Solo 11 funcionarios faltaron a su fuente de trabajo luego de la advertencia del alcalde Manuel Saavedra. El Gobernador Juan Pablo Velasco pidió ayuda para identificar a un dirigente que no marca el biométrico hace 8 años y cobra 10.000 bolivianos al mes.
Por Carlos Quisbert
El paro de 72 horas convocado por la Federación Departamental de Trabajadores en Salud de Santa Cruz terminó ayer con el anuncio de despido de 11 funcionarios que no asistieron a su fuente laboral. Además, concejales y la Gobernación iniciaron un proceso de fiscalización al contrato del dirigente Robert ‘Pimpo’ Hurtado, quien admitió que tiene a cuatro de sus hijos y sus familiares trabajando en el sector al cual representa sindicalmente desde hace 8 años.
“Se han hecho 819 controles de asistencia en todos los centros de salud y hospitales de segundo nivel, solo faltaron 11 personas (ayer), eso quiere decir que el sistema de salud (municipal) funcionó prácticamente al cien por ciento y aquí no se trata de quien gana o quien pierde, porque que quien tiene que ganar es la salud de los cruceños. Celebro que los trabajadores administrativos hayan acudido su trabajo”, informó el alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Manuel ‘Mamen’ Saavedra.
La evaluación la hizo a las 17:58 de ayer jueves, un día antes, luego de una confrontación verbal con un dirigente, Saavedra advirtió que destituiría a cualquier trabajador que acate el paro de 72 hora que fue convocado por el sindicato, por el supuesto incumplimiento del pago del bono de vacunación. Se debe remarcar que el personal que aplica las inyecciones entre médicos, enfermeras y residentes no acataron la medida.
El alcalde, por medio de sus redes sociales, explicó que se trataba con un paro sin fundamento debido a que el Gobierno Municipal cumplió con dicho pago y tampoco adeudaba salarios. Saavedra hizo oficial la advertencia por medio de un instructivo en el que se precisaba: “Ante el paro injustificado de actividades laborales, se conmina de manera inmediata y obligatoria retornar a sus puestos de trabajo y horarios laborales”.
En contraparte, los trabajadores en saluda reprocharon la actitud del alcalde y amenazaron con endurecer sus medidas, las cuales también se dieron en demanda de presuntos despidos injustificados y otras deudas que no se detallaron. Hurtado llegó a amenazar con “faltar el respeto” a el alcalde si buscaban enfrentamientos.
Adivinanza
Al enfrentamiento se sumaron autoridades departamentales. La primera en rechazar el paro fue la subgobernadora de Santa Cruz, Paola Aguirre, quien por sus redes sociales publicó varios mensajes. “El bono puede esperar, el paciente no. No se les debe ni un solo sueldo”, expresó. “¿Por qué motivo debería cobrar bono de vacunación el personal administrativo que no toca una jeringa en el desempeño de sus funciones?”, cuestionó en otro.
El Gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, se sumó a los cuestionamientos por su cuenta de Facebook y pidió ayuda con una “adivinanza”, para identificar a un dirigente.
“No trabaja ni marca el biométrico hace más de 8 años. Tiene un ítem TGN (Tesoro General de la Nación): lo designa el gobierno central, pero se lo paga la Gobernación. Está ‘en comisión’ desde hace 8 años, lo que en la práctica significa que nunca tiene que pisar el Hospital Japonés para cumplir su función. Está sindicalizado. No tiene formación técnica para el cargo que ocupa (técnico de laboratorio de rayos X). Cobra 10 mil bolivianos al mes. ¿Adivina quién paga este despropósito? Santa Cruz. Así funciona esto: cargos fantasmas, plata que se va y nadie rinde cuentas, un sistema de salud deteriorado. Lo vamos a cambiar”, anunció el gobernador
“Somos familia”
Un día antes, cuestionado sobre el por qué continuarían con el paro de labores, el dirigente Hurtado aseguró que lo harían en apoyo a los trabajadores supuestamente destituidos de forma irregular. Remarcó una de sus declaraciones con un: “Porque somos familia”.
La declaración no solo causó críticas por parte de la población que sufrió por la suspensión de la atención médica, sino que también generó denuncias de los propios trabajadores en salud, quienes, según los concejales Luisa Nayar y José Hugo Antelo, acusaron al dirigente ‘Pimpo’ Hurtado de tener al menos 10 familiares acomodados en cargos en el sistema público de salud.
Antelo afirmó que el dirigente además logró ganar más de un millón de bolivianos en los últimos ocho años, por sueldos, aguinaldos, y bonos, sin cumplir funciones laborales. Adelantó que solicitaría información oficial para verificar los datos y establecer posibles responsabilidades.
El concejal sostuvo que la denuncia tiene respaldo de documentos entregados por trabajadores del sector salud que, según afirmó, están “cansados de la dictadura sindical”. De acuerdo a esos datos, Hurtado trabajó más de 40 años como técnico en Rayos X.
El concejal dijo que, pese a percibir un salario de 10.000 bolivianos “nunca sacó una radiografía”.
Cuatro hijos
Al ser consultado sobre estas denuncias, ‘Pipo’ Hurtado, admitió ante varios medios de comunicación que tenía cuatro hijos trabajando en diferentes centros de salud, como técnicos en distintas áreas, “no lo voy a negar, y ellos tienen a sus familiares (en otros cargos) también”, aseveró.
El dirigente calificó de “una bajeza” que las autoridades hablen de su familia y afirmó que se defenderá. Desafió a los periodistas a investigarlo y se negó a explicar si sus hijos cuentan con méritos profesionales para ocupar esos cargos, sin embargo, declaró que sus parientes fueron contratados luego de hacer campaña electoral en favor de otras autoridades.
Informado sobre el tema, el alcalde Saavedra concluyó en tono irónico, “ahora sabemos por qué decía que eran una familia”. El concejal Antelo anunció que en los siguientes días publicará los contratos de la “red familiar” que, según denunció, opera en diferentes hospitales y centros de salud del municipio.