El economista y politólogo hace una evaluación sobre el proceso inconcluso de la distribución de títulos de propiedad de las tierras a campesinos, indígenas y pueblos originarios, apropósito del Día de la Revolución Agraria, Productiva y Comunitaria
Por Carlos Quisbert
Para el economista y politólogo, Fernando Untoja, el concepto bajo el cual se aplicó la reforma agraria, en 1952 y el Estado Plurinacional, en 2009, tienen el mismo “criterio paternal, colonial y feudal”. Considera que ambos hitos políticos fueron impuestos por quienes ostentaban el poder político, sin tomar en cuenta la importancia real de la propiedad de la tierra y la libre determinación económica.
El punto de vista, surge a apropósito del significado del denominado “Día de la Revolución Agraria, Productiva y Comunitaria”, que se recuerda cada 2 de agosto. “No hay nada que celebrar o agradecer, sino que debe ser tomada como una fecha de exclusión nacional, una fecha en la que se quita al hombre andino el derecho de ser propietario de su tierra”, declaró Untoja en el programa de Maggy Talavera.
Estado fallido
En criterio del analista se deben anotar tres elementos históricos para explicar la tesis del “Estado fallido”. El primero inicia con la fundación de Bolivia, cuando se asume una Constitución Política “redactada en Puno”, Perú, en cuyo texto no se menciona a los indígenas originarios, aymaras o quechuas que habitaban el nuevo país, una política que se aplicó hasta 1952.
Hasta ese año, afirmó Untoja, minorías de piel blanca, mestizos y descendientes españoles “se apoderan del país, de las minas y las haciendas”. Asegura que quienes dominaban el Gobierno de esa época se manejaban bajo políticas conducidas al exterminio “del indio”. No obstante, al constituirse en la población con más presencia, surge otra vertiente que propone la inclusión de esa mayoría boliviana en el Estado.
Mire la entrevista completa en el siguiente enlace: A 73 años de la reforma agraria: el balance sobre un proceso inconcluso
Untoja refiere que el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) trató de cumplir con la segunda alternativa bajo el concepto del “Estado Nación” y dio lugar la Reforma Agraria, sin embargo, este proceso lleva 73 años y aún está inconcluso.
“Entonces, el MNR trata de hacer algo diferente e incorpora a los indios y los convierte en campesinos, por decreto. ¿Y bajo qué criterio reparten la tierra? No tenían ningún estudio sociológico, antropológico o étnico”, afirmó.
Los miembros de ese partido, sostiene el analista, desconocían las verdaderas estructuras de mando indígena, los ayllus, los pisos ecológicos y las diferencias entre culturas originarias. Indicó que estos factores determinaron el fracaso de la Reforma Agraria hasta la fecha.
“Revolución cultural”
Para Untoja, esos hechos también explican la “dicotomía de la exclusión” que se repetiría en 2009, cuando el Movimiento al Socialismo (MAS) cambia la denominación de “indios y campesinos” al de “indígenas originarios”, bajo el eslogan de la “revolución cultural” y el cuidado de la Pachamama o Madre Tierra, pero tampoco concluye el proceso de entregar la propiedad de las tierras a ese sector.
El MAS, explica el analista, impuso la pertenencia a la comunidad y al sindicato, con el fin de organizar su fuerza política y mantenerla unida, bajo lineamientos totalitarios que tampoco permiten que el indígena acumule riquezas, sea dueño de su tierra, y a la larga, que su trabajo genere excedentes.
En esa línea, Untoja expresó que estos tres hitos históricos explican el por qué, desde los años 60 y con mayor intensidad en las dos últimas décadas, “los collas”, aymaras y quechuas, deciden migrar al oriente del país y se instalan en Santa Cruz, principalmente.
Es así que se convierten en la fuerza laboral que permite el crecimiento económico de la región y también logran el progreso individual, que como efecto colateral provocó que el occidente y el altiplano se convierta en una zona despoblada y rezagada, sin empresarios ni tierras disponibles.
“Entonces, la Reforma Agraria fue una política de exclusión, de desprecio con prejuicios coloniales y feudales. La prueba de esto es que hubo un momento en que se declara el 2 de agosto el día del indio”, cuestionó Untoja, sobre el denominativo que se le dio en 1952 a esa fecha y posteriormente se modificó.
Asimismo, señaló que la declaratoria del Día de la Revolución Agraria, Productiva y Comunitaria, impuesta por el MAS en lugar del “día del indio”, se dio cuando ese partido político era el “dominante en el Estado fallido”, bajo el mismo criterio paternalista de la reforma agraria que impuso el MNR en 1952. “El Estado Plurinacional solo repite esa lógica paternalista, colonial y feudal”, manifestó.
Batalla cultural por la Ley 1720
Untoja también se refirió al discurso político utilizado por los seguidores de Evo Morales y el MAS para rechazar y lograr la abrogación de la Ley 1720, que permitía que los campesinos que contaban con pequeñas propiedades, “de forma voluntaria” las reclasificarlas como medianas.
Dicha categoría, además de confirmar su propiedad individual, en el ámbito económico les permitía utilizar su derecho propietario como una garantía ante los bancos, para lograr recursos que les ayuden a generar producción, trámite que al momento les impide la ley, por ser propiedades compartidas en las comunidades.
La convulsión social generada por los grupos radicales afines a Evo Morales contra la Ley 1720 afectó principalmente al departamento de La Paz, por los 53 días de bloqueo de caminos, entre mayo y julio, lo que provocó un saldo lamentable de al menos 22 personas fallecidas y millonarias pérdidas para el país con el cierre de empresas y tandas de desempleo.
El analista sostiene que para aprobar y aplicar una segunda versión de la Ley 1720 se requiere iniciar y triunfar en una “batalla cultural” en los departamentos del occidente, con el fin de convencer a los pobladores de la importancia de esta norma y los beneficios que otorga cuando se consolida la propiedad de la tierra.
“Para realizar una reforma del régimen de propiedad se necesita una batalla cultural y convencer al campesino de Patacamaya (por ejemplo), que tiene todo el derecho de vender o hipotecar su hectárea de tierra”, aseguró Untoja.
Concluyó señalando que mientras eso no ocurra, el latifundista, que ahora es representado por el sindicato o la organización social continuará obligándolos a obedecer instrucciones corporativistas, marchar, bloquear caminos o de lo contrario los echarán de esas tierras.