Carlos Jahnsen Gutiérrez
La crisis del gobierno de Rodrigo Paz revela una tensión central del poder: la diferencia entre superioridad política y estratégica. Paz llegó al gobierno con victoria electoral, legitimidad democrática y enormes expectativas de cambio. Pero mientras el gobierno administraba esa legitimidad como si bastara para gobernar gradualmente, la oposición sindical, corporativa y territorial comenzó a construir algo más decisivo en contextos de crisis: superioridad estratégica. Porque la superioridad política otorga autoridad formal; la superioridad estratégica determina quién impone el ritmo del conflicto, obliga al adversario a retroceder y controla la agenda real del poder.
Eso es precisamente lo que hoy empieza a ocurrir en Bolivia. Cada vez que el gobierno retrocede ante bloqueos o presión callejera, la oposición descubre que el desgaste funciona. Y cuando los actores sociales perciben que el gobierno cede bajo presión, la calle deja de ser protesta y se convierte en mecanismo de conducción política. Ahí aparece el verdadero peligro estratégico para Paz: haber ganado las urnas, pero empezar a perder el control político del conflicto.
Un liderazgo puede ganar elecciones, generar esperanza e incluso poseer superioridad moral frente a sus adversarios… y aun así fracasar estratégicamente. Eso es lo que hoy comienza a ocurrir en Bolivia. El problema de Paz ya no es solamente económico. Es temporal, político y psicológico. Gobernó los primeros meses como si el tiempo político fuera infinito. Pero en política, como comprendía Carl Schmitt, el tiempo pertenece a quien conserva la iniciativa y define el ritmo del conflicto. Y ahí estuvo exactamente el error central del gobierno.
Paz confundió prudencia con estrategia. Creyó que el gradualismo reduciría la conflictividad. Pero en contextos de deterioro estructural, el gradualismo muchas veces no reduce el conflicto: lo posterga y multiplica. Como advierte Casey Cagley en su análisis sobre “los riesgos del gradualismo”, eso ocurrió con Mauricio Macri en Argentina. Intentó amortiguar costos políticos y administrar parcialmente la crisis. El resultado fue devastador: perdió simultáneamente equilibrio económico e iniciativa política. Paz empieza a recorrer un camino peligrosamente parecido.
El gobierno actuó con cierta firmeza en subsidios, pero después ingresó en una lógica lenta de administración de la crisis. Mantuvo incoherencias cambiarias, postergó reformas estructurales y evitó decisiones de fondo, intentando sostener a la gobernabilidad mediante endeudamiento y subsidios. Pero Bolivia no funciona como una democracia institucionalmente estabilizada. Funciona como un sistema permanente de presión y desgaste.
Hoy la iniciativa política ya no la tiene Paz. La tienen los sindicatos, la protesta callejera y los actores que redescubrieron que el gobierno retrocede bajo presión. La consecuencia es gravísima: cada concesión parcial reduce temporalmente la tensión, pero fortalece a quienes comprenden que la presión funciona. Bolivia entra en una dinámica peligrosa: resolver parcialmente los problemas a costos fiscales crecientes, sin corregir las causas estructurales de la crisis.
Porque cuando un gobierno transmite que carece de dirección clara y capacidad de conducción estratégica, los distintos actores dejan de pensar en el interés colectivo y comienzan a actuar bajo lógica de supervivencia. Los sindicatos exigen compensaciones. Los transportistas y cooperativistas mineros demandan subsidios. Los empresarios buscan cobertura cambiaria. Las regiones presionan por transferencias extraordinarias. Y los actores políticos empiezan a prepararse no para estabilizar al gobierno, sino para sobrevivir a su desgaste o eventual caída.
En ese contexto, el Ministro de Economía deja de ser el conductor técnico de una estrategia nacional y termina convertido en una especie de Papá Noel fiscal al que, bajo presión político-social, distintos sectores le arrancan concesiones, bonos, subsidios, dólares o transferencias. Se compra estabilidad política con dinero que el Estado no tiene.
La crisis ya dejó de ser solamente económica. Se convirtió en una crisis de autoridad política. Porque el problema central ya no es únicamente el déficit, el dólar o la inflación, sino la creciente incapacidad del Estado para ordenar prioridades, coordinar expectativas y sostener un rumbo común.
Y ahí emerge un problema todavía más profundo: el cultural. Como advierte H. C. F. Mansilla, una parte importante de la protesta boliviana contemporánea desconfía más de las instituciones que del conflicto mismo. El bloqueo y la confrontación permanente dejaron de ser mecanismos excepcionales para convertirse, en amplios sectores, en formas normales de acción política. Y cuando un gobierno débil enfrenta una cultura política acostumbrada a medir fuerza mediante presión y desgaste, la erosión del poder se acelera rápidamente.
El problema más delicado del gobierno de Paz ya no es económico. Es psicológico y político. Paz comienza a mostrar señales de estar atrapado dentro de su propio círculo de auto percepción: una burbuja donde el gobierno todavía cree que administra tiempos y conflictos… cuando en realidad el país ya empezó a moverse bajo otra lógica. Existe una creciente desconexión entre la narrativa gubernamental y la realidad política efectiva de Bolivia. Y Bolivia no se gobierna desde TikTok. Se gobierna construyendo autoridad.
Para salir de esta crisis, el gobierno necesita al menos tres cambios urgentes: primero, reconstruir un verdadero gabinete político con capacidad de conducción territorial y manejo del conflicto; segundo, abandonar la lógica de administración gradual del deterioro y presentar un programa económico coherente y políticamente explicable; y tercero, recuperar iniciativa política antes de quedar reducido a reaccionar diariamente frente a actores sindicales y corporativos que ya demostraron suficiente capacidad de presión para condicionar decisiones y desgastar sistemáticamente la autoridad presidencial.