Análisis crítico e integral del programa económico del Gobierno de Rodrigo Paz – Decreto Supremo 5503

Por Carlos Jahnsen Gutiérrez, doctor en economía

Análisis

“El DS 5503 gana tiempo, pero no redefine el rumbo. Administra la crisis, pero no la resuelve. Y en contextos de colapso estructural, ganar tiempo sin cambiar el sistema no es una virtud: es una apuesta riesgosa”, escribe el economista Carlos Jahnsen, luego de analizar el decreto supremo aprobado y comunicado por el presidente Rodrigo Paz el pasado miércoles, 17 de diciembre. Jahnsen remata: “Si el Gobierno no asume el costo político de cerrar el triángulo macroeconómico —tipo de cambio, política fiscal y política de ingresos—, el ajuste llegará igual, pero por la peor vía. Y entonces, el decreto no será recordado como el inicio de la solución, sino como el momento en que el país volvió a quedarse a mitad de camino frente a la magnitud de su crisis.

Introducción general

El Decreto Supremo 5503 representa el primer intento serio de estabilización tras una de las crisis más profundas de la historia económica boliviana. El documento parte de un diagnóstico crudo y acertado: déficit fiscal explosivo, reservas internacionales prácticamente agotadas, subsidios energéticos inviables, contrabando estructural, colapso logístico del abastecimiento y deterioro institucional. Pocos gobiernos han reconocido con tal claridad la magnitud del deterioro macroeconómico. Esta honestidad diagnóstica constituye una fortaleza imprescindible para cualquier estrategia de recuperación.

El DS 5503 plantea cinco grandes objetivos —estabilizar la macroeconomía, recuperar liquidez, restablecer el suministro de combustibles, atraer inversiones y modernizar la economía—. Sin embargo, aunque el conjunto de medidas es amplio y en varios casos bien orientado, no constituye aún un programa integral. Se trata de un paquete de acciones relevantes que carecen de una arquitectura macroeconómica unificadora e integral capaz de convertirlas en una estrategia coherente de estabilización y crecimiento.

I. Fortalezas Del Programa

El DS 5503 presenta un conjunto de fortalezas que deben ser reconocidas con claridad analítica. En un contexto de crisis profunda, no todo decreto acierta en el diagnóstico ni se anima a romper inercias. Este sí lo hace.

1. Reconocimiento explícito de la emergencia macroeconómica real

La principal fortaleza del DS 5503 es que parte de un diagnóstico honesto y sin eufemismos. El decreto reconoce una combinación crítica de desequilibrios: déficit fiscal explosivo, reservas internacionales prácticamente agotadas, subsidios energéticos fiscalmente inviables, contrabando masivo de bienes y combustibles, colapso del abastecimiento interno, sobrecostos logísticos generalizados y deterioro institucional asociado a corrupción estructural.

Este reconocimiento no es menor. Un programa serio de estabilización no puede construirse sobre diagnósticos complacientes, y el DS 5503 rompe con esa tradición. En ese sentido, establece una base política y técnica indispensable para cualquier estrategia de recuperación.

2. Medidas acertadas para estabilizar el mercado de combustibles

El decreto acierta en identificar el problema central: el esquema histórico de precios altamente subsidiados de los hidrocarburos es fiscalmente inviable, distorsiona incentivos productivos, alimenta el contrabando y genera desabastecimiento recurrente. En ese sentido, el paso hacia precios más cercanos al “costo de mercado”, reglas de transición explícitas, racionalización del GNV y apertura a la importación privada es correcto y necesario.

Desde el punto de vista de política económica, no había alternativa viable: sin corrección de precios energéticos no hay producción, logística ni control de expectativas inflacionarias. En fase de emergencia, estas medidas son coherentes y atacan un cuello de botella real.

Conclusión parcial: Como respuesta inicial a la crisis de abastecimiento, la orientación es correcta: sin estabilidad energética no existe producción, logística ni control de la inflación. El problema no es la corrección, sino el anclaje (ver las debilidades, páginas 13-14).

El abastecimiento de combustibles es una condición necesaria para estabilizar expectativas y evitar disrupciones mayores en la economía real. Aunque insuficientes para el mediano plazo, estas acciones son técnicamente acertadas en la fase de emergencia.

3. Régimen extraordinario de promoción de inversiones

El régimen de inversiones es, probablemente, la pieza más sólida del decreto. La estabilidad jurídica y tributaria por 15 años, los contratos con fuerza normativa, la ventanilla única, el fast track de 30 días y la protección frente a cambios regulatorios acercan a Bolivia a estándares utilizados en países que compiten agresivamente por capital.

En un país con institucionalidad débil, estas señales son clave para recomponer credibilidad y reducir riesgo percibido. El diseño se aproxima a buenas prácticas OCDE y a esquemas típicos de tratados bilaterales de inversión.

4. Régimen de racionalización fiscal. Intención de la medida: correcta en el diagnóstico

Se introduce un régimen de racionalización fiscal: personas o agentes económicos que facturen al año más de 250,000 bolivianos podrán realizar un pago bimensual con solo que represente 5% de sus ingresos. El objetivo es reducir el costo de la formalidad. La medida parte de un diagnóstico acertado: en Bolivia, el costo de la formalidad tributaria es alto, complejo y riesgoso, especialmente para pequeñas y medianas unidades productivas. La combinación de múltiples impuestos, trámites, fiscalización discrecional y sanciones ha empujado a una gran parte del tejido productivo hacia la informalidad.

En ese sentido, simplificar el cumplimiento mediante un pago bimensual único, previsible y proporcional a los ingresos apunta en la dirección correcta. Reducir fricción administrativa, incertidumbre y costos de cumplimiento es una condición necesaria para ampliar la base tributaria.

5. Liberalización exportadora en agroindustria

La eliminación del Certificado de Abastecimiento Interno y de Precio Justo constituye, sin duda, una de las decisiones más acertadas del DS 5503. Corrige un desincentivo regulatorio grave que durante años bloqueó inversión, redujo previsibilidad y subordinó la lógica exportadora a controles administrativos discrecionales. En el ámbito agroindustrial, esta medida desbloquea exportaciones, mejora expectativas y restablece señales básicas de rentabilidad. En ese sentido, es una fortaleza real del decreto que ataca directamente un nudo regulatorio que asfixiaba al sector productivo.

6. Amnistía patrimonial y repatriación de capitales

En un contexto de escasez aguda de divisas, la amnistía patrimonial con incentivo de 0 % de impuesto si el capital permanece o se invierte productivamente es una herramienta válida y pragmática. No resuelve el problema estructural, pero puede aliviar tensiones inmediatas de liquidez externa.

