Los productores de Anapo y los industriales de Caniob generan más de 100.000 empleos, entre directos e indirectos, generaron divisas por más de 1.040 millones de dólares en 2025 y añaden valor agregado a la soya para exportar. Esta cifra de ingresos puede duplicarse si se anulan las normas que restringen ventas al exterior, sin los bloqueos de rutas y con suficiente abastecimiento de diésel.
Diego Jaramillo
El sector soyero de Bolivia trabaja día a día para generar empleo y divisas para el país, que pueden incrementarse en los próximos años si se eliminan los obstáculos legales y logísticos que enfrentan actualmente, para producir más en el campo y aumentar las exportaciones, en un contexto internacional altamente competitivo.
En un recorrido por el municipio de San Pedro, distante a 134 kilómetros al norte de Santa Cruz, se constató que los productores deben lidiar día a día con la falta de diésel. En los surtidores de las provincias de Warnes, Montero, Saavedra, Minero existen largas filas de tractores, camiones y vehículos con sus tanques esperando el abastecimiento del carburante.
Jaime Hernández, gerente general de la Asociación Nacional de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), que es el primer eslabón de la cadena productiva, lamentó que su sector debe lidiar con dificultades como la falta de diésel y avasallamientos de las tierras productivas. Demandas similares planteó David Diez, gerente de estadísticas de la Cámara Nacional de Industrias Oleaginosas de Bolivia (Caniob), que, principalmente, cuestionó las restricciones a las exportaciones con el Certificado de Abastecimiento Interno a Precio Justo (Caipj).
«Hoy por hoy, las principales preocupaciones que tienen los productores, la principal agenda que tienen con el Gobierno pasa, primero, por tener una certidumbre en la provisión de diésel, sin diésel no puede haber actividad productiva. Entonces, al Gobierno le corresponde que garantice a los productores la provisión», manifestó Hernández.
El representante de Anapo también pide al poder central agilizar la liberación de las exportaciones, para tener alternativas para comercializar el grano, que principalmente, se produce en el departamento de Santa Cruz.
«Trabajar una agenda integral que esté relacionada con la liberación plena de las exportaciones, tener seguridad jurídica para las tierras productivas, cero tolerancia a los avasallamientos, tener un mejoramiento en lo que viene a ser todo lo que es la infraestructura productiva, la logística y exportación”, detalló Hernández.
Mejorar la logística para las exportaciones implica mantener las carreteras transitables todo el año, la integración de Bolivia a los corredores bioceánicos que se impulsan en Sudamérica, reactivar Puerto Busch sobre el canal Tamengo, como una salida alternativa por la Hidrovía Paraguay-Paraná, que ayuden a ser mucho más eficientes y competitivos.
Desde el Gobierno de Rodrigo Paz, que asumió en noviembre de 2025, existe la predisposición en avanzar en estas áreas, bajo el concepto de ‘Bolivia en el mundo y el mundo en Bolivia’, de acuerdo con publicaciones de la prensa local.
Otra preocupación de Anapo es ampliar la producción en el campo y Hernández pide al mandatario ampliar el uso de biotecnología como la HB4 para mejorar el rendimiento de la soya.
“Poder tener un pleno acceso a la biotecnología, porque eso nos va a ayudar a mejorar la productividad no solamente en el cultivo de la soya, sino también en el cultivo del maíz que forma parte de este sistema de producción que tiene el productor soyero en Santa Cruz», puntualizó.
La soya (Glycine max) es una legumbre muy versátil en sus usos y aplicaciones, rica en proteínas y aceites. La planta es como un arbusto que alcanza un metro y medio de altura, produce al menos 100 vainas por planta y en Bolivia se cultiva dos veces al año en el departamento de Santa Cruz, en invierno y en verano.
En San Pedro se produce más del 60 por ciento de soya del país en las campañas de verano e invierno. Su población de 15.246 habitantes se dedica exclusivamente al cultivo de granos como soya, maíz, sorgo, trigo y toda la actividad económica en esta provincia cruceña gira en torno a la agricultura.
