Los papeles que confrontan el relato de Chaco Energías en el negocio Cripto

Por: Periodismo Sin Photoshop

El 16 de junio, una fiscalización en el trópico de Cochabamba puso al descubierto una operación comercial entre Chaco Energías S.A. y la empresa PARATECH S.R.L., para la provisión de energía destinada a un proyecto de criptominería. Aunque la estatal descartó inicialmente y de manera tajante cualquier vínculo con el negocio de los activos digitales y/o con las empresas citadas en la denuncia (PARATECH, ALPS Blockchain y Quirubiqa), terminó admitiendo que sostiene “conversaciones” con PARATECH desde enero de 2025 (aunque la empresa fue constituida recién en febrero del mismo año).

Esta entrega especial reconstruye el entramado de acuerdos pactados entre la estatal que opera la Planta Termoeléctrica Bulo Bulo y PARATECH, para garantizarle el suministro de electricidad a precios subsidiados: 24 dólares el MWh consumido, “precio que incluye la totalidad de los costos de producción, entrega en el punto de retiro y los impuestos legalmente aplicables”, según se lee en la Carta de Intención para Suministro Eléctrico dedicado para el Proyecto Data Center y Criptominería de PARATECH.

A través de los testimonios clave del senador denunciante Leonardo Roca, del gerente general de la estatal, Alejandro Torres, y del ingeniero José Padilla —destituido de la vicepresidencia del Directorio tras exigir transparencia—, este reportaje confronta el discurso corporativo con la evidencia documental y la realidad física del terreno. Las pruebas y la verificación in situ en Bulo Bulo demuestran que, mientras la empresa pública intentaba contener el impacto mediático, la planta cripto privada ya registraba un 60% de avance en sus obras civiles, interconectada de forma directa al sistema de generación del Estado.

El «ancla» normativa y una negociación en las sombras

Para entender la velocidad con la que avanzó este negocio multimillonario, es necesario retroceder al 24 de junio de 2024. Ese día, el Banco Central de Bolivia (BCB) aprobó la Resolución de Directorio Nº 082/2024, levantando la prohibición para operar con activos virtuales en el sistema financiero. Una disposición que coincide con el periodo en el que se estima, iniciaron las conversaciones para impulsar proyectos de criptominería: a mediados de ese año.

Una estimación que parece contradecir las primeras versiones de Chaco Energías, que señalan el inicio de conversaciones en enero de 2025. Sin embargo, según consultas a expertos en el sector energético, es imposible que un acuerdo —o conversaciones— sobre un proyecto de esta envergadura técnica y logística pueda resolverse en menos de uno o dos meses, como sugieren las declaraciones del principal vocero de la estatal eléctrica, el gerente general, ingeniero Alejandro Torres.

El primer hito documentado surge en enero de 2025. En la primera entrevista concedida a Periodismo Sin Photoshop, el 27 de junio del presente año, el ingeniero Torres reconoció haber iniciado «conversaciones» a principios de 2025 para la venta masiva de energía a un Data Center. Aunque inicialmente señaló a PARATECH como la interesada, rectificó al instante al ser confrontado con un dato documentado: PARATECH no existía en enero del año pasado, fue constituida un mes después, el 18 de febrero. Torres corrigió y dijo que  las primeras conversaciones fueron con la transnacional Blockware, una firma de peso global en el ecosistema cripto que, al parecer y de forma estratégica, decidió no estampar su nombre en los papeles oficiales que, finalmente, Chaco Energías firmó el 24 de febrero.

La empresa exprés y el acuerdo avalado en seis días

La ingeniería jurídica para poner en marcha el proyecto se ejecutó en tiempo récord. El 18 de febrero de 2025 nació legalmente la empresa PARATECH S.R.L. ante la Notaría de Fe Pública Nº 134 de la capital cruceña. La sociedad se constituyó con un capital modesto de Bs 100.000 y una distribución accionaria llamativa: el abogado Julio César Landívar Castro asumió el 99,9% de las cuotas de capital, mientras que el estudiante Gonzalo Solares Coca se quedó con el 0,1% restante.