7. Medidas de alivio financiero

El diferimiento de créditos para vivienda social y para micro y pequeñas empresas contribuye a evitar una contracción abrupta del consumo y del empleo. En fase de ajuste, amortiguar el golpe financiero es una decisión económicamente racional y socialmente responsable.

En conjunto, estas fortalezas muestran que el DS 5503 no es un decreto improvisado, sino un esfuerzo serio por contener una crisis real. Su problema no es la dirección inicial, sino la falta de una arquitectura macroeconómica integral que articule estas decisiones en una estrategia de estabilización y crecimiento sostenido.

II. Debilidades Del Programa

El DS 5503 representa un giro necesario frente al colapso económico, pero su diseño estructural es incompleto. Las medidas avanzan en direcciones correctas, aunque no están coordinadas entre sí, lo que limita severamente su eficacia sistémica.

1. Falta de una estrategia macroeconómica integral

El DS 5503 reúne instrumentos valiosos y, en algunos casos, bien diseñados, pero no define el marco estratégico que debería ordenarlos y darles sentido económico. No existe un ancla fiscal creíble, ni un régimen cambiario explícito orientado a recuperar competitividad externa; no se articula una política de ingresos coordinada que alinee salarios, productividad e inflación; y tampoco se formula una estrategia industrial y exportadora clara, capaz de transformar la estabilización coyuntural en crecimiento sostenido. En estas condiciones, el decreto funciona como una suma de medidas útiles, pero no como un programa macroeconómico integral.

La ausencia de un tipo de cambio real competitivo y deliberadamente subvaluado es particularmente grave en una economía con restricción externa estructural. Sin esa señal central, la inversión productiva se posterga, las exportaciones no despegan y la generación de divisas sigue siendo insuficiente. Al mismo tiempo, sin una institucionalidad estatal fortalecida que coordine política fiscal, cambiaria y productiva, las medidas pierden eficacia y credibilidad.

Como resultado, la visión económica de un cambio profundo queda trunca. El decreto administra la emergencia, pero no construye un nuevo régimen de crecimiento. La economía boliviana no necesita más acciones aisladas, sino coherencia macroeconómica consciente: un marco integral que coordine expectativas reduzca incertidumbre y establezca un horizonte claro de rentabilidad para la inversión, la producción y las exportaciones. Sin ese salto estratégico, el rumbo hacia una economía productiva y sostenible queda inconcluso.

2. El problema cambiario sigue intacto

El DS 5503 evita el núcleo del problema macroeconómico: el tipo de cambio. No define si Bolivia transitará hacia una flotación administrada, un esquema de bandas, una corrección gradual del tipo de cambio real o la continuidad del régimen vigente. En una economía con escasez crónica de divisas y restricción externa estructural, esta indefinición no es neutral: la ausencia de un ancla cambiaria equivale, en los hechos, a la ausencia de programa económico.

Sin un régimen cambiario claro y creíble, no existe horizonte para la inversión productiva. Un tipo de cambio real competitivo y deliberadamente subvaluado es una condición indispensable para reactivar exportaciones, sustituir importaciones ineficientes y generar rentabilidad en los sectores transables. Sin esa señal, el capital productivo se posterga, la economía se refugia en actividades no transables y la fuga de divisas persiste.

El tipo de cambio es el principal determinante de competitividad en economías abiertas. Un país con déficit externo pierde ingreso salvo que una corrección cambiaria reequilibre los saldos sectoriales. Al eludir esta definición, el DS 5503 deja intacta la principal distorsión de la economía boliviana y compromete la viabilidad de cualquier estrategia de inversión, exportación y política salarial. Por ello, la omisión cambiaria es, técnicamente, la debilidad más peligrosa del decreto

3. Marco fiscal incompleto y contradictorio

El DS 5503 reconoce correctamente la magnitud del desequilibrio fiscal, pero no construye una política fiscal capaz de ordenar la transición económica. Por el contrario, combina señales contradictorias: mientras admite la insostenibilidad del modelo vigente, incorpora simultáneamente mayor gasto social, subsidios de transición y diferimientos financieros que erosionan ingresos públicos y postergan decisiones estructurales. Estas medidas, en sí mismas, no son un error. En una crisis profunda, mantener subsidios de transición y ampliar el gasto social responde a una necesidad legítima: preservar un equilibrio social justo y políticamente indispensable, evitando un colapso abrupto del ingreso y de la cohesión social.

El problema no es el nivel del gasto, sino la ausencia de una visión fiscal estratégica. El decreto no establece una regla fiscal, no define un sendero plurianual de consolidación ni fija objetivos verificables sobre cómo, cuándo y mediante qué instrumentos el Estado recuperará su capacidad estabilizadora. Tampoco existe una priorización clara del gasto productivo, orientada a inversión, exportaciones, logística o transformación estructural. En este marco, la política fiscal queda atrapada en una lógica reactiva, diseñada para administrar la emergencia, pero incapaz de guiar un cambio de rumbo económico.

En este contexto se inserta el congelamiento de salarios del sector público para todo el año 2026, presentado como una política de austeridad orientada a reducir el gasto corriente. Desde una perspectiva estrictamente fiscal, su impacto real es limitado. La masa salarial del gobierno central representa solo una fracción del gasto total; evitar un incremento nominal anual típico (del orden de 3–5 %) generaría un ahorro aproximado de 0,2 a 0,4 % del PIB, y probablemente menor en términos netos considerando incrementos vegetativos, contrataciones críticas y presiones sectoriales inevitables. En un contexto de déficit estructural elevado, este ahorro es marginal y contable, no macroeconómicamente decisivo.

Más aún, el congelamiento salarial es una medida aislada, no integrada a una política de ingresos ni a una estrategia fiscal de mediano plazo. No redefine la composición del gasto, no mejora la eficiencia del Estado, no libera recursos para inversión productiva ni contribuye a resolver la restricción externa. Desde una perspectiva keynesiana, además, tiene un efecto contractivo sobre la demanda interna y puede erosionar parte del ahorro buscado vía menor recaudación.

Desde la mecánica de Stützel, el ajuste salarial no resuelve la cuestión central: quién absorbe el déficit necesario para sostener el ingreso cuando el sector externo es deficitario y el sector privado ahorra. El congelamiento no define ese rol; simplemente reduce ingresos reales de un segmento, sin cerrar los saldos macroeconómicos.

