Por Mauricio Taboada, diputado nacional.
Hay momentos en los que guardar silencio también significa ser cómplice de una mala práctica.
Bolivia arrastra una de las peores herencias institucionales que dejaron casi dos décadas de gobiernos del MAS y de Evo Morales: la utilización del interinato como mecanismo para colocar autoridades a dedo y mantener el control político de instituciones que deberían estar dirigidas por profesionales seleccionados por capacidad, experiencia y mérito.
Cambió el Gobierno. Ahora deben cambiar también las prácticas.No podemos condenar lo que hizo el MAS durante años y después repetirlo con otros nombres. El dedazo sigue siendo dedazo, venga de donde venga, y el interinato que deja de ser excepcional para convertirse en permanente termina debilitando la institucionalidad, la fiscalización y la independencia de quien ejerce el cargo.
Bolivia debe resolver la situación de al menos quince institucionesestratégicas: Fiscalía General del Estado. COMIBOL. INRA.Empresa Siderúrgica del Mutún. Dirección General de Aeronáutica Civil. ENDE. AAPS. Empresa Boliviana de Industrialización de Hidrocarburos. Administradora Boliviana de Carreteras. Servicio de Impuestos Nacionales. YPFB. ASFI. Contraloría General del Estado. Banco Central de Bolivia. Aduana Nacional.
Los procedimientos jurídicos no son idénticos para todos estos cargos. En algunos corresponde elección legislativa; en otros, la Cámara de Diputados interviene mediante ternas; y existen procedimientos establecidos por leyes específicas. Pero el principio debe ser uno solo: cumplamos la Constitución, cumplamos la ley e institucionalicemos el Estado.
Quiero poner un ejemplo concreto porque demuestra perfectamente el problema. Actualmente, la Administradora Boliviana de Carreteras está presidida interinamente por Ernesto Alberto Farfán Torrez.
La propia información oficial del Gobierno señala que Farfán es economista, graduado de la Universidad Católica Boliviana. Y dejo en claro, no cuestiono aquí su honorabilidad personal, tampoco afirmo que un economista no pueda desempeñar funciones importantes dentro del Estado.
La pregunta es otra y es mucho más profunda:
¿Es ese el perfil técnico que Bolivia necesita para dirigir la máxima institución responsable de nuestras carreteras?, ¿Por otro lado en su currículo figura alguna experiencia especifica en construcción o refacción de carreteras?
La ABC no es un banco, no es una agencia automotriz. Es la institución responsable de administrar la Red Vial Fundamental del país.
Debajo de su máxima autoridad trabajan ingenieros civiles, especialistas en carreteras, ingenieros de puentes, geotécnicos, especialistas en pavimentos, fiscales de obra, supervisores y profesionales que deben analizar diseños, modificaciones contractuales, órdenes de cambio, fallas constructivas, recepción de obras, mantenimiento, conservación y emergencias viales.
Entonces surgen una preguntas elementales:
¿Cómo puede la máxima autoridad ejercer un verdadero control técnico sobre sus subordinados si no posee formación especializada en aquello que debe controlar?
¿Cómo puede reunirse y discutir con representantes de empresas constructoras, si no tiene un expertiz en la materia?
¿Cómo puede cuestionar técnicamente el criterio de un ingeniero especializado?
¿Cómo determina si una explicación sobre una falla estructural es correcta?
¿Cómo evalúa si un pavimento falló por diseño, construcción, materiales o falta de mantenimiento?
¿Cómo distingue una deficiencia estructural de una superficial?
¿Cómo cuestiona técnicamente una modificación contractual de una carretera?
¿Cómo determina si el argumento que le presenta un subordinado es correcto o simplemente conveniente?
Una autoridad puede apoyarse, naturalmente, en equipos técnicos. Así funciona cualquier organización moderna. Pero existe una diferencia enorme entre recibir asesoramiento técnico y depender completamente del asesoramiento técnico para comprender las decisiones fundamentales de la institución que uno dirige.
Cuando el máximo ejecutivo carece de especialización sectorial suficiente, aparece un riesgo institucional evidente: la autoridad puede terminar dependiendo de los mismos funcionarios que debería supervisar. Y entonces debemos preguntarnos: ¿quién controla realmente a quién?
Ese debate no es personal contra Ernesto Farfán. Es exactamente, al contrario. Es un debate sobre qué requisitos debe imponer Bolivia para ocupar la Presidencia de la ABC, independientemente de quién sea el candidato.
Lo mismo debemos preguntarnos respecto de YPFB. ¿Quién dirige la principal empresa petrolera del país conoce realmente la industria de hidrocarburos? En COMIBOL: ¿conoce minería? En ENDE: ¿entiende el sector eléctrico? En DGAC: ¿posee experiencia suficiente en aeronáutica? En ASFI: ¿conoce profundamente regulación bancaria y financiera? En el Banco Central: ¿posee la formación monetaria y macroeconómica necesaria? En Aduana: ¿conoce comercio exterior y administración aduanera? En Impuestos: ¿conoce tributación? En el INRA: ¿entiende derecho agrario, saneamiento y problemática de tierras?
