La propietaria del predio avasallado, Santa Rita, en la provincia Guarayos, describió que los grupos armados no solo planifican las tomas violentas de tierras, sino también la estructura social y económica del asentamiento humano.
Carlos Quisbert
“El nuevo Chapare crece a 200 kilómetros de la ciudad de Santa Cruz”, es la conclusión a la que llegó Melisa Barba, la propietaria y vocera del predio avasallado, Santa Rita, en la provincia Guarayos del departamento de Santa Cruz. La propiedad sufrió hasta nueve tomas desde hace dos años; actualmente 3.000 hectáreas están en poder de los delincuentes.
“Hace más de un año que estamos rogando al Tribunal Agroambiental para que nos den las medidas de precautorias (…) toda esta gente está organizada, porque tienen drones, armas de alto calibre y cuando hablé con la gente del Gobierno se los dije, el señor (presidente) Rodrigo Paz lo sabe, el nuevo Chapare crece a 200 kilómetros de Santa Cruz de la Sierra”, afirmó Barba en entrevista con Maggy Talavera, en el programa de hoy 13 de julio.
La propietaria hizo una descripción sobre el modus operandi de los avasalladores, que asegura provienen del municipio de San Julián, donde existe presencia de grupos armados ligados al narcotráfico, cuyas acciones también afectan a varias otras familias cuyas propiedades fueron tomadas por colectivos que operan bajo el paraguas de “organización social” y entre los denominados “interculturales”.
A su vez, explicó Barba, los grupos violentos que llegan desde San Julián migraron desde la provincia Chapare, en el departamento de Cochabamba, bastión político del expresidente del MAS, Evo Morales.
Durante la entrevista Barba mencionó que, desde el avasallamiento a Las Londras, en Ascensión de Guarayos, en octubre de 2021, se logró conocer más de la forma en la que operan los Interculturales, con el movimiento de armas de fuego, puestos de control y patrullajes en las zonas tomadas, “así como grupos de la guerrilla”, sostuvo.
Explicó que luego de los enfrentamientos violentos, una vez asentados, los avasalladores construyen casas de ladrillos a toda velocidad y organizan el funcionamiento de escuelas y centros de salud. Estas acciones tienen el fin de dar legitimidad a los avasalladores, quienes anteponen un discurso victimista para demorar y evitar que las fuerzas del orden los desalojen.
Desde el Chapare
Barba sostuvo que efectivos policiales, de grupos de inteligencia, que actualmente cooperan con el Gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, les informaron que los avasalladores llegan desde el Chapare, armados e incluso cuentan con francotiradores, explosivos y presumen que son financiados con dinero del narcotráfico.
Por otro lado, además de las características de los nombres con los que bautizan sus asentamientos, los avasalladores, generalmente siembran banano, un producto cultivado por los chapareños, quienes dominan el negocio de la exportación de esa fruta.
Hijo del expresidente
En el caso del avasallamiento a su propiedad, relató Barba, este tiene un antecedente de hace dos años, mientras aún estaba en la presidencia Luis Arce. La propietaria aseguró que primero recibió la llamada de un ciudadano menonita, al que identificó como Isaac Weiler, quien le propuso comprar sus tierras, oferta que rechazaron.
El primer avasallamiento a Santa Rita ocurrió un día después de dicha llamada. Tiempo después, cuando la familia logró retomar parte de la propiedad con ayuda de la Policía, Weiler los volvió a llamar. A fin de conocer las verdaderas intenciones del menonita la familia de Barba lo invitó a conocer su propiedad.
Para sorpresa de ella y su esposo, en la avioneta en la que Weiler llegó a su propiedad también estaba Rafael Ernesto Arce Mosqueira, hijo del entonces presidente. “Por eso le digo que esto funciona como una mafia”, describió Barba. Afirmó que no era la primera vez que Rafael Arce Mosqueira era visto por la zona que conoce de otras propiedades que él y sus socios obtuvieron de esa forma.
Familia Arce y avasalladores
De acuerdo al historial de los avasallamientos, la información que le brindaron abogados de avasalladores detenidos y otros propietarios afectados, la familia de Arce Mosqueira habría colaborado con los grupos delictivos, pero para evitar conflictos políticos con los votantes en Santa Cruz, ofrecieron a los Interculturales dotarles tierras en otras áreas, pero esto fue rechazado, porque los avasalladores no trabajan las tierras.
Aseveró que estos grupos prefieren apoderarse y lotear zonas con plantaciones prontas al tiempo de cosecha, en las que existe maquinaria y propicias para sembrar otros productos.
Barba sostienen que, por la información que les dieron otras familias víctimas de los avasallamientos, Isaac W eiler sería un socio cercano de la familia del expresidente y que luego de que se abrió el proceso por legitimación de ganancias ilícitas contra los hijos de Arce, por la propiedad Adán y Eva, el menonita fugó del país hacia Paraguay y se desconoce su paradero.
Operativo
Por otro lado, Barba sostiene que con la esperanza de que los nuevos gobiernos nacional y departamental cumplan su promesa, de dar apoyo a los propietarios de tierras avasalladas, principalmente en Santa Cruz, se buscó la conformación de una comisión especial multidisciplinaria, a fin de combatir a los grupos violentos.
En esa línea, y aprovechando que aún rige el estado de excepción, jefes policiales de alto rango y autoridades del Ejecutivo les informaron que en los siguientes días se podría dar un operativo amplio con apoyo de fuerzas militares. Barba afirmó que esta sería una medida acertada, ante el riesgo de que los policías sean rebasados y sufran ante los grupos armados identificados en esa área.
De acuerdo a la denuncia, en los avasallamientos a estas propiedades, los delincuentes no solo agreden y amenazan a los dueños y sus trabajadores, sino también roban vehículos, maquinaria pesada, agroquímicos, combustible, semillas y todo lo que consideren de valor.
La familia Barba identificó a al menos tres grupos de avasalladores, asentados en propiedades tomadas en Guarayos. De la misma forma, espera que las autoridades del Tribunal Agroambiental, la Fiscalía y la Policía Boliviana cumplan con su trabajo y sean cómplices de las acciones delictivas de estas organizaciones criminales.
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