En síntesis, el congelamiento salarial de 2026 no constituye una política fiscal estratégica, sino un paliativo de corto plazo. Refuerza el carácter reactivo del enfoque fiscal del DS 5503 y evidencia la falta de una brújula clara para transformar la política fiscal en un instrumento consciente de estabilización y cambio estructural. Contiene la crisis hoy, pero no construye sostenibilidad ni credibilidad para mañana. Esta debilidad es crítica. Sin una política fiscal con objetivos claros de mediano plazo, el Estado pierde credibilidad, el financiamiento se encarece y el ajuste se vuelve errático. En lugar de convertirse en el pilar del tránsito hacia una economía productiva, la política fiscal del decreto se transforma en un riesgo para la sostenibilidad del cambio real de rumbo. Contiene la crisis hoy, pero no garantiza estabilidad ni desarrollo mañana.

4. Medida de racionalización fiscal (5 % sobre ingresos) es parcialmente efectiva

1. ¿Es efectiva para formalizar? Parcialmente

La medida puede incentivar la formalización marginal, especialmente de agentes que hoy operan en una “zona gris” entre formalidad e informalidad. Sin embargo, su efectividad es limitada por tres razones estructurales:

• No discrimina rentabilidad: un impuesto del 5 % sobre ingresos puede ser razonable para actividades de alto margen, pero asfixiante para sectores de baja rentabilidad (comercio, transporte, servicios personales). En esos casos, el incentivo a formalizar sigue siendo débil.
• No aborda el riesgo regulatorio: la informalidad no responde solo a impuestos, sino al miedo a fiscalización discrecional, multas retroactivas y arbitrariedad administrativa. La medida no corrige ese problema.
• No se integra a una estrategia productiva: formalizar sin acceso a crédito, mercados, compras públicas o exportaciones convierte la formalidad en un costo, no en una oportunidad.

Resultado: puede atraer algunos contribuyentes, pero no cambia estructuralmente el equilibrio informal-formal.

3. Efecto fiscal: bajo impacto neto y riesgo de erosión

Desde el punto de vista fiscal, el impacto es modesto y ambiguo:

• En el corto plazo, el ingreso adicional depende de cuántos informales se incorporen. Esa elasticidad es incierta.
• Existe riesgo de sustitución: contribuyentes que hoy pagan más (IVA, IT, IUE) pueden migrar al régimen simplificado, reduciendo la recaudación neta.
• El 5 % sobre ingresos no está anclado a una meta fiscal, ni forma parte de una regla de consolidación. Es una medida aislada, no una herramienta de estabilización.

En consecuencia, no resuelve el déficit fiscal, ni constituye una reforma tributaria estructural. Es, en el mejor de los casos, un paliativo administrativo.

4. ¿Es adecuado el umbral de 250.000 bolivianos anuales?

No es un umbral técnicamente sólido ni bien calibrado. Parece más un umbral arbitrario, débilmente justificado y con riesgos fiscales y productivos relevantes.

4.1. Problema de diseño: facturación no es igual a capacidad contributiva

El primer error conceptual es usar facturación bruta como criterio principal.

• 250.000 Bs/año equivale a ≈ 20.800 Bs mensuales.
• En muchos sectores (comercio minorista, transporte, intermediación, servicios personales), los márgenes netos reales oscilan entre 5 % y 15 %.

En esos casos, un impuesto del 5 % sobre ingresos puede absorber entre 30 % y 100 % de la utilidad neta, lo cual desincentiva formalización en lugar de promoverla.

Esto significa que el umbral no distingue entre actividades de alto y bajo margen, generando una carga regresiva desde el punto de vista productivo.

4.2. Riesgo de segmentación y “enanismo fiscal”

Un segundo problema es que el umbral puede crear un incentivo perverso a subdeclarar o fragmentar actividades.

• Muchos agentes económicos tenderán a mantener artificialmente su facturación por debajo de los 250.000 Bs para permanecer en el régimen simplificado.
• Esto fomenta:
  • división artificial de empresas,
  • subfacturación,
  • informalidad parcial persistente.

El efecto sería que, en lugar de ser una rampa hacia la formalidad plena, el umbral puede convertirse en un techo operativo.

La experiencia internacional muestra que umbrales mal calibrados generan “enanismo empresarial”, no crecimiento ni formalización progresiva.

4.3. Comparación internacional: umbral débil

En esquemas comparables (Brasil, México, Colombia):

• Los umbrales se definen:
  • con tramos progresivos,
  • diferenciados por sector,
  • y acompañados de beneficios claros (acceso a crédito, compras públicas, seguridad social).

El umbral boliviano no está sectorializado, no es progresivo y no está vinculado a beneficios productivos concretos.

Así, 250.000 Bs no es ni bajo ni alto en abstracto: es mal definido.

4.4. Impacto fiscal: más riesgo que ganancia

Desde el punto de vista fiscal:

• El umbral es suficientemente alto como para atraer contribuyentes que hoy pagan más, bajo el régimen general.
• Pero demasiado bajo para capturar actividades con verdadera capacidad contributiva.

Resultado probable:

• pérdida de recaudación neta por migración,
• ampliación limitada de la base,
• mayor complejidad de control.

Conclusión

El umbral de 250.000 bolivianos anuales no es un benchmark adecuado. No refleja:

• estructura de costos sectoriales,
• márgenes reales,
• ni una estrategia fiscal-productiva de mediano plazo.

Es una cifra administrativamente cómoda, pero económicamente frágil.

Sin tramos progresivos, diferenciación sectorial y una ruta clara de salida hacia el régimen general, el umbral corre el riesgo de institucionalizar informalidad “legal”, fomentar el “enanismo empresarial”, erosionar la base fiscal y debilitar aún más la sostenibilidad del ajuste. Por lo tanto, no es un instrumento estructural de reforma fiscal. Es, nuevamente, un paliativo sin brújula estratégica.

5. Problema central: política aislada, sin brújula estratégica

El principal límite de la medida no es técnico, sino estratégico. El régimen de racionalización fiscal:

• no está integrado a una política fiscal de mediano plazo,
• no se coordina con política productiva, crediticia ni exportadora,
• no define cómo la ampliación de la base tributaria contribuirá a la sostenibilidad fiscal.

Así, la medida reduce costos de cumplimiento, pero no construye un nuevo contrato fiscal-productivo.

Conclusión

La racionalización fiscal del DS 5503 va en la dirección correcta, pero es insuficiente y aislada. Puede mejorar el cumplimiento marginal y reducir fricción administrativa, pero no garantiza formalización masiva ni fortalecimiento fiscal sostenible.