En cada institución debemos hacer exactamente las mismas preguntas. Porque Bolivia no necesita autoridades que aprendan el cargo mientras lo ejercen. Necesitamos autoridades que lleguen preparadas para ejercerlo.
Existe además una cuestión mucho más delicada. Los cargos a dedo generan condiciones que pueden aumentar el riesgo de corrupción.No significa que toda autoridad interina sea corrupta. Sería irresponsable afirmarlo.
El problema es institucional. Una autoridad que sabe que su permanencia depende principalmente de quien la nombró puede tener menos independencia para decir “no”.
Una autoridad que carece de estabilidad institucional puede quedar expuesta a presiones políticas.
Una autoridad seleccionada sin competencia pública, sin evaluación transparente de antecedentes y sin escrutinio suficiente reduce los controles que precisamente deberían proteger al Estado.Y cuando se juntan discrecionalidad, grandes presupuestos, contrataciones públicas y controles débiles, se crea un terreno especialmente peligroso para la corrupción.
Por eso la institucionalización no es burocracia. La institucionalización es también una herramienta anticorrupción.
El Estado no puede ser una agencia de empleos políticos o de amigos. Durante demasiado tiempo Bolivia aceptó que después de una elección comenzara el reparto. Este cargo para uno. Esta empresa para otro. Esta institución para aquel grupo. Esta presidencia para alguien de confianza.
Eso tiene que terminar.
El Estado boliviano no es una agencia de empleos para los amigos del poder, los cargos públicos tampoco son premios por servicios políticos o reconocimientos por atar huatos. Mucho menos cuando hablamos de instituciones que administran cientos o miles de millones de bolivianos.
Cada boliviano tiene derecho a preguntarse: ¿Quién nombró a esta autoridad? ¿Por qué la nombró? ¿Qué profesión tiene? ¿Qué experiencia posee? ¿Cumple los requisitos? ¿Quién revisó sus antecedentes? ¿Quién compitió contra ella? ¿Quién fiscaliza su trabajo? ¿Y por qué sigue siendo interina?
La Asamblea no puede mirar a otro lado y aquí también tenemos que asumir nuestra responsabilidad como parlamentarios, pues no podemos limitarnos a señalar al Ejecutivo.
Cuando la Constitución y las leyes asignan responsabilidades a la Asamblea Legislativa o a la Cámara de Diputados para participar en determinadas designaciones, tenemos la obligación de actuar.
Si existe que convocar, convoquemos. Si corresponde evaluar méritos, evaluemos. Si corresponde conformar ternas, conformemos las ternas. Si corresponde elegir, elijamos. Pero hagámoslo públicamente y sin negociaciones debajo de la mesa, sin repartijas, sin padrinazgos, sin cuotas, ni cuates.
Propongo que la Asamblea Legislativa y el Órgano Ejecutivo establezcan inmediatamente un Plan Nacional de Institucionalización de Altas Autoridades del Estado. En un plazo inicial de 90 días, debemos activar todos los procedimientos constitucionales y legales pendientes.
Cada institución deberá tener públicamente: convocatoria, requisitos profesionales, experiencia mínima, evaluación de méritos, publicación de hojas de vida, declaración de incompatibilidades, entrevistas públicas y cronograma de designación.
Cuando corresponda constitucionalmente una terna, deberá conformarse mediante procedimientos transparentes. Cuando corresponda otra modalidad de designación, deberá cumplirse exactamente la ley específica. Y cuando la especialidad de la institución lo requiera, debemos establecer requisitos técnicos coherentes con la responsabilidad que se ejercerá.
No podemos poner a cualquiera en cualquier lugar.
Bolivia tiene excelentes profesionales, con décadas de experiencia dentro y fuera del país. ¿Por qué no permitirles competir? ¿Por qué una llamada política debería valer más que veinte años de experiencia? ¿Por qué la amistad con el poder debería valer más que una especialización?
No quiero cambiar los cargos a dedo del MAS por nuevos cargos a dedo. Quiero terminar con el sistema del dedazo. Eso le debemos a todos los bolivianos que esperan un país mejor, un país donde se pueda respetar a las instituciones.
El cambio que Bolivia necesita no consiste en sustituir un nombre por otro, no consiste en sacar al interino de un gobierno para colocar al interino del siguiente. Eso no es transformación institucional, eso es simplemente cambiar de beneficiarios.
La verdadera transformación será cuando una autoridad pueda decir: “Estoy aquí porque competí, porque demostré capacidad, porque cumplí los requisitos y porque fui seleccionado mediante el procedimiento que establece la Constitución y la ley”. Ese día comenzaremos a recuperar el Estado.
Durante años criticamos la herencia del MAS y de Evo Morales por haber debilitado la institucionalidad y normalizado designaciones políticas. Ahora tenemos la oportunidad de demostrar que somos diferentes. Pero ser diferentes no se proclama, se demuestra.
Terminemos con los interinatos. Terminemos con el dedazo.Cerremos espacios a la corrupción. Y abramos las instituciones a los mejores profesionales de Bolivia. Y hagamos algo tan revolucionario como elemental: cumplamos la Constitución y cumplamos la ley.