El ministro de la presidencia, José Luis Lupo, explicó que se trabaja en una agenda política y otra institucional para tratar de forma paralela las reformas estructurales y las necesidades económicas visualizadas en el pedido de “50/50”.
Por: Carlos Quisbert
El Gobierno de Rodrigo Paz busca un “gran acuerdo político” para dar lugar a la socialización y aprobación de 12 leyes, que tienen el objetivo de reestructurar el Estado, la economía y devolver la independencia institucional. Con las medidas se pretende devolver la credibilidad a 20 empresas y entidades estratégicas, así lo explicó el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo.
“Primero se debe alcanzar un acuerdo político y luego la agenda sobre la institucionalidad, transparencia, de transformación mediante las leyes, además de las transformaciones económicas”, explicó el ministro Lupo en entrevista con Maggy Talavera.
Detalló que instituciones como el Banco Central de Bolivia (BCB), la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), la Contraloría General del Estado, la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) y empresas estratégicas como Yacimientos Petrolíferos Bolivianos (YPFB) son parte de una lista de 20 instituciones a las que se les debe devolver la independencia.
El ministro señaló que el tema aún no fue debatido en profundidad, pero explicó que con estas medidas Bolivia recupere la imagen de un país en el que existe seguridad jurídica a nivel internacional.
El tema surge en un momento político en el que la población está pendiente de que el Gobierno de Paz cumpla en compromiso de la promulgación de leyes que ayuden a frenar la inflación, la escasez de combustible y alimentos a consecuencia de los problemas que sufrieron los productores, por los 53 días de bloqueo.
Asimismo, la aprobación de las leyes se ve presionada por la postura de los gobernadores que, en una reciente reunión, volvieron a exigir que Paz cumpla con la promesa electoral de redistribuir los ingresos 50/50.
“Creo que (son temas que) van de la mano; con el tratamiento de leyes de inversión, minería, hidrocarburos, electricidad se pretende dar seguridad jurídica y competitividad a las inversiones en Bolivia y entidades institucionalizadas”, remarcó el ministro.
En ese sentido, el Gobierno pretende que estas entidades y empresas estratégicas operen con independencia administrativa, transparencia y solvencia económica, atribuciones que les fueron despojadas durante los gobiernos del MAS. La autoridad recordó que el nombramiento de los gerentes, directores y presidentes de esas instituciones dependían de la temperatura política y el tiempo de gestión estaba ligada a la del ministro de turno en esa área.
En criterio del ministro, el abordar la aprobación del paquete de leyes y la institucionalidad de entidades y empresas estratégicas, de forma paralela, no debería representar un problema porque “son temas totalmente complementarios y ayudará la discusión de quiénes deben dirigir estas instituciones por mérito, por excelencia, al margen de la aprobación de nuevas leyes”, sostuvo el ministro.
División
Sobre el paquete de leyes, la autoridad recordó que durante el receso parlamentario realizaron reuniones con los legisladores aliados del Gobierno y ahora buscan coordinar con jefes de brigadas y bancadas, para concluir en acuerdos con los líderes de las organizaciones políticas que tienen representación en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).
El Gobierno afronta un escenario complejo en la ALP, por los fraccionamientos y pugnas internas. Recordemos que solo seis organizaciones políticas tienen representación parlamentaria y el oficialismo, articulado formalmente alrededor del PDC, también se debate por divisiones internas, con la agravante de que algunos de sus legisladores tienen alianzas con sus opositores, el expresidente Evo Morales y el vicepresidente Edman Lara.
Calendario e interés del MAS
No obstante, con el respaldo del “gran acuerdo” en la ALP se aprobarían dos agendas, una de carácter político y otra institucional. En el calendario de la primera se cuenta con la socialización de las 12 leyes ante representantes de sectores productivos, empresarios, organizaciones sociales y otras instancias del Estado, esto pese a que aún no se conoce el borrador de las normas propuestas.
La socialización y entrega del paquete de proyectos de ley a la ALP, anunciado por Paz en marzo, se demoró por los 53 días de bloqueos, según el Gobierno. No obstante, Samuel Doria Medina, líder de Unidad Nacional, solicitó que se publiquen los textos completos de las normas propuestas para evitar teorías conspirativas, expresó su “enojo” ante la demora de este proceso y criticó que el Gobierno siga “redactando las normas”.
El ministro explicó que estos retrasos también se deben a los obstáculos que anteponen quienes gobernaron el país con el MAS y aún tienen “intereses” en el manejo de esas instituciones.
Procedimiento sin fechas
En ese contexto, el Gobierno no tiene fechas definidas para la aprobación de las leyes y la implementación de otras reformas de fondo.
En cuanto al procedimiento, Lupo explicó que, el Ejecutivo el paquete de leyes está en una “fase técnica” y debe pasar tres filtros. El primero es ante el Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conapes), el segundo es la Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas (Udape) y tercero es la revisión en Gabinete, desde donde será enviado al Legislativo.
Las leyes
Entre las leyes propuestas por Paz están las de Electricidad, Hidrocarburos, Inversiones, de Minería, de Economía Verde, de Emprendedores, de Reducción del Estado y de la Burocracia, de Justicia; la Ley Electoral; y de Seguridad Nacional.