Sin una estrategia fiscal integral, una reforma tributaria coherente con la estructura productiva y una reforma regulatoria que apoye de forma integral la reducción real del riesgo regulatorio, el régimen del 5 % corre el riesgo de convertirse en otro parche: útil para ganar tiempo, pero incapaz de cambiar el rumbo estructural de la economía boliviana.

6. Negociación colectiva salarial sin anclaje fiscal ni cambiario, el triángulo que hoy no cierra

El DS 5503 introduce disposiciones orientadas a fortalecer la negociación colectiva salarial. Este avance reconoce correctamente que el salario no es una variable residual, sino un componente central del equilibrio económico y social. Asimismo, habilita canales institucionales de diálogo y cierta flexibilidad sectorial, elementos necesarios en una economía heterogénea y socialmente fragmentada.

Sin embargo, para comprender plenamente el alcance —y las limitaciones— de esta apuesta, es indispensable analizar la relación estructural entre negociación colectiva y salario mínimo, ya que ambos conforman, conjuntamente, el núcleo de toda política de ingresos. En los sistemas exitosos, estas dos dimensiones no operan de manera independiente, sino como instrumentos complementarios y coordinados.

En economías como Alemania, por ejemplo, el salario mínimo cumple una función de piso de protección social, mientras que la determinación efectiva de los salarios se realiza mayoritariamente a través de la negociación colectiva sectorial. Esta negociación está implícitamente anclada a la productividad, a la competitividad externa y a un marco macroeconómico estable, lo que permite que los incrementos salariales reales se sostengan sin generar presiones inflacionarias persistentes. El salario mínimo no sustituye a la negociación colectiva ni la empuja al alza de forma mecánica; actúa como un resguardo, no como el motor principal de la dinámica salarial.

En el caso del DS 5503, esta articulación no existe. La negociación colectiva se promueve en abstracto, sin ancla fiscal ni cambiaria, y al mismo tiempo se dispone un incremento del Salario Mínimo Nacional del 20 % de carácter uniforme, obligatorio e inmediato. Esta combinación genera una tensión estructural: el salario mínimo deja de ser un piso de protección y pasa a convertirse en un impulsor nominal general del sistema salarial, condicionando tanto las negociaciones colectivas como la estructura de costos de la economía.

En ausencia de una regla fiscal creíble, de un ancla cambiaria explícita y de una política de ingresos coordinada, esta interacción mal diseñada expone al sistema a tres riesgos inevitables: pérdida de competitividad externa, licuación inflacionaria de los salarios reales o traslado regresivo del ajuste a los hogares. Por ello, ni la negociación colectiva ni el salario mínimo pueden analizarse de forma aislada. Ambos deben integrarse en una arquitectura macroeconómica coherente, hoy ausente en el diseño del programa.

Conexión con la política fiscal y cambiaria: el cierre (incompleto) del triángulo macroeconómico

La debilidad central del enfoque adoptado en materia de salarios no reside únicamente en el diseño de la negociación colectiva o en la magnitud del incremento del Salario Mínimo Nacional, sino en su desarticulación con la política fiscal y cambiaria. En una economía abierta y estructuralmente restringida, los salarios no pueden cumplir simultáneamente funciones distributivas, estabilizadoras y de competitividad si no están integrados a una arquitectura macroeconómica coherente.

Desde el ángulo cambiario, una estrategia de subvaluación real competitiva requiere que los costos internos —y en particular el costo laboral— evolucionen de forma consistente con la productividad y con el objetivo de recomponer el sector transable. Sin embargo, al introducir un aumento nominal significativo del salario mínimo sin un ancla cambiaria explícita, el programa corre el riesgo de neutralizar rápidamente los efectos de cualquier corrección cambiaria, trasladando el ajuste nuevamente a precios internos y erosionando la competitividad externa.

Desde el ángulo fiscal, la incoherencia es igualmente relevante. En presencia de un sector externo deficitario y de un sector privado con propensión al ahorro, la estabilidad del ingreso agregado exige que el Estado asuma un rol explícito como amortiguador macroeconómico. Esto requiere una regla fiscal creíble, que defina cómo, cuándo y en qué magnitud el sector público absorberá el desequilibrio. En ausencia de dicha regla, los incrementos salariales —aunque sean políticamente necesarios— no encuentran respaldo fiscal sostenible y terminan presionando indirectamente el gasto público, los subsidios y los precios regulados.

Así, el problema no es el salario en sí, sino su aislamiento analítico. La política de ingresos no está conectada ni al régimen cambiario ni al sendero fiscal, lo que impide cerrar los saldos macroeconómicos de manera consistente. El resultado es un programa en el que cada instrumento actúa de forma parcial y defensiva, trasladando el ajuste entre precios, salarios y hogares, en lugar de distribuirlo de manera explícita y ordenada.

En consecuencia, sin una articulación clara entre política de ingresos, política fiscal y política cambiaria, el triángulo macroeconómico permanece abierto. Y mientras ese triángulo no cierre, la estabilidad de precios, la sostenibilidad del ingreso real y la competitividad externa seguirán en tensión permanente, independientemente de la calidad aislada de cada medida.

7. La liberalización exportadora en agroindustria: fortaleza puntual, estrategia incompleta

La eliminación del Certificado de Abastecimiento Interno y de Precio Justo constituye, sin duda, una de las decisiones económicamente más correctas del DS 5503. Restablece un principio básico —la libertad de exportación— y elimina una distorsión que desincentivaba producción, inversión y generación de divisas. Sin embargo, el mérito de esta medida es táctico, no estratégico. El problema no es lo que hace, sino todo lo que no hace alrededor de ella.

El DS 5503 reduce la política exportadora prácticamente a la agroindustria y, aun allí, la concibe como un ejercicio de desregulación aislada. No existe una visión sistémica que articule exportaciones con tipo de cambio real competitivo, política de inversiones, infraestructura logística, financiamiento productivo, energía, tecnología y acceso a mercados. Se elimina un obstáculo regulatorio, pero no se construye un entorno que convierta esa liberalización en una trayectoria sostenida de crecimiento exportador.

Más aún, incluso dentro del sector agroindustrial, la liberalización no está acompañada de instrumentos esenciales: no hay una estrategia explícita de diversificación de mercados, de agregación de valor, de encadenamientos productivos ni de mejora logística. La medida despeja el punto de partida, pero no define el destino.

