¿Cuál es la diferencia que hay entre Wilma Alanoca y el clan integrado por Mario Argollo, Rolando Choque, Vicente Salazar, Evo Morales, Feliciano Vagamonte, Juan Cáceres y otros dirigentes que alentaron los bloqueos durante más de 50 días?
¿Por qué la Fiscalía imputó sólo a Alanoca “por los presuntos delitos de terrorismo e instigación pública a delinquir” y no a quienes estaban instigando, en primera fila, a mantener y masificar los bloqueos y movilizaciones que duraron 53 días?
La Fiscalía señala en la imputación contra Alanoca que ésta “habría utilizado su influencia política y presencia mediática para respaldar y promover medidas de presión que derivaron en una grave afectación al orden público”.
¿Y acaso Argollo, Evo, Salazar, Vagamonte & compañía no utilizaron otras “influencias”, medidas claras y de hecho para promover no apenas los bloqueos, sino también alentar la violencia?
¿Para la Fiscalía pesan más las declaraciones públicas en respaldo a sectores movilizados realizadas por Alanoca que las hechas por Argollo y compañía?
Wilma Alanoca ya fue aprehendida, trasladada a celdas de la FELCC en La Paz y le ha sido negada una Acción de Libertad presentada por su defensa.
¿Por qué la celeridad en el caso de Alanoca no es aplicada en los de Argollo y compañía, contra los que no pesa siquiera la imputación por delitos mucho más graves que los atribuidos a la exconcejal y exministra?
¿O acaso es una estrategia la de comenzar por los peces chicos y dejar para el final a los tiburones?
El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, ha dicho hoy que el Ministerio Público “tiene la tarea de identificar a los responsables de los bloqueos de caminos e imitar los procesos judiciales correspondientes”. Asegura que el Gobierno apoyará la tarea, así que las preguntas finales van dirigidas a él.
Ministro José Luis Lupo: ¿por qué esperar a que el Ministerio Público actúe de oficio y no adelantar la denuncia que ya debería haber presentado el Gobierno antes de recibir en la Casa del Pueblo al principal responsable de los bloqueos?
¿El Gobierno no ha complicado de antemano el proceso contra los cabecillas de los bloqueos al firmar un compromiso con la COB que contempla en el primer punto “no criminalizar la protesta”, ni “alentar el acoso mediático, político y judicial contra los dirigentes y autoridades de las organizaciones movilizadas”?