Carlos Jahnsen Guiérrez
Carlos Jahnsen califica de “presupuesto entumecido y sin visión estratégica” el PGE 2026 reformulado presentado por el gobierno de Rodrigo Paz. Y añade: “Lo que muestra no tranquiliza; no es un cambio de rumbo, sino la continuidad del esquema de gasto heredado del gobierno anterior”. Un esquema que “ninguna economía puede sostener indefinidamente, porque las tensiones no desaparecen: se acumulan. Y cuando se liberan, el margen de decisión se desvanece. Lo que queda ya no es política económica. Es administrar la crisis”.
Una economía que sigue funcionando a tropezones… hasta que deja de hacerlo
Hay una escena que se repite, aunque no siempre se ve con claridad. El Estado gasta. Paga salarios, financia programas, sostiene precios. Es un actor central del mercado. La economía sigue funcionando. Los mercados abren, los productos circulan, la vida continúa. En la superficie, nada parece romperse. Pero esa apariencia de normalidad no es estabilidad. Es contención. Por debajo, las tensiones no desaparecen: se acumulan.
Es en ese punto donde el Presupuesto 2026 deja de ser un documento técnico y se convierte en una pieza clave de diagnóstico. No solo dice en qué se va a gastar. Revela qué tipo de economía se está sosteniendo y qué visión —o ausencia de ella— hay sobre el futuro. Es un presupuesto entumecido y sin visión estratégica. Y lo que muestra no tranquiliza, no es un cambio de rumbo, sino muestra la continuidad del esquema de gasto heredado del gobierno anterior.
El problema no es el déficit… es lo que hace ese déficit
El problema no es necesariamente el déficit. Un Estado puede —y a veces debe— gastar más de lo que recauda. El problema es qué economía está sosteniendo ese gasto y si el Estado tiene capacidad de estabilizarla y transformarla. En este contexto, el sistema presupuestario no está diseñado para estabilizar, sino para gastar.
Hoy Bolivia tiene un déficit entre 12% – 12,5% del PIB. Pero lo relevante no es el número en sí, sino lo que desencadena. Cada vez que el Estado gasta, ese dinero circula. Se convierte en consumo, en servicios… y en importaciones: combustibles, alimentos, insumos. En ese contexto, el presupuesto deja de ser un instrumento de coordinación macroeconómica y pasa a ser una lógica de programación administrativa. La meta de déficit de 9% para 2026 aparece como una isla en un mar de gastos: un dato sin ancla. Cuando el Estado pierde capacidad de coordinación, el presupuesto deja de ordenar la economía y reproduce su desorden. La tensión deja de ser colateral y pasa a ser estructural.
El límite invisible: los dólares
Bolivia no solo necesita bolivianos. Necesita dólares. Si la economía no los genera —exportando más o sustituyendo importaciones— el gasto presiona las reservas internacionales. Al principio, el sistema resiste. Se usan reservas, se interviene, se restringen flujos. Pero la presión no se resuelve: se acumula. Es como un recipiente que se sigue llenando sin ampliar su capacidad. No rebalsa de inmediato, pero el desenlace es inevitable. Eso ocurre cuando el déficit opera en una economía sin tipo de cambio competitivo ni transformación productiva.
Un gasto que sostiene el presente, pero no construye el futuro
El Presupuesto 2026 expone esa lógica. El gasto se orienta a sostener el presente: salarios, funcionamiento, transferencias. Es necesario. Pero cuando domina, el cambio desaparece. La inversión pública —único canal de transformación— queda subordinada al gasto corriente. El Estado prioriza consumir recursos antes que reproducirlos en capacidad productiva. El resultado es un aparato estatal sobredimensionado, con escaso impacto en la transformación económica. No alcanza para modificar la estructura productiva ni generar los ingresos externos que la economía necesita.
Decisiones que alivian hoy, pero agravan mañana
Algunas decisiones sin visión estratégica refuerzan esta dinámica. El Estado destina entre 1,5 y 2 mil millones de dólares al año en subsidios a los combustibles —una cifra sensible a los precios internacionales—. Si estos aumentan, ese costo se amplifica. En el corto plazo, contienen precios y reducen tensiones. Pero no aumentan la producción, no reducen la dependencia ni generan divisas. Es contención inmediata que profundiza el problema.
El tipo de cambio: una estabilidad que acumula tensiones
Algo similar ocurre con el tipo de cambio. Se sostiene una estabilidad aparente, pero con reservas insuficientes. Para mantenerla, se repite el manual del pasado: controles, restricciones, racionamiento de divisas e intervención. El tipo de cambio oficial deja de ser señal y se vuelve una ficción administrativa. El mercado paralelo fija el precio real. Bolivia mantiene el esquema heredado y opera con una flotación de facto sin reconocimiento formal. Este desajuste —ausente en el Presupuesto 2026— es central para el déficit: sin corrección cambiaria, el desequilibrio no se resuelve, se desplaza y se agrava.
El problema de fondo: la economía no cambia
Y mientras tanto, la economía no cambia. No hay reasignación de recursos hacia sectores exportadores. No hay impulso productivo. No hay transformación estructural. Hay continuidad.
El déficit no desaparece: se transforma
Esa continuidad tiene consecuencias. El déficit no desaparece. Se transforma en inflación, presión cambiaria y pérdida de reservas. Se distribuye en el tiempo y en los precios.
Cuando el desequilibrio se vuelve sistema
Al inicio, todo parece manejable. Pero cuando esta lógica se repite, el sistema cambia. El déficit deja de ser temporal. La inflación deja de ser un episodio. La escasez de divisas se vuelve estructural. La economía deja de corregirse y empieza a operar con el desequilibrio.
La conclusión: administrar la crisis tiene un límite
Pero ninguna economía puede sostener indefinidamente este esquema. Porque las tensiones no desaparecen: se acumulan. Y cuando se liberan, el margen de decisión se desvanece. Lo que queda ya no es política económica. Es administrar la crisis.
