Por Carlos Jahnsen Gutiérrez
La propuesta de dolarización contiene una idea políticamente poderosa: si no confiamos en que las instituciones bolivianas administren responsablemente la moneda, quitémosles esa posibilidad. Se acaba la emisión discrecional, desaparece la devaluación boliviano-dólar y se importa la credibilidad de una moneda que el Gobierno no controla.
Parece una solución elegante. Pero encierra una paradoja: eliminar un instrumento de ajuste no elimina la necesidad de ajustar. Sólo determina por dónde lo hará la economía.
Con moneda propia, una pérdida de competitividad puede corregirse parcialmente mediante el tipo de cambio. Dolarizada, Bolivia renuncia a esa posibilidad. El ajuste se desplaza hacia salarios, precios, márgenes, empleo, producción y política fiscal. No desaparece: cambia de lugar y quién lo paga.
Puede fijarse el tipo de cambio nominal, pero no los costos relativos. Si los costos laborales unitarios bolivianos aumentan más que los de sus competidores, Bolivia se apreciará en términos reales aunque utilice dólares. La paradoja es contundente: el dólar permanece estable mientras Bolivia pierde competitividad.
La crisis cambiaria desaparece, pero puede reaparecer silenciosamente en la economía real: empresas menos competitivas, importaciones desplazando producción nacional, menor inversión, informalidad, desempleo y estancamiento.
Ésa es la trampa: una economía dolarizada puede apreciarse enormemente sin que su moneda se aprecie jamás.
Por eso la pregunta antes de dolarizar no es sólo si Bolivia confía en su Banco Central. Es más exigente: ¿posee instituciones salariales capaces de mantener durante décadas salarios compatibles con productividad, inflación y competitividad internacional? Si no las posee, la política salarial terminará funcionando como una especie de tipo de cambio interno.
Pensemos en Brasil. Si el real se deprecia fuertemente frente al dólar, una Bolivia dolarizada se aprecia automáticamente frente a Brasil. Los productos brasileños se abaratan; los bolivianos se encarecen. Bolivia ya no puede responder depreciando el boliviano. Tendrá que recuperar competitividad mediante productividad o presión sobre precios, salarios, márgenes y empleo.
La dolarización puede, por tanto, despolitizar el tipo de cambio a costa de politizar mucho más los salarios. El conflicto distributivo no desaparece. Cambia de escenario.
Stützel muestra por qué “bajar costos” no es sencillo. Una empresa puede reducir salarios y ganar competitividad. Pero Bolivia no es una empresa. El salario es costo empresarial e ingreso del trabajador. Si todas reducen salarios, pueden caer consumo, ventas, inversión y empleo. Lo racional individualmente puede resultar contraproducente colectivamente.
Keynes añade otra dificultad. Si salarios e ingresos caen mientras las deudas permanecen denominadas en dólares, aumenta el peso real de esas deudas. La estabilidad monetaria puede convivir así con mayor fragilidad de hogares y empresas.
También por eso es insuficiente afirmar que dolarizar “protege el patrimonio”. Protege frente a inflación y depreciación. Pero para millones de trabajadores el principal patrimonio no es una cuenta bancaria, sino el valor presente de sus ingresos futuros. Se pueden conservar 10.000 dólares y perder el empleo que los generaba. La dolarización protege una forma de patrimonio; puede vulnerar otra.
Según Riese, el dinero no es un velo sustituible por otro más confiable. Forma parte de una arquitectura de crédito, inversión, liquidez y expectativas. Dolarizar puede aumentar la confianza monetaria, pero no transforma depósitos en inversión productiva ni garantiza crédito para financiar nueva capacidad productiva.
Y queda una pregunta incómoda: ¿quién crea dólares ante una crisis sistémica de liquidez? El Banco Central puede crear bolivianos, no dólares. Renunciar a la moneda significa también limitar la capacidad soberana de actuar como prestamista de última instancia.
Por eso, afirmar que dolarizar es “más barato” exige una contabilidad peculiar. Los beneficios son inmediatos: credibilidad, estabilidad cambiaria, menor incertidumbre. Muchos costos aparecen con la próxima recesión, corrida bancaria, divergencia salarial o shock externo. Una evaluación estática los subestima.
La dolarización no elimina la política macroeconómica. Redistribuye el poder entre instrumentos, actores y grupos sociales. Tampoco elimina la devaluación económica: elimina su forma monetaria. Cuando se pierde competitividad, reaparece como compresión salarial, menores márgenes, desempleo, deflación o menor actividad. Por eso “importar confianza” es correcto, pero incompleto. Bolivia importaría una restricción monetaria externa, pero no la productividad ni la política fiscal estadounidense.
La pregunta política decisiva no es si confiamos en quienes administran hoy el boliviano. Es más grave: ¿estamos dispuestos a decidir hoy que, durante décadas, los desequilibrios de Bolivia ya no podrán ajustarse mediante la moneda y deberán hacerlo dentro de la sociedad, con riesgo de mayor precariedad? Porque dolarizar no elimina el costo del ajuste. Decide anticipadamente por dónde pasará y quién terminará pagándolo.