Las irregularidades en las elecciones departamentales y municipales realizadas el 22 de marzo en San Ignacio de Velasco no responden solo a lo ocurrido el día de la votación. Detrás hay una cadena de decisiones, recursos y omisiones que terminaron por desordenar el proceso y tensionar la relación entre el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y el Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz.
El presidente del TED, Marco Antonio Monasterio, lo resume en una idea clave: el proceso, que ya tenía definiciones previas, retrocede en plena recta final.
“Este es un caso que prácticamente estaba cerrado, pero se reabre a partir de una acción de cumplimiento. Eso obliga a que el Tribunal vuelva a pronunciarse y el proceso retrocede”, explica.
Ese giro no se produce por iniciativa directa de organizaciones políticas, sino por la acción de un ciudadano, Peter Erwin Beckhauser, cuyo recurso fue admitido en la vía constitucional. “No es delegado, no tiene ningún tipo de legitimidad”, precisa Monasterio, aunque su acción terminó forzando la revisión del caso.
A partir de ahí, la Sala Constitucional instruye al TED volver a pronunciarse sobre la cancelación de personerías jurídicas de ASIP y SOL, reactivando un tema que arrastraba decisiones pendientes.
Un candidato inhabilitado que sí estuvo en la papeleta
El punto más crítico está en la situación del candidato de ASIP a alcalde municipal, Juan Zarzar. Mientras el TSE sostiene que estaba inhabilitado, su candidatura no solo se mantuvo, sino que llegó a la papeleta.
Si estaba inhabilitado, no debía estar en la papeleta. Pero estuvo. Se aceptó su registro, se imprimieron las boletas y hoy aparece como ganador en las actas recogidas al cierre de la votación, el mismo domingo.
A partir de ahí se instala la contradicción central del caso, que el propio presidente del TED describe desde el procedimiento. Según explica, hubo recursos y apelaciones hasta último momento, pero la resolución clave nunca fue notificada formalmente.
“La resolución que debía ratificar la inhabilitación no fue notificada. Y eso es determinante, porque el candidato se ampara en esa omisión”.
Ahí se instala una de las críticas más fuertes al TSE, pero también el reconocimiento de fallas en la cadena institucional.
“El Tribunal Supremo Electoral tenía la obligación de notificar y fundamentar su decisión. No se puede sostener un proceso democrático sin resoluciones formales. Pero también nosotros hemos tenido dificultades en un proceso que se fue complejizando”, admite.
En ese marco, añade que el TED espera explicaciones formales del TSE.
“Estamos esperando que el TSE explique por qué no cumplió con la notificación de la resolución adoptada por Sala Plena, en la que se establecen los argumentos para la cancelación. Sin esa notificación, no hay certeza jurídica”.
Decisiones tardías y un problema de fondo
El conflicto actual, sin embargo, tiene raíces anteriores. Las organizaciones observadas habían participado en procesos previos sin que se consolidaran oportunamente decisiones sobre su personería jurídica.
“Son decisiones que debieron haberse tomado en su momento. No pueden resolverse en la recta final de un proceso electoral, porque eso rompe la certeza y la estabilidad del sistema”, advierte Monasterio.
En ese escenario, algunas organizaciones optaron por seguir en carrera.
“Apostaron a que no se notifique la resolución y a ganar en las urnas. Pero eso no garantiza que esos resultados sean reconocidos”.
Cambios de última hora y un sistema bajo cuestionamiento
El desorden también alcanza al caso del candidato a alcalde municipal de LIBRE, cuya situación cambió horas antes de la votación.
Según el TED, la sustitución de candidatura fue procesada y publicada oficialmente el 21 de marzo. Sin embargo, el TSE volvió a inhabilitarla el sábado, cuando faltaba poco más de seis horas para que se inicie la jornada electoral. Este es el punto más crítico: la modificación se produce minutos antes de la medianoche del 21.
“A nosotros también nos alertó esta situación. Hemos pedido al TSE que informe qué funcionario realizó ese cambio, con qué autorización, cuál el motivo y cuál es la trazabilidad en el sistema”, señala Monasterio.
La habilitación de Celín Jiménez fue realizada el 20 de marzo, notificada por el secretario de Cámara del TED de Santa Cruz, autorizada por el secretario de Cámara del TSE y publicada el 21 de marzo en la lista oficial de candidaturas.