Guillermo Yucra (52) y Juan Ortega (54) son dos productores que permanecen en la fila para comprar diésel desde hace más de 24 horas y lamentan la subida del precio, que impactará en el costo de la canasta básica de alimentos.
“Estamos hace 24 horas en fila para comprar diésel y es muy poco los 120 litros al mes que instruyó vendernos el Gobierno. Eso da para fumigar un solo día y no alcanza para trabajar. Hoy estamos en época de fumigaciones y en los próximos meses entramos en la época de cosecha de soya y el diésel no abastecerá”, alertó Yucra.
Este productor, que refleja en su cara y manos la dureza de trabajar en el campo bajo el sol, consideró que el decreto 5676 promulgado por Rodrigo Paz el 17 de agosto debe ser derogado, porque el incremento no es sostenible para los productores de alimentos.
“En la zona norte de Santa Cruz cosechamos dos veces al año la soya, en verano e invierno, por eso requerimos grandes cantidades de diésel”, argumentó.
Ortega reaccionó con más furia contra el Gobierno, porque no ve políticas públicas que incentiven la producción de alimentos en el país.
“La verdad que estamos arruinados, este Gobierno maldito nos puso límites a la compra del diésel. En este momento solo nos están vendiendo 120 litros. Esa cantidad es insuficiente, por ejemplo, un tractor requiere 180 litros y no quieren vendernos más. Realmente, estamos con mucha rabia porque debemos hacer filas para obtener el diésel”, protestó.
Ante los reclamos, el Gobierno aprobó el decreto 5698 que autorizó a los pequeños productores inscritos en el Régimen Agropecuario Único comprar diésel a 9,80 bolivianos por litro, con un límite máximo de 2.500 litros mensuales.
Por ejemplo, hoy los cultivos de soya están en la etapa de fumigaciones contra plagas, mientras que el sorgo está listo para ser cosechado y los tractores requieren diésel.
“Los agricultores estamos con muchas dificultades, creo que vamos dejar de producir alimentos”, lamentó.
Ángel Cuellar es otro productor de granos de San Pedro que accedió a mostrar sus cultivos de sorgo y soya, relató que existe mucha preocupación en su sector por la subida del precio del diésel.
“En el tema de la siembra de soya estamos muy preocupados, porque la subida de diésel e insumos agrícolas están muy caros, por eso esto está estancado el crecimiento del agricultor, y esto se va trasladar a la canasta familiar”, dijo.
Cuéllar también tiene cultivos de sorgo listos para ser cosechados, pero no cuenta con el diésel suficiente para arrancar el motor de la cosechadora y levantar el grano rojizo que resalta entre la vegetación del campo.
“Debido a la subida del diésel todos los productos se encarecerán. Lamentablemente, el agricultor nunca ha sido atendido como debe ser por el Gobierno central ni la Gobernación cruceña. Como agricultores necesitamos el mejoramiento de caminos, que se amplíe el uso de biotecnología para mejorar nuestra producción”, exigió.
Control gubernamental
Pese a los grandes esfuerzos de los productores de Anapo, Bolivia es deficiente en la producción de la soya. Las empresas afiliadas a la Cámara Nacional de Industrias Oleaginosas de Bolivia (Caniob), que transforman el grano en subproductos y le agregan valor para la exportación, tienen una capacidad de molienda de 5,3 millones de toneladas, pero en el país sólo se producen 3,2 millones de grano. Es decir, hay un déficit de 2 millones de toneladas.
El rendimiento promedio de la soya se sitúa entre 1,8 y 2,4 toneladas por hectárea, dependiendo de los factores climáticos y de la campaña agrícola, de acuerdo con datos del Sistema Integrado de Información Productiva.