Fuera del agro, la omisión es aún más grave. El decreto no formula una política exportadora para minería con mayor valor agregado, no desarrolla una estrategia clara para la industrialización del litio, no articula incentivos para manufacturas orientadas a la exportación ni aprovecha oportunidades de nearshoring o integración en cadenas regionales de valor. Tampoco existe una institucionalidad especializada y empoderada para la promoción estratégica de exportaciones no tradicionales.

Desde una perspectiva macroeconómica, esta ausencia es crítica. Sin una estrategia integral de exportaciones basada en inversión y en un tipo de cambio real subvaluado y creíble, no hay generación sostenible de divisas. Y sin divisas, no hay estabilidad cambiaria, no hay crecimiento sostenido y no hay viabilidad fiscal. En economías con restricción externa estructural, las exportaciones no son un sector más: son el ancla del programa macroeconómico.

En síntesis, el DS 5503 corrige un error grave en agroindustria, pero no formula una estrategia nacional de inserción externa. La fortaleza es real, pero parcial. Y en el contexto actual, la ausencia de una visión exportadora integral no es un detalle de diseño: es una debilidad estratégica central que compromete la sostenibilidad de todo el programa

8. Inversión estratégica: buena señal, alto riesgo de ejecución

El régimen extraordinario de promoción de inversiones incorporado en el DS 5503 constituye, en el plano normativo, una de las señales más potentes del decreto. El fast track administrativo, la estabilidad jurídica y tributaria por 15 años, los contratos de inversión con fuerza normativa y la protección frente a cambios regulatorios adversos responden a estándares utilizados por países que compiten activamente por capital en contextos de alta incertidumbre. En términos de diseño, el esquema reconoce correctamente que la inversión no responde a discursos, sino a reglas claras, previsibles y creíbles.

Sin embargo, la principal debilidad no reside en el instrumento, sino en su capacidad real de ejecución. Bolivia arrastra una fragilidad institucional profunda: un Estado con limitada capacidad técnica, una burocracia poco profesionalizada y un sistema judicial percibido como lento, politizado, poco confiable y corrupto. En este contexto, la promesa de estabilidad normativa puede verse rápidamente erosionada por conflictos administrativos, discrecionalidad regulatoria o inseguridad jurídica ex post.

La ausencia de una agencia autónoma de inversiones constituye una de las debilidades institucionales más críticas del DS 5503. Sin una entidad con mandato claro, competencias exclusivas, personal altamente especializado y autonomía operativa, la promesa de estabilidad y fast track queda expuesta a la fragmentación burocrática, a la discrecionalidad administrativa y a conflictos interinstitucionales. En economías con institucionalidad frágil, la credibilidad de un régimen de inversión no depende solo de la norma, sino de la existencia de un actor estatal fuerte y confiable que la haga cumplir de manera consistente.

Más aún, la inexistencia de mecanismos independientes y expeditivos de resolución de controversias —administrativos o cuasi-judiciales— eleva sustancialmente el riesgo percibido por los inversionistas. Cuando los conflictos deben canalizarse exclusivamente a través de un sistema judicial lento, politizado o imprevisible, la estabilidad jurídica prometida se vuelve condicional y, en la práctica, reversible. El riesgo país no se reduce con cláusulas legales, sino con instituciones capaces de ejecutarlas.

Sin este anclaje institucional robusto, el régimen corre el peligro de convertirse en una arquitectura jurídica sofisticada en el papel, pero débil en la realidad operativa. La consecuencia es clara: proyectos que no se concretan, inversiones que se postergan y capital que opta por jurisdicciones donde la protección no depende de promesas, sino de instituciones. Así, una de las piezas mejor diseñadas del decreto puede perder efectividad no por fallas conceptuales, sino por la incapacidad del Estado de sostener en el tiempo los compromisos que declara.

9. Estrategia energética insuficiente

El DS 5503 apunta a resolver la emergencia inmediata, pero no aborda el problema estructural del colapso hidrocarburífero. El problema no es la corrección, sino el anclaje.

El punto crítico es que no basta con fijar precios “más altos” o “más realistas”. Lo relevante es si esos precios:

• cierran efectivamente la brecha con los precios internacionales/regionales,
• eliminan incentivos al contrabando,
• aseguran oferta sostenida,
• y no generan inestabilidad inflacionaria.

Aquí aparece la principal debilidad: los precios se fijan sin un ancla cambiaria explícita ni una regla de convergencia transparente. En una economía con distorsión cambiaria, los precios pueden:

• parecer adecuados en bolivianos,
• pero seguir siendo bajos en dólares regionales.

El resultado podría ser que la brecha real con países vecinos puede persistir y, con ella, el contrabando de salida.

¿Cierran la brecha regional y eliminan el contrabando? Probablemente no.

Sin un mecanismo automático que vincule precios internos a:

• precios internacionales,
• costos logísticos,
• tipo de cambio real efectivo,
• estructura impositiva regional,

la fijación por decreto no garantiza convergencia real. Los precios pueden quedar en una “zona gris”: más altos que antes, pero todavía suficientemente bajos como para sostener arbitrajes ilegales.

Por tanto: la oferta puede mejorar, pero seguirá siendo frágil, el contrabando puede reducirse, pero no eliminarse.

Efectos inflacionarios: control parcial, riesgos de segundo orden

En el corto plazo, la medida puede reducir volatilidad y estabilizar expectativas de costos energéticos. Eso es positivo. Sin embargo:

• el ajuste de precios genera traslados a costos logísticos y alimentos,
• con efectos inflacionarios de segundo orden previsibles.

Esto no invalida la medida, pero exige acompañarla con:

• política de ingresos,
• compensaciones focalizadas,
• coordinación fiscal y salarial.

En conclusión, las medidas sobre combustibles del DS 5503 son correctas en principio y necesarias en la emergencia. Van en la dirección correcta, porque atacan un problema real y postergado.Pero:

• no están suficientemente ancladas a una regla técnica transparente,
• no garantizan cerrar la brecha regional de precios,
• no eliminan estructuralmente el contrabando,
• y pueden generar efectos inflacionarios indirectos si no se coordinan con otras políticas.

En síntesis, final: es una buena corrección inicial, pero no una solución estructural.
Correcta en intención, necesaria en práctica, insuficiente y mal anclada en ejecución.

Además, no existe una hoja de ruta para YPFB, exploración, transición energética ni reducción ordenada de subsidios. Es necesario subrayar que, sin seguridad energética, no habrá estabilidad de precios ni recuperación productiva.

