El día en que la autoridad se quebró en El Alto
Por Carlos Jahnsen Gutiérrez
“La acción política sin pensamiento previo se convierte en mera administración del caos.”
— Hannah Arendt
Esta advertencia no es teoría abstracta. Describe con precisión lo que ocurre cuando un gobierno actúa sin diseñar procesos, decide sin construir legitimidad y confunde urgencia con conducción. Lo sucedido en Bolivia con el DS 5503 es una demostración empírica de ese caos administrado.
Cuando la palabra del Estado se rompe
Lo ocurrido en El Alto no fue solo una negociación social difícil. Fue la exhibición pública de los escombros de la autoridad del Estado y de la quiebra de la palabra presidencial, luego de que se afirmara que el decreto no sería modificado. En política, la palabra no es retórica: es poder. Cuando se rompe frente a cámaras y multitudes, la autoridad no se erosiona: se derrumba. Desde ese momento, el Estado deja de proyectar credibilidad, certeza y comienza a transmitir debilidad, vulnerabilidad.
La pérdida de la iniciativa: cuando la calle impone agenda
Lo más grave fue la pérdida de la iniciativa política. La Central Obrera Boliviana no solo presionó: impuso agenda. Seis ministros quedaron contra las cuerdas y el Ejecutivo aceptó reescribir, en tiempo real, una norma estructural. El mensaje fue inequívoco: quien bloquea gobierna; quien gobierna, cede. Ese precedente no se corrige con un nuevo decreto: tiende a institucionalizarse, redefiniendo dónde reside el poder real de decisión.
Incertidumbre como política pública
El daño económico no proviene del ajuste en sí, sino de algo más corrosivo: la incertidumbre regulatoria convertida en método. Fue como decirle a los ciudadanos y a los mercados: “disculpen, el DS 5503 fue solo un ejercicio; ahora trabajaremos en serio”. En pocos días, Bolivia mostró que una norma estructural puede nacer, colapsar y reescribirse bajo presión y chantaje. Para cualquier inversor, el mensaje fue claro: las reglas no son reglas, son borradores condicionados al próximo conflicto político – social. La economía puede absorber ajustes; lo que no absorbe ni ahora ni en el futuro es la imprevisibilidad política normalizada y doblegada por el matonaje político-sindical.
Cuando la calle sustituye al Estado
Socialmente, el error fue aún más profundo. Al no diseñar procesos previos de compensación, gradualidad y diálogo estructurado, el Gobierno permitió que los movimientos que dominaron las calles durante el ciclo del MAS se reapropiaran del espacio público. La población observa cómo la COB impone su pulso al Gobierno y surge una pregunta inevitable: ¿cómo confiar en medidas duras para salir de la crisis si el Estado retrocede ante una fuerza político-sindical desmedida? ¿Dónde está el Estado? Hoy, el eje de poder aparece peligrosamente inclinado fuera del Gobierno.
Cuando el Estado gestiona sin actuar sobre procesos anticipados, guiados por pensamiento político y visión estratégica, no solo produce conflicto: restablece viejas lógicas de dominación. La calle vuelve a decidir la política pública por coerción, no por deliberación democrática. El costo lo pagan miles de empresas y millones de ciudadanos, mientras el ciudadano común queda reducido a espectador de una disputa que define su futuro sin representarlo.
Gobernar consecuencias es renunciar a gobernar
Aquí se materializa la advertencia de Arendt. El Gobierno no gobernó procesos: administró consecuencias. Apagó incendios que él mismo encendió por falta de previsión y visión. Negoció desde la debilidad lo que debió haber construido desde la anticipación. Gobernar consecuencias es llegar siempre tarde, abrir la puerta al abuso corporativo y convertir la gestión pública en una sucesión de parches, sin horizonte ni autoridad.
Una oportunidad apenas teórica —y el alto riesgo de perderla
La abrogación del DS 5503 abre, en teoría, una oportunidad para corregir, profundizar el núcleo económico, completar lo que le faltaba para ser un programa integral y reconstruir legitimidad. Pero presentar que el núcleo económico del DS 5503 se mantiene como victoria, es una victoria pírrica. Esa oportunidad solo existe si el Gobierno comienza y aprende a gobernar desde los procesos. La crisis es demasiado grave para que el Gobierno aprenda a gestionar sobre la marcha. El costo político ya es visible: autoridad dañada, gobernabilidad frágil y poder fragmentado. Las concesiones no cerraron la crisis: la desplazaron, cambiando un problema económico por una crisis de autoridad que será difícil recuperar.
¿Gana Bolivia con la abrogación? No necesariamente. Lo que quedó en evidencia es el triunfo del veto político-sindical y el secuestro de la agenda pública —y de la sociedad— mediante el terror político de la COB. Un país no colapsa solo por desequilibrios fiscales o inflación elevada; colapsa cuando pierde, a la vez, autoridad, previsibilidad y rumbo. La abrogación pudo descomprimir transitoriamente la calle, pero no resolvió la crisis: la desplazó. Bolivia aún puede evitar un desenlace mayor si usa esta pausa para reconstruir conducción, reglas claras y un horizonte creíble. Pero la ventana política se estrecha y la tolerancia social se agota. Gobernar apagando incendios ya no es una opción. Persistir en la improvisación no es un error técnico: es una decisión política clara.