Hay que recordar un antecedente, la inhabilitación del primer candidato presentado por LIBRE para alcalde municipal, Cristian Méndez. El TSE observó un error en el certificado de idioma nativo, mismo que no figuraba en el documento presentado en el TED. Pese a recursos de apelación, LIBRE se vio obligado a reemplazar a Méndez por Celim Jiménez.
El error en papeletas y la votación suspendida
En paralelo, el proceso departamental quedó marcado por un error en la distribución de papeletas para la elección de gobernador, vicegobernador, asambleísta por provincia y asambleístas por territorio. En 21 mesas se enviaron boletas que correspondían a la provincia Andrés Ibáñez y no a Velasco, lo que derivó en la anulación de esas mesas.
Sin embargo, la votación se suspendió en las 97 mesas abiertas en los cinco recintos de votación instalados en San Ignacio, aunque solo en 21 se configuraba causal legal de nulidad.
“El TED solo puede aplicar lo que establece la ley, que exista una causal de nulidad. Y esta solo se presentó en 21 mesas, por eso se determinó repetir la votación solo en esas”, explica.
Las restantes 76 también fueron cerradas, por presión de la gente, de los jurados y decisión del notario electoral, lamenta Monasterio. ¿Cómo no iban a reaccionar así, si en ese momento era imposible verificar si el error estaba en todos o solo en algunas?
De hecho, el TED solo pudo identificar las 21 mesas que contenían papeletas de otra provincia, cuando el material electoral llegó al centro de cómputos instalado en la Fexpo, en la capital cruceña.
Por eso la pregunta: si el error no fue cometido por los electores, sino por el TED, ¿por qué negarle a 18.000 ciudadanos el derecho a elegir a sus autoridades departamentales? Estamos hablando del 70% de los electores habilitados en San Ignacio.
De mantenerse la decisión de repetir la votación únicamente en 21 meses, significará que alrededor de 8.000 electores (30%) terminarán definiendo una elección en la que estaban habilitados más de 26.000 ciudadanos.
“Sabemos que se comete una injusticia, pero estamos sujetos al principio de legalidad”, dice Monasterio.
Aun así, el propio TED reconoce que la decisión final está en manos del TSE: “Hemos sugerido que se evalúe la repetición en todas las mesas. Será el Tribunal Supremo Electoral el que defina”.
Un proceso bajo tensión
Para Monasterio, lo ocurrido en San Ignacio es el resultado de una acumulación de problemas. “Ya teníamos inhabilitaciones, después cambios de último momento, el envío de papeletas erróneas… todo eso terminó por hacer explotar el problema”, señala.
En ese contexto, insiste en un punto de fondo: la necesidad de transparencia y formalidad en las decisiones. Reconoce y asume las responsabilidades de los problemas originados por parte del TED —sin duda alguna, el cambio de papeletas ha sido uno de los más graves—, pero también señala otros atribuidos al TSE.
Destaca de manera especial uno: la falta de notificación de las decisiones tomadas para inhabilitar candidatos, mismas que deben estar acompañadas de una resolución firmada por Sala Plena en la que se expongan los argumentos del TSE para tomar esas medidas.
“No basta una nota. No vivimos en la prehistoria ni en la edad media. Se necesitan resoluciones fundamentadas para que los ciudadanos y los candidatos tengan seguridad jurídica, y sobre todo resguardar la confianza en el órgano y en el sistema electoral.”
Y algo más: el que esas habilitaciones e inhabilitaciones puedan darse hasta el mismo día previo a la jornada de votación, cuando las papeletas ya están impresas dos meses antes de los comicios, con las siglas, fotos y nombres de candidatos. Es decir, ya no hay tiempo de modificar o actualizar las boletas, y menos de informar los cambios a los electores.
Una definición pendiente
Con los resultados en disputa y el conflicto abierto, la última palabra la tiene el TSE, tanto en la validación de las elecciones municipales como en la repetición del proceso departamental en 21 o en todas las mesas instaladas en San Ignacio de Velasco.
El propio TED ya había planteado esa alternativa. “Hemos sugerido que se evalúe la repetición en todas las mesas. Será el Tribunal Supremo Electoral el que defina”, señala Monasterio.
Horas después de esta entrevista, el presidente del TSE se trasladó a Santa Cruz y anunció públicamente la recomendación de repetir la votación en todas las mesas, una salida que ya había sido expuesta previamente por el titular del TED.
Mientras tanto, el riesgo es que la incertidumbre se traslade a la calle.
“No criticamos la protesta. Entendemos que muchos ciudadanos se sienten vulnerados. Pero pedimos que cualquier decisión se tome en el marco del diálogo y la ley”.
