar inversión y empleo.
El cambio estructural exige inversión productiva de largo plazo y un tipo de cambio competitivo subvaluado. Sin ello, la economía seguirá atrapada en consumo financiado con endeudamiento externo. Bolivia seguirá siendo país deudor. Esta lógica también aclara el debate sobre la dolarización. Desde la mecánica de saldos, su evaluación es directa: dolarizar no genera dólares, no corrige el déficit externo, ni altera las identidades contables que rigen la economía. Solo elimina el tipo de cambio como instrumento, dejando intacta la restricción externa, por lo que el ajuste ocurre igual, pero vía salarios, empleo y migración. En contraste, un tipo de cambio real competitivo actúa sobre los determinantes reales del saldo externo: corrige precios relativos, reduce la base económica del subsidio energético y genera incentivos para invertir, exportar y producir divisas de manera sostenible.
La conclusión es clara: el problema estructural de Bolivia no es el déficit fiscal, sino una moneda sobrevaluada y un déficit externo persistente. Ninguna política puede contradecir identidades contables macroeconómicas sin generar costos reales. El ajuste es inevitable; la política solo decide quién lo absorbe y cómo. Las expectativas positivas y la caída del riesgo país no eliminan la restricción externa. No decidir también es decidir: postergar reformas estructurales no evita el ajuste, solo lo desplaza y lo vuelve más desordenado, más regresivo y más costoso. Cuando la política elige esperar, el ajuste no desaparece, se impone por la vía menos controlada: pérdida de reservas, caída del ingreso real, deterioro del empleo y mayor fragilidad social. La inacción no es neutral: es una forma de transferir el costo del ajuste a hogares y empresas, sin estrategia ni protección.
*Carlos Jahnsen Gutiérrez es doctor en economía.