Apenas 48 horas después de su nacimiento notarial, el 20 de febrero de 2025, PARATECH se presentó formalmente ante Chaco Energías con una «Carta de Intención de Negocios» firmada por Landívar y dirigida al gerente Alejandro Torres. El documento, lejos de ser una simple declaración de intereses, operaba como un contrato definitivo y cerrado. Detallaba con precisión quirúrgica el volumen de energía requerido, la tarifa preferencial y una condición técnica exclusiva: el suministro provendría directamente de la Turbina 2 de la Planta Termoeléctrica de Bulo Bulo. Además, incluía una cláusula de aceptación automática que estipulaba que bastaba la firma en copia del gerente estatal para dar por admitida la propuesta.

Chaco Energías respondió con una celeridad inédita para la administración pública. El 23 de febrero, el superintendente de Operación y Mantenimiento (OyM), Christian Céspedes, emitió un Informe Técnico de Factibilidad que calcaba de forma exacta los requerimientos de la carta privada. Al día siguiente, el 24 de febrero, el gerente Alejandro Torres estampó su firma de conformidad. En solo seis días, una empresa creada por un abogado y un estudiante logró amarrar el compromiso de venta de energía estratégica del Estado. Tres meses después, el 22 de mayo de 2025, los fundadores bolivianos transfirieron el 100% de las acciones a cinco ciudadanos extranjeros —Javier Carbonati, Santiago Osella, Divagoras Becerra, Claudio Vinci y César Socavone—, de ocupación independiente y con residencia transitoria en Santa Cruz de la Sierra.

El «borrado» digital y el triple viraje del libreto oficial

Cuando el senador Leonardo Roca lanzó la primera denuncia pública el 15 de junio de 2026 a través de DTV, Chaco Energías activó una agresiva estrategia de contención y control de daños. El 16 de junio, la estatal publicó un comunicado asegurando que «no existía ningún contrato de venta ni operación comercial en curso» con PARATECH, Quirubiqa o la firma italiana ALPS Blockchain, citadas por Roca.

Sin embargo, la versión oficial se rompió desde el exterior. El portal global de ALPS Blockchain ya publicitaba a Cochabamba (Bolivia) en su portafolio de inversiones, detallando la existencia de un contrato directo con Chaco Energías para desplegar una capacidad inicial de 27 megavatios (MW), ampliables a 127 MW. El sitio web de la transnacional europea delató además un beneficio fiscal mayor: «ALPS opera con exención de aranceles de importación e IVA, otorgada por el gobierno». Al verse descubiertos por las capturas de pantalla logradas por la fiscalización, la firma italiana borró apresuradamente a Bolivia de su mapa web el mismo 16 de junio.

A partir de ese momento, el relato de la estatal sufrió una metamorfosis constante. El 25 de junio, ante un tenso careo con el senador Roca en sus oficinas de Santa Cruz, el gerente Torres pasó de la negación absoluta a admitir que existía una «infraestructura privada», pero alegando que era «a riesgo total del privado». El 27 de junio, en entrevista con Periodismo Sin Photoshop, admitió la existencia de los papeles de febrero de 2025, pero insistió en que «no eran un contrato formal». Finalmente, el 28 de junio, la empresa pública cambió el libreto por tercera vez mediante un pronunciamiento donde justificaba las negociaciones argumentando que buscaban «consumidores de alta intensidad» para vender la «capacidad ociosa» y la sobreoferta de la termoeléctrica para volverla rentable.

Purga en el Directorio y el aval del poder político

El intento de transparentar el negocio desde el interior de la corporación estatal fue anulado de manera fulminante. El ingeniero José Padilla, un profesional técnico posesionado en la vicepresidencia del Directorio de Chaco Energías en noviembre de 2025, comenzó a exigir respuestas por escrito. Padilla envió tres cartas consecutivas al gerente Torres pidiendo informes detallados sobre el escándalo cripto. Todas, con copias al presidente de YPFB Corporación, Sebastián Daroca Oller, a los directores de la estatal y al ministro de Hidrocarburos y Energías, Marcelo Blanco Quintanilla. La última, remitida el 2 de julio.