10. Regularización y repatriación de capitales: riesgo moral

La amnistía patrimonial y el régimen de repatriación de capitales incluidos en el DS 5503 pueden aliviar transitoriamente la escasez de divisas y mejorar la liquidez externa en el corto plazo. En contextos de crisis cambiaria, este tipo de instrumentos no es en sí mismo incorrecto. Sin embargo, su eficacia depende críticamente del diseño institucional y de los mecanismos de control.

Sin condicionalidad productiva verificable, la medida corre el riesgo de incentivar comportamientos oportunistas: capitales que ingresan solo para beneficiarse del tratamiento tributario favorable y luego salen sin generar inversión, empleo ni encadenamientos productivos. Asimismo, una amnistía mal controlada puede debilitar la cultura de cumplimiento, premiando a quienes evadieron o expatriaron recursos, en detrimento de los agentes que cumplieron las reglas.

Para evitar este riesgo moral, el régimen debería vincularse estrictamente a proyectos productivos identificables, plazos mínimos de permanencia y mecanismos de seguimiento ex post. De lo contrario, el impacto será contable y efímero, no estructural.

III. ¿Es Una Medida Integral O Solo Parcial?

El DS 5503 constituye el paquete de medidas más ambicioso presentado en Bolivia en casi dos décadas. Representa un quiebre claro respecto a la inercia económica de los últimos años y reconoce, de manera explícita, la magnitud y gravedad de la crisis macroeconómica. En un contexto marcado por el agotamiento de reservas, el colapso energético y el deterioro fiscal, este reconocimiento no es menor y debe ser valorado como un punto de partida necesario. Sin embargo, ambición no equivale a integralidad, y este es el punto donde el DS 5503 revela su principal debilidad estructural.

El decreto acumula instrumentos relevantes en múltiples frentes —energía, inversión, liquidez, comercio exterior—, pero no logra articularlos en un engranaje macroeconómico coherente. Las medidas operan como piezas dispersas, sin un marco rector que las ordene ni una lógica sistémica que coordine expectativas. En lugar de un programa, el país recibe un mosaico de decisiones tácticas, algunas bien diseñadas, otras incompletas, pero todas carentes de una arquitectura común.

La omisión es grave. No existe un ancla cambiaria explícita que restablezca competitividad, detenga la sangría de divisas y alinee expectativas. Tampoco hay un sendero fiscal plurianual creíble, con reglas claras y compromisos verificables, que indique cómo y en qué plazos se estabilizarán las cuentas públicas.

La política fiscal aparece reactiva, no estratégica. A ello se suma la ausencia total de una política de ingresos coordinada: salarios, productividad e inflación quedan desconectados, trasladando el ajuste de manera implícita y regresiva a los hogares. Finalmente, brilla por su ausencia una estrategia productiva y exportadora explícita, capaz de transformar la estabilización coyuntural en crecimiento sostenible y generación de divisas.

El resultado es inequívoco: el DS 5503 gana tiempo, pero no redefine el rumbo. Contiene señales correctas y decisiones necesarias, pero al evitar las definiciones macroeconómicas centrales, se queda a mitad de camino. En una crisis sistémica, las respuestas parciales no estabilizan: solo postergan el ajuste y elevan su costo futuro.

El desafío pendiente no es añadir más medidas ni perfeccionar instrumentos aislados, sino asumir el costo político de integrar todo en un programa coherente, simultáneo y creíble. Sin esa decisión, el decreto corre el riesgo de ser recordado no como el inicio de la solución, sino como la oportunidad en que el país volvió a quedarse corto frente a la magnitud de su crisis.

Conclusión final

El DS 5503 no puede ser evaluado únicamente por el catálogo de medidas que contiene, sino por la decisión estratégica que evita. El decreto reconoce con franqueza la gravedad de la crisis, rompe con años de negación discursiva y corrige varias distorsiones evidentes. Ese gesto inicial es valioso, pero no es suficiente. Frente a una crisis macroeconómica de carácter estructural, el Gobierno opta por administrar la emergencia en lugar de reordenar el sistema. Y esa elección tiene consecuencias.

El decreto acumula medidas que, tomadas aisladamente, pueden ser defendibles. Pero en conjunto revelan una ausencia total de arquitectura macroeconómica. El congelamiento salarial del sector público en 2026 se presenta como austeridad, aunque su impacto fiscal es marginal y su efecto macroeconómico contractivo. En paralelo, el incremento obligatorio del Salario Mínimo Nacional en 20 % introduce presiones inflacionarias relevantes, deteriora la competitividad externa y contradice cualquier intento serio de corrección del tipo de cambio real. La negociación colectiva, lejos de integrarse en una política de ingresos, flota sin ancla fiscal ni cambiaria. El resultado no es equilibrio: es incoherencia.

La racionalización del régimen tributario reproduce el mismo patrón. Parte de un diagnóstico correcto —el alto costo de la formalidad—, pero su diseño aislado, su umbral arbitrario y su desconexión de una estrategia productiva la convierten en un parche administrativo. Reduce fricción en el corto plazo, pero no amplía de manera sostenible la base tributaria ni fortalece al Estado. Nuevamente, se gana tiempo sin cambiar la lógica de fondo.

Desde la lógica de Stützel (1958), la inconsistencia es evidente y grave: el decreto pretende que hogares, empresas, sector externo y Estado se ajusten simultáneamente, sin definir quién absorberá el déficit indispensable para sostener el ingreso agregado. Esa omisión no es un error técnico menor; es una falla conceptual básica. Cuando ningún sector asume el déficit, el resultado no es equilibrio, sino colapso del ingreso.

Pero la evasión más costosa es otra. El DS 5503 elude deliberadamente corregir el precio macroeconómico central: el tipo de cambio real. Sin un tipo de cambio competitivo y deliberadamente subvaluado, no hay exportaciones sostenibles, no hay inversión productiva, no hay generación de divisas y no hay viabilidad fiscal. En una economía con restricción externa estructural, evitar esta definición equivale a renunciar al programa.

Bolivia no enfrenta una crisis de herramientas ni de diagnósticos. Enfrenta una crisis de decisión estratégica. El país dispone de sectores con potencial exportador, recursos naturales, capital humano y margen político para un giro profundo. Lo que falta no es conocimiento, sino la voluntad de articular todo en un programa integral, simultáneo y creíble. Esa articulación no es técnica: es política. Y no asumirla implica aceptar que el ajuste ocurra de manera desordenada, regresiva y socialmente costosa.