David Diez, gerente de estadísticas de la Caniob, puntualizó que el sector soyero es estratégico en la economía boliviana, por lo que el Gobierno debería priorizar la producción de alimentos en lugar de insistir con la explotación de gas natural, que perdió el mercado argentino en 2024.
«El Estado debe entender que este ya no es un sector más, es un sector estratégico para el crecimiento del país. Creo que eso debería empezar a cambiarse, debería, no sé si la palabra es proteger, pero por lo menos, dejar trabajar. Es lo mínimo que debería hacer», planteó.
Las industrias afiliadas a Caniob (Iasa, Iol, Prolega, Nutriol, Gravetal, Inolsa, Etasa e Intagro) compran todo el grano posible a los productores, la procesan en plantas de alta tecnología para obtener aceite refinado, aceite crudo, torta de soya y cascarilla.
Estos productos con valor agregado, luego de abastecer el mercado interno tal como exige el Gobierno boliviano, son exportados y permiten generar divisas para el país.
“La capacidad de procesamiento de las industrias para exportar productos con valor agregado, porque creo que ese es el punto, ¿qué significa? aceites y harinas. El grano de soya como grano de soya puede ser un ‘commodity’ que tiene su valor, pero siempre es mejor vender más productos, ¿por qué? porque incrementan su valor”, resaltó.
Diez también detalló una serie de obstáculos que enfrentan como sector para vender al extranjero, desde los conflictos sociales y bloqueos hasta las restricciones gubernamentales con el Certificado de Abastecimiento Interno a Precio Justo (Caipj).
La primera dificultad con la que se enfrenta la industria es la falta de grano para su procesamiento y no les permiten importar hasta alcanzar al 100 por ciento de su capacidad de molienda. “Si nos dejaran importar esos 2 millones de grano que faltan, el mercado se sigue abasteciendo, seguimos comprando porque sí, siempre va a ser más barato comprar nacional que importar. Entonces, si nos dejaran importar podríamos exportar mucho más producto», argumentó.
La segunda dificultad para Caniob es el control gubernamental a los sectores soyero, cárnico y azucarero que durante el gobierno del expresidente Evo Morales (2006-2019) se implementaron, como los certificados de exportación, para garantizar el abastecimiento al mercado interno, y exportar cupos previamente autorizados.
El 28 de enero de 2026, el Gobierno de Rodrigo Paz anunció un paquete de medidas destinadas a “facilitar las exportaciones de granos de soya y dinamizar la cadena productiva interna”, entre las que figura la eliminación de los controles de precios y cupos sobre los subproductos.
No obstante, las medidas del Gobierno actual, que ganó el balotaje del 19 de octubre de 2025 con promesas de cambios económicos y políticos, no son suficientes para eliminar los certificados de exportación, que es un candado para el sector.
“O sea, si bien discursivamente se habla de que se ha liberado, seguimos teniendo un certificado, un compromiso previo, que cada industria firma con el Estado, con el Ministerio de Desarrollo Productivo, Rural y Agua indicando su aquiescencia de vender a mercado nacional», lamentó Diez.
El muro normativo contra la que chocan las exportaciones de la Caniob está construido en base a la Ley 144 de la Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria (2011), que regula los volúmenes, los tiempos de entrega y el destino, es decir, el mercado nacional.
«La norma sigue existiendo, sigue existiendo el certificado de Caipj. No está específicamente en la ley, pero está en los decretos. Entonces, mientras no deroguen esos, no podemos decir que hay libertad de exportación”, lamentó el funcionario de Caniob.
Por su parte, Álvaro Mollinedo, exviceministro de Desarrollo Rural y Agropecuario en la gestión del expresidente Luis Arce (2020-2025), argumentó que las restricciones a las exportaciones obedecen a una política de garantizar la seguridad alimentaria en el país, sin depender de las importaciones.
