La Agenda 50/50 marca el inicio de una nueva fase de discusión sobre el proceso de descentralización en Bolivia. El alcance de sus resultados dependerá de la capacidad de traducir los consensos políticos en reformas legales y administrativas que permitan fortalecer las autonomías y mejorar la gestión pública en todos los niveles del Estado
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El presidente Rodrigo Paz y los gobernadores de los nueve departamentos sellaron hoy el acuerdo 001/2026 de la Agenda 50/50, que marca una nueva etapa en el proceso de las autonomías. La firma se dio en la ciudad de Sucre, a pocas horas de celebrar los actos oficiales por el 201 aniversario de la firma del acta de independencia de Bolivia.
“Más allá de los posicionamientos políticos, hoy se firmó un acuerdo por la patria, se firmó un acuerdo para construir entre las nueve regiones el desarrollo de la patria, con equidad, de forma solidaria, de forma transparente, culminando un periodo del Estado tranca, iniciando un nuevo proceso que sea de interés de cada departamento, pero sumando el esfuerzo de los restantes departamentos”, afirmó Paz en su discurso.
El acuerdo es una hoja de ruta que busca fortalecer el régimen autonómico con la redistribución de ingresos mediante cambios en las competencias para el cobro de impuestos, el manejo de los recursos públicos y las capacidades de gestión de los gobiernos departamentales. También se plantea revisar aspectos centrales del modelo de descentralización vigente desde la Constitución de 2009.
Paz remarcó que el propósito de este acuerdo marco es dotar a las gobernaciones de mayores herramientas para ejercer sus competencias y reducir su dependencia del nivel central.
La propuesta cobra relevancia en un contexto marcado por los resultados del Censo 2024 y el debate sobre la redistribución de recursos, las responsabilidades de cada nivel de gobierno y la necesidad de mejorar la coordinación entre el Estado central y las entidades territoriales.
Los ejes
Descentralización fiscal. Uno de los planteamientos centrales es fortalecer la capacidad de las gobernaciones para generar ingresos propios. Para ello, el acuerdo prevé revisar la actual clasificación de impuestos y evaluar la transferencia de al menos una base imponible que hoy corresponde al nivel central hacia el ámbito departamental.
Además, propone analizar la creación de nuevos tributos departamentales, la aplicación de sobretasas dentro de los límites establecidos por la normativa nacional y la implementación del impuesto por afectación al medio ambiente.
Como primer paso, se establece un plazo de 90 días para elaborar un proyecto de ley que modifique la Ley N.º 154 de Clasificación y Definición de Impuestos.
Mayor autonomía en el uso de los recursos. El acuerdo también plantea ampliar la capacidad de decisión de las gobernaciones sobre sus presupuestos. En ese marco, se revisarán las disposiciones nacionales que obligan a los gobiernos departamentales a destinar recursos a obligaciones definidas por el nivel central o a instituciones que ya no se encuentran en funcionamiento.
La propuesta mantiene el control del Gobierno nacional sobre la sostenibilidad fiscal y el equilibrio macroeconómico, pero busca que sean las gobernaciones las que definan la asignación interna de sus recursos. Se plantea reemplazar varios trámites de autorización previa por un sistema de reporte único.
Redistribución de recursos y revisión de competencias. Otro de los componentes del acuerdo es la conformación de una mesa técnica que elaborará un proyecto de Ley Especial de Coparticipación y Distribución de Recursos Fiscales. La propuesta deberá presentarse durante la presente gestión legislativa con el objetivo de que pueda aplicarse a partir de la gestión fiscal 2027.
Entre los criterios que serán analizados se encuentra la posibilidad de incorporar indicadores de eficiencia y desempeño económico en la distribución de recursos.
En paralelo, se revisará la normativa que regula las competencias departamentales, incluida la Ley Marco de Autonomías y Descentralización, para identificar ajustes que permitan fortalecer el ejercicio de las atribuciones reconocidas por la Constitución.
Se evaluará la transferencia gradual de algunas instituciones públicas a la administración departamental y la creación de mecanismos de compensación financiera.
Herramientas para impulsar el desarrollo. La Agenda 50/50 incorpora además medidas orientadas a ampliar las capacidades de gestión de las gobernaciones. Entre ellas figura la elaboración de una propuesta normativa para facilitar alianzas público-privadas entre los gobiernos departamentales y el sector privado. También se prevé modificar la Ley N.º 699 para ampliar las facultades de las gobernaciones en materia de relacionamiento internacional y acceso a financiamiento externo.
Finalmente, el acuerdo contempla establecer un cronograma de trabajo para analizar mecanismos de reprogramación o diferimiento de deudas de las entidades territoriales.
Paz anunció que este proceso continuará con reuniones similares junto a los gobiernos municipales, las autonomías indígenas originarias y campesinas y el Gobierno Regional del Chaco.
Una vez concluidas esas mesas de trabajo, los acuerdos serán presentados ante el Consejo de coordinación técnica de la Agenda 50/50, instancia que tendrá la tarea de consolidar un acuerdo nacional sobre el fortalecimiento del régimen autonómico.