El DS 5503 gana tiempo, pero no redefine el rumbo. Administra la crisis, pero no la resuelve. Y en contextos de colapso estructural, ganar tiempo sin cambiar el sistema no es una virtud: es una apuesta riesgosa. Si el Gobierno no asume el costo político de cerrar el triángulo macroeconómico —tipo de cambio, política fiscal y política de ingresos—, el ajuste llegará igual, pero por la peor vía. Y entonces, el decreto no será recordado como el inicio de la solución, sino como el momento en que el país volvió a quedarse a mitad de camino frente a la magnitud de su crisis.

Recomendaciones estratégicas

Seis decisiones ineludibles para convertir el DS 5503 en un programa integral de estabilización y desarrollo productivo

El DS 5503 es incompleto y carece de una visión sistémica e integral. Pero precisamente por esa razón —y no a pesar de ella— está condenado a convertirse en el núcleo político de gestión sobre el cual debe construirse un programa económico integral. El decreto ya cumple una función política central: es la base de legitimidad disponible para actuar en un contexto de crisis profunda. En términos reales de gobernabilidad, no existe una alternativa viable distinta a ordenar, cerrar y completar ese núcleo. Intentar eludirlo, sustituirlo o postergarlo solo fragmentaría la acción de gobierno y profundizaría la incertidumbre económica.

El desafío, por tanto, no es reemplazar el DS 5503, sino transformarlo. Esto implica pasar de un conjunto de medidas defensivas, diseñadas para contener la emergencia, a un programa de estabilización y desarrollo productivo con capacidad real de transformación estructural. Supone asumir que la crisis no se resuelve con ajustes parciales ni con parches secuenciales, sino con decisiones integrales que ordenen expectativas, reorienten incentivos y redefinan el rumbo económico.

Para lograrlo, el Gobierno debe asumir seis decisiones estratégicas. No son recomendaciones técnicas marginales ni ajustes cosméticos. Son decisiones de poder, que deben ser explícitas, ejecutadas de manera simultánea y sostenidas en el tiempo. Son, en última instancia, no negociables si se pretende que el DS 5503 deje de ser un instrumento de contención y se convierta en el punto de inflexión hacia un modelo productivo, exportador y sostenible.

1. Definir un ancla cambiaria explícita con tipo de cambio real competitivo

La primera decisión es ineludible: definir el régimen cambiario. Sin esta definición, no existe programa económico, solo administración de la emergencia. Bolivia necesita transitar hacia un esquema de flotación administrada con bandas, acompañado de un tipo de cambio real deliberadamente competitivo y subvaluado, orientado a reactivar exportaciones, inversión productiva y sustitución eficiente de importaciones.

El tipo de cambio no puede seguir siendo tratado como una variable políticamente sensible que se posterga indefinidamente. Es el precio macroeconómico central del sistema económico. De él dependen la rentabilidad de los sectores transables, la decisión de invertir, la generación de divisas y la sostenibilidad fiscal.

Sin un tipo de cambio competitivo, la economía queda atrapada en actividades no transables, con bajo crecimiento y alta vulnerabilidad externa. Evitar esta decisión no reduce el costo político: solo lo traslada, lo amplifica y lo hace más regresivo cuando el ajuste llega de forma desordenada.

2. Establecer un marco fiscal plurianual con función estabilizadora explícita

La política fiscal debe dejar atrás su lógica reactiva y convertirse en un instrumento consciente de estabilización y transformación económica. Esto exige definir una regla fiscal flexible, un sendero plurianual de convergencia del déficit y una priorización explícita del gasto productivo, orientado a infraestructura, logística, energía y exportaciones. Sin esta hoja de ruta, la política fiscal pierde credibilidad y capacidad de anclaje de expectativas.

Los subsidios de transición, el gasto social y las medidas de alivio financiero no son errores: son políticamente necesarios en un contexto de crisis profunda. El error es mantenerlos sin un marco estratégico que defina cómo, cuándo y mediante qué instrumentos el Estado recuperará su capacidad estabilizadora. Sin un horizonte fiscal claro, el gasto deja de proteger y comienza a desordenar expectativas, encarecer el financiamiento y debilitar la sostenibilidad del ajuste.

3. Construir una política de ingresos coordinada y macroeconómicamente consistente

La negociación colectiva, el congelamiento salarial del sector público y el incremento del salario mínimo no pueden seguir coexistiendo como impulsos contradictorios. Bolivia necesita una política de ingresos explícita, donde salarios, productividad, inflación objetivo y tipo de cambio estén coordinados dentro de un marco macroeconómico coherente.

Esto implica definir una regla salarial macroeconómica, diferenciada entre sectores transables y no transables, integrada de manera explícita a la política fiscal y cambiaria. Sin esta coordinación, el ajuste ocurre por la peor vía: inflación persistente, pérdida de competitividad externa o licuación regresiva del ingreso real.

La ausencia de política de ingresos no es neutral ni técnica: traslada el costo del ajuste a los hogares, deteriora la cohesión social y debilita la viabilidad política del programa. Coordinar ingresos no es controlar salarios; es ordenar expectativas y distribuir el ajuste de forma explícita y justa.

4. Diseñar una estrategia nacional de exportaciones y transformación productiva

La liberalización agroindustrial es un punto de partida correcto, pero claramente insuficiente. Bolivia necesita una estrategia nacional de inserción externa que articule agroindustria, minería con mayor valor agregado, industrialización del litio, manufacturas y oportunidades de nearshoring y cadenas regionales de valor.

Esta estrategia debe integrar de manera coherente tipo de cambio competitivo, logística, financiamiento productivo, energía, innovación tecnológica e institucionalidad exportadora. En economías con restricción externa estructural, las exportaciones no son un sector más: son el ancla del programa macroeconómico.

Sin una estrategia exportadora integral, no hay generación sostenible de divisas, no se estabiliza el tipo de cambio y no se sostiene el crecimiento. Apostar solo a desregulación parcial es insuficiente; se requiere una visión productiva activa, orientada a transformar la estructura económica y no solo a aliviar cuellos de botella.

5. Fortalecer la institucionalidad del Estado como condición de credibilidad y motor productivo

Ninguna de las decisiones estratégicas anteriores será creíble ni sostenible sin un Estado capaz de ejecutarlas. La estabilidad no se construye con decretos ni con anuncios: se construye con instituciones que reducen discrecionalidad, ordenan incentivos y sostienen reglas en el tiempo, incluso cuando cambian las condiciones políticas.

