Una treintena de representantes institucionales de Beni, a la cabeza del gobernador del departamento, Alejandro Unzueta, cumplen huelga de hambre desde el martes pasado, demandando la atención del Gobierno al problema financiero que arrastran desde el año pasado.
La medida extrema fue tomada luego de haber agotado la vía administrativa, afirmó el gobernador Unzueta, al recordar las gestiones realizadas ante las autoridades del anterior y del actual gobierno central.
En efecto, Unzueta advirtió el viernes pasado que, de no tener respuesta a la demanda de Beni en un plazo de 48 horas, ingresaría a huelga de hambre. Una medida extrema ante la indiferencia del Gobierno frente a la grave crisis financiera que tiene a la Gobernación al borde del colapso económico.
El problema se arrastra desde hace dos años, pero se agudizó en 2025, cuando el gobierno presidido por Luis Arce transfirió a la Gobernación de Beni solo 143 millones de bolivianos, de los 228 millones de bolivianos presupuestados para la gestión.
Unzueta dijo el lunes pasado, en entrevista concedida a Maggy Talavera, que Beni no responsabiliza al actual gobierno de la crisis departamental, pero sí lamenta que no esté dispuesto a tomar las medidas necesarias, en beneficio de los benianos.
“Si es verdad lo dicho por el presidente Rodrigo Paz, esto de terminar con el Estado tranca, que, por favor, comience con el desbloqueo de los recursos que demanda Beni”, añadió Unzueta.
El hueco financiero que dejó el incumplimiento del desembolso de los 228 millones de bolivianos presupuestados para 2025, amenaza con ser aun mayor este año, cuando el presupuesto asignado a Beni es de apenas 183 millones de bolivianos.
Unzueta lamentó también la indiferencia de los representantes de Beni en la Asamblea Legislativa Plurinacional, en la Asamblea Legislativa Departamental y en la de muchos gobiernos municipales, así como la de otras instituciones de la sociedad civil.
“Podríamos haber tomado otra medida extrema que no pusiera en riesgo nuestra salud, como el bloque de carreteras, pero no lo hicimos, porque somos conscientes de que esta afecta más a los ciudadanos de a pie, a las actividades económicas”, señaló Unzueta.
Una consideración ignorada por el Gobierno, insistió, que sí escuchó y cedió ante los dirigentes de la COB que causaron graves daños al país. En vez de castigarlos, dijo, los premiaron, derogando el DS 5503.
“Beni no pide la abrogación de ninguna medida aprobada por el Gobierno, no se opone a las que ha tomado para aliviar la crisis económica que heredó de la anterior administración; solo pide lo que le corresponde por justicia: el desembolso de los 85 millones de bolivianos pendientes del presupuesto 2025”, concluyó.
La huelga de hambre se cumple en la plaza principal de Trinidad y, hasta ayer, ya había registrado tres bajas.