La respuesta que le llegó al día siguiente, el 3 de julio, no fue de Torres sino del Directorio de Chaco Energías, presidido por el propio Sebastián Daroca. Tampoco atendió ni se sumó al pedido de información. Optó por destituir a Padilla. Al romper el silencio el 4 de julio en una entrevista con este medio, Padilla apuntó a una complicidad interna y aseguró que el Directorio jamás conoció formalmente el caso PARATECH. Asimismo, vinculó la llegada del ingeniero Torres a la gerencia general de Chaco Energías, a una decisión de Rafael Arce Mosqueira, hijo del expresidente Luis Arce Catacora, extremo negado tajantemente por Torres al ser consultado al respecto.

La evidencia física: contenedores transnacionales en el barro de Bulo Bulo

El desenlace de esta investigación se consolidó el 10 de julio de 2026, durante una visita guiada para la prensa organizada por la estatal en la Planta Termoeléctrica de Bulo Bulo. Frente a los cuestionamientos incisivos de Periodismo Sin Photoshop, el gerente Torres reaccionó de forma defensiva calificando las preguntas de «malintencionadas», argumentando que la denuncia era falsa porque Chaco «aún no estaba distribuyendo energía». No obstante, en la misma sesión, Torres confesó un dato crucial: YPFB Corporación ya había emitido una autorización por escrito otorgando el visto bueno para continuar las gestiones con PARATECH por considerarlas «ventajosas» para el Estado.

Para intentar demostrar que el predio estaba inactivo, el gerente guió a los periodistas al terreno contiguo de 35.000 metros cuadrados adquirido por la firma privada. Lo que los medios presenciaron sepultó de forma definitiva la coartada oficial: las obras civiles de la planta cripto registraban un irreversible 60% de avance físico. En el lugar, resguardados por el asesor legal de PARATECH, Miguel Toranzos —quien alegó insólitamente desconocer los detalles de la empresa que lo contrató—, ya se encontraban montados 30 contenedores industriales de alta densidad tecnológica, listos para albergar un promedio de 300 computadoras de minado cada uno. En las paredes de las estructuras metálicas, los logotipos de ALPS Blockchain y Quirubiqa eran plenamente visibles.

Las interrogantes que el poder se niega a responder

La inspección física en Bulo Bulo demostró que el complejo criptominero transnacional no es un proyecto de papel, sino una infraestructura civil real interconectada al sistema estatal. La entrega especial de este medio deja sobre la mesa cinco interrogantes críticas que las autoridades sectoriales intentan neutralizar con el silencio:

  1. ¿Se modificó la Resolución del Banco Central en junio de 2024 como una pieza jurídica hecha a medida para darle viabilidad legal a un negocio que ya se estructuraba en secreto desde mediados de ese año?
  2. ¿Cómo explica Chaco Energías S.A. que una empresa pantalla con solo 48 horas de vida legal y un capital mínimo de Bs 100.000 lograra que la gerencia general le firmara la factibilidad técnica y le comprometiera la Turbina 2 de Bulo Bulo en un plazo récord de cinco días?
  3. Si el montaje civil corre estrictamente «a riesgo y pérdida» del inversionista privado, ¿quién autorizó formalmente el empalme y la construcción del tendido eléctrico de alta tensión que conecta físicamente a PARATECH con las celdas de la Termoeléctrica del Estado? ¿Es técnicamente posible realizar esa obra sin una orden firmada por la propia estatal?
  4. ¿A cuánto asciende el daño económico potencial para el Estado al comprometer hasta 127 megavatios de energía a precio subsidiado en un contexto crítico de declive de las reservas de gas natural y crisis energética nacional?
  5. ¿Por qué el ministro de Hidrocarburos, Marcelo Blanco, y el presidente de YPFB, Sebastián Daroca, guardan absoluto silencio y prefieren purgar a los directivos fiscalizadores antes que responder por escrito a las demandas de transparencia?

La planta privada está lista, los cables están conectados y el aval político está firmado en los papeles. El relato oficial de las «conversaciones preliminares» ha quedado completamente desmantelado por los hechos.