“Primero, siempre se trabajó para garantizar alimentos para la población. ¿Quieres importar alimentos o que Bolivia produzca para el consumo interno? Se pone en una balanza ambas opciones y también hay intereses económicos de por medio. Pero lo que siempre se garantizó es que se pueda tener soberanía alimentaria y no importarlos”, argumentó ante los señalamientos de la Anapo y Caniob.
Sobre el uso de biotecnología recordó que en noviembre de 2024 se aprobaron dos eventos de biotecnología HB4 y la Intacta, que están vigentes.
“Más que todo, la principal política de gobierno que hemos tenido en ese entonces era defender los derechos de la Madre Tierra. Por eso hubo un montón de normas que imposibilitaban que de manera directa se pueda implementar la biotecnología, empezando desde la Constitución. Pero también quiero ser claro que no es imposible implementar, solo que tenemos un procedimiento largo”, dijo.
El artículo 409 de la Constitución protege la biodiversidad y la soberanía alimentaria de los pueblos indígenas, donde se específica que la importación de biotecnología será regulada por la ley.
La conflictividad social es el tercer obstáculo para la Caniob, porque para acceder a la principal ruta de exportación mediante puertos chilenos y a los países de la Comunidad Andina, que es su principal mercado de venta externa (Perú, Ecuador y Colombia), se debe transitar por Cochabamba y La Paz, que regularmente registran protestas y bloqueos de rutas.
A consecuencia de estos factores, muchas veces las cargas de exportación llegan demoradas a los puertos para embarcar en los buques y se deben pagar multas.
«No se suele pensar en las multas, porque uno cuando hace un acuerdo hay multas que pagar. En logística es así, el barco no va a esperar, no me va a esperar 52 días (tiempo que duró el conflicto de mayo) a que yo llegue, se va a ir y me va a cobrar, porque había un espacio que yo había reservado», lamentó.
Todos estos obstáculos provocan un grave daño a la imagen internacional de Bolivia, cuyos empresarios deben cumplir acuerdos para exportar.
«A Bolivia le cuesta mucho mantener sus compromisos, por romper un compromiso, ‘ya no te compro más’ te dicen los clientes. La credibilidad como país es un problema», concluyó.
El Gobierno de Rodrigo Paz oficializó en marzo la autorización de la biotecnológica HB4 para el cultivo de soya en el país, en un acto público en la Exposoya 2026, organizada por Anapo en el municipio de Cuatro Cañadas, distante a 110 kilómetros de Santa Cruz de la Sierra.
El ministro de Desarrollo Productivo y Economía Rural, Oscar Mario Justiniano también dijo en enero que se «acabó la nominación de a qué industria cada asociación tiene que ir» a comprar cascarilla y soya solvente.
Antes era una obligación impuesta a las industrias y a los productores un esquema de compra y venta de los derivados de la soya. Para este reportaje, se solicitó una entrevista al ministro Óscar Mario Justiniano y también se envió un cuestionario a su equipo de comunicación, pero no fue respondido hasta el cierre de edición.
Para los productores, el Gobierno anunció la eliminación de las resoluciones y la fijación de precio en la negociación entre los productores y la industria.
Además, la liberación de la exportación de grano de soya con certificados no nominados, es decir, no se generarán certificados específicos de abastecimiento interno, con nombres y apellidos, sino que habrá un volumen el cual podrá ser ocupado por asociaciones u otras entidades que realicen comercio exterior.
No obstante, las nuevas disposiciones mantienen una condición central: el 20% de la producción de soya debe quedarse en el mercado interno. Este volumen está destinado a la elaboración de harina de soya, aceite para el consumo familiar y cascarilla, insumos vinculados directamente a la producción de carne, leche, pollo, cerdo y ganado ovino.
«El 20 por ciento de la producción necesariamente tiene que quedar en Bolivia, tiene que estar garantizado por las industrias y por los certificados de exportación, productos como la harina de soya, aceite para las familias y cascarilla», afirmó Justiniano a inicios de año, en contacto con la prensa local.