Fortalecer la institucionalidad económica exige acciones concretas: crear una agencia autónoma de inversiones, mejorar la gobernanza de empresas estratégicas como YPFB y ENDE, profesionalizar la burocracia económica y establecer mecanismos independientes y expeditivos de resolución de controversias. Sin estos pilares, cualquier promesa de estabilidad jurídica o fast track de inversiones es frágil y reversible.

Pero la capacidad estatal no se agota en la organización. El riesgo regulatorio —trámites excesivos, normas superpuestas y discrecionalidad, especialmente a nivel subnacional— actúa como un impuesto oculto que desalienta inversión, erosiona competitividad exportadora y castiga la formalización productiva. Y abre espacios de corrupción Por ello, la mejora regulatoria y la simplificación de trámites deben asumirse como un instrumento económico central, aplicado de forma coordinada en los tres niveles de gobierno.

Sin un Estado institucionalmente fuerte y regulatoriamente inteligente, no hay estabilidad macroeconómica ni transformación productiva posible. La reforma institucional no es un complemento del DS 5503: es la condición para convertirlo en un programa económico integral con capacidad real de cambio.

6. Desarrollar una estrategia nacional de inversiones productivas y exportadoras

Finalmente, Bolivia debe ir más allá del enfoque normativo del DS 5503 y construir una estrategia explícita de inversiones. No toda inversión es igual ni igualmente deseable. El país debe priorizar inversión productiva, exportadora y generadora de divisas, con transferencia tecnológica, encadenamientos internos y efectos multiplicadores sobre empleo y productividad.

Esto exige articular incentivos, infraestructura, energía, financiamiento y capital humano en paquetes sectoriales coherentes, alineados con el tipo de cambio competitivo y la estrategia exportadora. Sin esta dirección estratégica, la inversión tenderá a ser fragmentada, de corto plazo o enclavada, con bajo impacto transformador. Una estrategia de inversiones clara permite orientar recursos escasos hacia sectores con mayor retorno económico y social, convirtiendo la estabilización macroeconómica en una palanca real de transformación estructural y desarrollo sostenible.

Síntesis estratégica

El DS 5503 contiene piezas relevantes, algunas bien diseñadas. Pero carece del plano. Estas seis decisiones no son opcionales ni graduales. Son la diferencia entre administrar la emergencia y transformar efectivamente la economía boliviana.

Sin ellas, el decreto seguirá siendo un programa parcial, defensivo y transitorio. Con ellas, puede convertirse en el punto de inflexión histórico hacia un modelo productivo, exportador y sostenible. El programa que posibilitaría efectivamente que “el mundo llegue a Bolivia y que Bolivia llegue al mundo”.

Como gestión de gobierno, no existe otra posibilidad política realista. El puente ya está ahí. No cruzarlo no evita el ajuste: solo garantiza que llegue desordenado, más costoso y social y económicamente regresivo.

Tabla sintética – Análisis crítico integral del DS 5503

Eje / Política	Medidas principales (DS 5503)	Diagnóstico técnico	Evaluación estratégica
Diagnóstico macroeconómico	Reconocimiento explícito de déficit fiscal, agotamiento de RIN, colapso energético, contrabando y deterioro institucional	Diagnóstico honesto, completo y sin eufemismos	Fortaleza estructural: base política y técnica correcta para actuar
Estabilización energética	Corrección de precios de combustibles, apertura a importación privada, reglas transitorias	Medidas necesarias para eliminar distorsiones y desabastecimiento	Correcta pero mal anclada: sin regla cambiaria ni convergencia regional, el contrabando puede persistir
Régimen de inversiones	Estabilidad jurídica y tributaria (15 años), contratos con fuerza normativa, fast track, ventanilla única	Diseño alineado a estándares OCDE y competencia por capital	Muy fuerte en norma, débil en ejecución: ausencia de agencia autónoma y resolución independiente de conflictos
Política exportadora (agroindustria)	Eliminación del Certificado de Abastecimiento Interno y Precio Justo	Elimina una distorsión regulatoria clave	Acierto táctico, estrategia ausente: no hay política exportadora integral ni vínculo con tipo de cambio e inversión
Estrategia exportadora no agro	—	Omisión total: minería con valor agregado, litio, manufacturas, nearshoring	Debilidad crítica: sin exportaciones no hay divisas, sin divisas no hay programa
Tipo de cambio	—	El problema central permanece intacto	Debilidad más peligrosa: sin TCR competitivo y subvaluado no hay inversión ni exportaciones
Política fiscal	Reconocimiento del déficit, congelamiento salarial público, gasto social de transición	Diagnóstico correcto, instrumentos parciales	Incompleta y contradictoria: sin regla fiscal ni sendero plurianual creíble
Congelamiento salarial público 2026	Congelación nominal con excepciones vegetativas	Ahorro fiscal limitado (≈0,2–0,4 % PIB)	Contable, no estratégica: no resuelve déficit ni restricción externa
Salario mínimo (SMN +20 %)	Aumento obligatorio y uniforme desde enero 2026	Riesgo inflacionario estimado: +2,5 a +4 p.p.	Incoherente con subvaluación y política de ingresos
Negociación colectiva salarial	Fortalecimiento del diálogo y flexibilidad sectorial	Correcto en principio	Flota en el vacío: sin ancla fiscal, cambiaria ni productividad
Política de ingresos (en conjunto)	SMN + negociación colectiva + congelamiento público	Instrumentos no coordinados	Triángulo que no cierra: salarios, inflación y competitividad en tensión
Racionalización fiscal (5 % ingresos, umbral 250 mil Bs)	Régimen simplificado bimensual	Reduce fricción administrativa	Diseño débil: umbral arbitrario, riesgo de enanismo fiscal y erosión de base
Formalización productiva	Simplificación tributaria	Incentivo marginal	No estructural: no reduce riesgo regulatorio ni integra política productiva
Amnistía patrimonial y repatriación	0 % si permanece/invierte	Alivio transitorio de liquidez	Riesgo moral: sin condicionalidad productiva verificable
Alivio financiero	Diferimiento de créditos MYPE y vivienda social	Amortigua contracción	Correcto en emergencia, pero fiscalmente transitorio
Estrategia energética de mediano plazo	—	No hay hoja de ruta YPFB, exploración ni transición	Debilidad estructural: sin seguridad energética no hay estabilidad
Arquitectura macroeconómica	Medidas múltiples sin marco rector	Falta coordinación sistémica	Debilidad central: no hay programa integral
Visión estratégica	Contención de la crisis	Gana tiempo	No redefine el rumbo: estabiliza hoy, no garantiza mañana