Al menos 200 pacientes están en riesgo de quedar sin atención en los centros de diálisis por la deuda que arrastra el Gobierno desde hace ocho meses. Pese a su salud deteriorada, los pacientes hoy cumplen 17 de días de huelga en Santa Cruz–
Por Carlos Quisbert
El presidente del Comité Pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, advirtió que, el Tribunal Sexto de Sentencia Penal de esa capital, podría emitir órdenes de aprehensión contra de dos ministros de Estado. La medida se aplicaría si las autoridades “insisten en incumplir” con el pago del tratamiento de diálisis para pacientes renales en centros médicos privados, según la explicación del dirigente cívico.
“Todos los pacientes renales en Bolivia están en riesgo de perder la vida. Hoy se cumple el plazo (judicial) para que estos dos funcionarios paguen el servicio o presenten sus descargos, porque hay una sentencia constitucional que dice, sin importar quién es la ministra de Salud (Marcela Flores) o el ministro de Economía (Gabriel Espinoza), que deben pagar, porque corre riesgo la vida de los pacientes”, afirmó Cochamanidis en entrevista con Maggy Talavera.
La vida de los pacientes renales depende del servicio de diálisis, que consiste en la desintoxicación de la sangre debido a falla en los riñones. De acuerdo a la gravedad, cada persona requiere de hasta tres sesiones por semana, cuyo costo está entre los 700 y 1.000 bolivianos.
Contexto
El líder cívico detalló que el incumplimiento del pago por el servicio de diálisis, por parte del Gobierno a centros médicos privados suma ochos meses y afecta a todos los pacientes en Bolivia. Precisó que en Santa Cruz suman unas 200 personas y, pese a los riesgos que implica a su estado de salud, hoy cumplen 17 días en huelga, mientras la atención se les suspendió hace un mes.
La atención de los pacientes renales está a cargo de tres niveles del Estado, gobiernos municipales, departamentales y el nacional. El piquete de huelga continúa en una carpa instalada en la plaza 24 de Septiembre, en Santa Cruz de la Sierra.
Cochamanidis recordó que en el caso de las personas que dependen del nivel central, en 2025 durante la gestión de Luis Arce, los entonces ministros de Salud, María René Castro y el de Economía, Marcelo Montenegro, también incumplieron el pago del servicio de diálisis por ocho meses.
Ante este hecho, con el apoyo de la entonces diputada Luis Nayar, el Comité Pro Santa Cruz interpuso una acción de libertad, la cual ganaron. Cochamanidis remarcó que la sentencia constitucional que se emitió en favor de los pacientes renales y de otras enfermedades (cáncer y el VIH) obliga al Estado a no demorar en el pago de los servicios médicos.
Ante el riesgo de ser detenidas y procesadas, las autoridades del MAS se vieron obligadas a cumplir el fallo en septiembre de 2025. La misma continúa vigente y se constituye un recurso de defensa permanente para los derechos de los pacientes.
Nuevo incumplimiento
Sin embargo, el pago de los servicios volvió a incumplirse desde octubre de ese año y ahora la falta involucra a los funcionarios del Gobierno de Rodrigo Paz, esto pese a que el dinero ya previsto en el Presupuesto General del Estado (PGE) vigente.
Los responsables de estos centros médicos privados notificaron del problema a los pacientes y estos decidieron iniciar la huelga, como única medida de presión, incluso violando las restricciones del estado de excepción que rige en el país, a raíz de los 53 días de bloqueo.
Fue por esos antecedentes que, el 13 de julio de este año, el Comité Pro Santa Cruz volvió a recurrir al Tribunal Sexto de Sentencia Penal y presentó un “recurso de queja”, por el incumplimiento de la sentencia y el pago del servicio, por el que deben comparecer los ministros Espinoza y Flores.
De acuerdo a la norma, las autoridades de Estado debieron ser notificadas en 48 horas, pero esto demoró varios días y cuando finalmente se los notificó los mismos no se presentaron a la audiencia, aseveró Cochamanidis. De acuerdo a la explicación, si los ministros vuelven a faltar y no cumplen con el desembolso, los jueces del Tribunal Sexto tienen la obligación de emitir una orden de aprehensión para ambos.
Sin respuesta
El presidente cívico hizo duras críticas a la ministra Flores, a quien reprochó por “plantar” a los pacientes y negarles una reunión, pese a que ella estuvo en la capital cruceña.
Asimismo, la acusó a la ministra de Salud por faltar a la verdad, señaló que Flores dijo que no se puede cumplir con este pago, debido a que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) no aprueba las modificaciones al PGE que presentó el Gobierno de Rodrigo Paz.
En criterio de Cochamanidis, esa afirmación no tiene fundamento, ya que el PGE 2026 está vigente y existe una partida aprobada para cumplir con el pago de las diálisis.
“Dejó plantados a los pacientes, (a la ministra Flores) no le interesa resolver los problemas de salud de Santa Cruz, para nada. (…) si algo le pasa a los pacientes los responsables son estos dos individuos, porque no cumplen su trabajo y violan una sentencia constitucional”, reprochó Cochamanidis. Sobre el estado de salud de los huelguistas, gracias a la gestión del Comité Pro Santa Cruz, las ambulancias y servicios médicos de la Gobernación y la Alcaldía están pendientes para auxiliar a los pacientes cuyo cuadro de salud empeore y requiera internación.