Por Carlos Jahnsen Gutiérrez / Economista
“La verdadera pregunta ya no es únicamente si el presidente Paz podrá salir de su laberinto político. Es si Bolivia será capaz de salir del suyo. Porque cuando grupos organizados sustituyen el voto por el bloqueo, el diálogo por el chantaje, la Constitución por la fuerza y el Estado de Derecho por la coerción, lo que está en juego deja de ser la continuidad de un gobierno, es la supervivencia misma de la democracia constitucional”
Bolivia atraviesa una de las coyunturas políticas más peligrosas de las últimas décadas. Lo que comenzó como una crisis de gobernabilidad ha evolucionado hacia una disputa abierta por el futuro político del país: democracia constitucional o retorno del proyecto evista. En el centro del conflicto se encuentra el presidente Rodrigo Paz, atrapado en un laberinto político construido tanto por la presión de grupos radicalizados como por las limitaciones estratégicas de su propio gobierno.
Hace más de un mes, millones de bolivianos que desean trabajar, producir y vivir en paz se han convertido en rehenes de una confrontación que parece no encontrar salida. Rehenes del abuso, la intimidación y la violencia ejercida por grupos que buscan imponer sus objetivos políticos mediante métodos de inequívoca naturaleza fascistoide: paralizar el país, restringir derechos fundamentales y castigar colectivamente a la población para doblegar su voluntad.
Los bloqueos han dejado de ser una forma de protesta para convertirse en instrumentos de coerción política y destrucción económica. La lógica es brutal: si la sociedad no se somete a sus demandas, la sociedad entera debe pagar el costo. El saldo es dramático: hasta la fecha trece fallecidos (según la Agencia Boliviana de Información), cuantiosas pérdidas económicas en una economía en crisis y un acelerado deterioro de la convivencia nacional. Lo que alguna vez fue protesta social ha derivado en una estrategia de presión que busca imponer objetivos políticos mediante el castigo colectivo de la población.
Sectores sindicales radicalizados exigen la renuncia inmediata del presidente. El gobierno ha intentado abrir canales de diálogo para evitar una escalada de violencia. Porque en democracia una mesa de negociación siempre vale más que una bala. Sin embargo, esos esfuerzos chocan contra sectores que han abandonado la lógica del acuerdo y solo aceptan una condición: la caída anticipada del Presidente incendiando al país. Aquí surge la principal paradoja de la crisis.
Mientras el gobierno busca preservar la paz social evitando una confrontación directa, esa misma moderación comienza a ser percibida por amplios sectores ciudadanos como una renuncia al ejercicio legítimo de la autoridad estatal. Pedir paciencia, como lo hace el presidente Paz, puede ser un recurso político válido, pero pierde credibilidad cuando ciudadanos ven restringidos derechos fundamentales como la libre circulación y el acceso a alimentos, medicamentos y atención médica. Cuando el miedo comienza a reemplazar a la autoridad y la intimidación a la ley, la pregunta deja de ser retórica: ¿dónde está el Estado cuando la ley deja de aplicarse por igual para todos?
Parte importante de la crisis también encuentra sus raíces en los primeros meses de gestión. Durante demasiado tiempo, la administración proyectó gradualismo, cautela excesiva y vacilación estratégica, acumulando errores que erosionaron su capacidad de conducción. La búsqueda de consensos era legítima, pero la moderación solo funciona cuando está respaldada por liderazgo, autoridad, capacidad de conducción y un plan integral de reformas. Como esas señales no fueron visibles, el gradualismo y las decisiones postergadas dejaron de percibirse como prudencia para interpretarse como debilidad.
Para diversos actores se abrió una oportunidad política. Fue la grieta por donde comenzó a desbordarse el conflicto. Los movimientos sindicales comenzaron articulando demandas salariales y sectoriales, pero gradualmente transformaron esas reivindicaciones en una agenda política maximalista centrada en la renuncia presidencial. No se trata de una evolución espontánea. Responde a una lógica política conocida: acumular presión, ampliar el conflicto, erosionar la autoridad gubernamental y cuestionar la legitimidad del poder constituido. Los sectores radicalizados no crearon las debilidades del gobierno; simplemente aprendieron a explotarlas con rapidez y eficacia. Bolivia está hoy atrapada en esa dinámica de confrontación por el poder.
Es la lógica que domina la crisis actual. Mientras el Ejecutivo intentaba administrar el conflicto, sus adversarios buscaban apropiarse de él. Mientras el gobierno ganaba tiempo para negociar, los sectores radicalizados utilizaban ese mismo tiempo para acumular fuerza, ampliar la presión y elevar el costo de la inacción estatal. Y mientras el Presidente insistía en la negociación, los grupos más radicalizados recurrían a los bloqueos y la coerción para imponer sus condiciones, manteniendo a millones de ciudadanos atrapados en medio de una disputa cuyo objetivo ya no es sectorial, sino abiertamente político.
Bolivia se encuentra hoy ante una disyuntiva histórica. Puede continuar avanzando por la senda de la confrontación permanente, con el riesgo de precipitarse hacia un conflicto de proporciones imprevisibles, o puede reconstruir un camino institucional capaz de canalizar las diferencias dentro de las reglas de la democracia y del Estado de Derecho.
Frente a este escenario surge la propuesta de un referéndum revocatorio positivo planteada por el senador Alarcón. La ciudadanía decidiría si el presidente Paz debe concluir el mandato para el cual fue elegido. La propuesta encierra riesgos, pero también ofrece una posible vía institucional que traslada la resolución del conflicto desde las carreteras hacia las urnas y devuelve la decisión al soberano democrático. Porque el peligro que acecha ya no es únicamente nacional. Una escalada de la violencia podría generar efectos económicos, sociales y migratorios que trasciendan las fronteras bolivianas, afectando particularmente a regiones vecinas de Perú y Argentina. Las crisis prolongadas rara vez permanecen confinadas dentro de un solo país. Cuando un país se aproxima a escenarios de ruptura institucional, las consecuencias suelen propagarse mucho más allá de sus fronteras.
Entonces, la verdadera pregunta ya no es únicamente si el presidente Paz podrá salir de su laberinto político. Es si Bolivia será capaz de salir del suyo. Porque cuando grupos organizados sustituyen el voto por el bloqueo, el diálogo por el chantaje, la Constitución por la fuerza y el Estado de Derecho por la coerción, lo que está en juego deja de ser la continuidad de un gobierno, es la supervivencia misma de la democracia constitucional.
Ninguna república puede sostenerse si las decisiones colectivas dejan de resolverse en las urnas para resolverse en el caos de los bloqueos, si los derechos de millones de ciudadanos quedan subordinados a la voluntad de minorías matonas organizadas y si la violencia se convierte en un instrumento legítimo de acción política. En ese punto, la crisis deja de ser una disputa política y se convierte en una amenaza existencial para la democracia y la convivencia pacífica.
Y mientras el tiempo corre, el país espera respuestas. Respuestas efectivas del gobierno de Paz para recuperar la autoridad democrática, restablecer el Estado de Derecho y evitar que la crisis escale hacia un conflicto mayor. No es probable que la respuesta sea la mejor, esperar que el problema se desgaste. Se observa más bien, que, en la situación actual, cada día de indecisión fortalece a los radicales, debilita la autoridad democrática y acerca a Bolivia a un escenario que después podría resultar imposible de controlar.