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Trabas para la Bolivia exportadora
Rafael Riva, experto en comercio exterior de la Cámara de Exportadores de Santa Cruz (Cadex), ratificó las palabras de Hernández y de Diez, porque los bloqueos, aspectos logísticos y restricciones normativas también afectan a la imagen de Bolivia en el exterior, debido a que no se proyecta como un exportador fiable.
“En la legislación heredada del anterior Gobierno (MAS), tenemos una serie de normativas montadas desde leyes, decretos y resoluciones que establecen cupos y restricciones a las exportaciones, que si bien se está trabajando para desmontarlo, es difícil por lo intrincado del sistema normativo que se armó”, explicó.
El experto en comercio exterior ratificó que la mediterraneidad de Bolivia es un factor de desventaja frente a Brasil, Argentina y Paraguay que son los grandes exportadores de soya de Sudamérica.
“Por nuestra mediterraneidad, para acceder a puertos marítimos, necesitamos de la infraestructura de los países vecinos y tenemos que cruzar la frontera, hay trámites que realizar, hay algunas fronteras que no están con la capacidad de atender el volumen de camiones que se juntan , hay retrasos en los pasos de frontera, que eso también dificulta el cumplimiento de plazos logísticos”, indicó.
El sector soyero en cifras
En los últimos años, las exportaciones del sector soyero cayeron en valor y cantidad. En volumen, el “año glorioso del sector oleaginoso” fue el 2022, cuando se exportaron 3.500 millones de toneladas, por un valor de 2. 200 millones de dólares.
“Había grano y había buenos precios internacionales», resaltó Diez, de Caniob.
En 2025, las exportaciones de derivados de soya alcanzaron 2.500 millones de toneladas, por un valor de 1.040 millones de dólares.
En detalle, de los 1.040 millones de dólares del último año, 17 millones representaban la venta externa de grano de soya, 45 millones de dólares de harina integral, 164 millones de dólares de aceite refinado y 332 millones de dólares de aceite crudo.
«Por eso es que siempre conviene más valor agregado», destacó.
En empleos, todo el sector soyero genera entre 100.000 y 150.000 fuentes directas e indirectas, según la Caniob, es decir, los empleados de las industrias oleaginosas, los productores de grano, los transportistas que mueven las cargas, los comerciantes que vender el aceite, torta de soya y cascarilla en el mercado interno.
«Lo urgente es poder exportar más. Creo que eso es lo urgente y para eso necesitamos materia prima, necesitamos que nos dejen importar y que no existan estas regulaciones que perjudican», demandó el funcionario de Caniob.
Según el registro del Ministerio de Desarrollo Productivo, son 52 industrias pequeñas que compran soya a los productores en el país. De ese monto, 11 son grandes y ocho están afiliadas a la Caniob, y compran entre el 85 y 89% del grano del país.
Bolivia, con 3,2 millones de toneladas de soya, representa aproximadamente el 1,18 % de la producción mundial, mientras que Sudamérica es el cuarto cultivador del grano dorado. En la región, Brasil produce 180 millones de toneladas, Argentina alcanzó 49 millones de toneladas y Paraguay cerca de 11 millones de toneladas.
A escala global, Estados Unidos produce 116 millones de toneladas, China 21 millones de toneladas, la India 11 millones de toneladas, y Rusia 9 millones de toneladas.
El sector soyero boliviano enfrenta un cuello de botella marcado por la escasez crítica de diésel y la subida de su precio, el déficit en la producción de grano y las restricciones normativas vigentes a las exportaciones. Mientras el Gobierno de Paz dio pasos hacia la biotecnología y la flexibilización de cupos, la industria y los productores advierten que, sin seguridad jurídica, libre importación de materia prima y soluciones logísticas definitivas, la capacidad de competir en el mercado internacional y garantizar el abastecimiento interno continuará comprometida.
Esta investigación fue realizada con el apoyo del Fondo Concursable de la Fundación para el Periodismo (FPP), en el marco de la iniciativa Spotlight.