A partir de la fecha el Ejecutivo tiene 30 días para cumplir con cinco demandas emitidas por el ente cívico cruceño, cuya asamblea autorizó a su presidente, Stello Cochamanidis, coordinar con las instituciones medidas escalonadas de presión hasta obtener respuestas.
Por Carlos Quisbert
El Comité pro Santa Cruz dio un ultimátum al Gobierno de Rodrigo Paz y le advirtió que “la paciencia se acaba” y, el 10 octubre se aplicará la “autonomía de facto”, en caso de que no se resuelva la crisis por la escasez de combustible. Asimismo, se exige la implementación del 50-50, aplicado en el Presupuesto General del Estado (PGE), además de la “devolución” de las competencias departamentales restringidas en el régimen del MAS.
La determinación fue asumida anoche, en asamblea general, en la que se autorizó a su presidente, Stello Cochamanidis, coordinar y convocar a movilizaciones junto a otras instituciones desde esa fecha, en la que también se celebra el Día de la democracia. El anuncio se da a pocos días de que concluya el estado de excepción que se inició el 20 de junio por los 53 días de bloqueos que generaron más de 23 fallecidos.
“Es hora de hacer justicia contra la ilegalidad de facto del Estado central. Es hora de la autonomía de facto para ejercer nuestras competencias que la CPE (Constitución Política del Estado) ya nos otorgó a los departamentos, pero que el centralismo se niega a devolvernos”, señala el Comité en la primera parte de la resolución.
Competencias y 50-50
Entre las principales demandas figuran la restitución de las facultades otorgadas por la CPE a las gobernaciones, municipios y universidades en temas de salud, educación e infraestructura, además de restituir los ítems y recursos que cercenados por decisiones asumidas en el gobierno de Evo Morales.
“Conminamos a la inmediata incorporación del 50-50 en el PGE 2027, promesa que el presidente, Rodrigo Paz, no cumplió, para que el 50% de todo lo que generamos cada una de las regiones se quede en los departamentos, para ser administrados de forma directa por las gobernaciones, municipios y universidades públicas, en la realización de obras, como hospitales, escuelas y caminos entre otras”, señala en un segundo acápite.
Por otro lado, se exige la liberación total de la importación, distribución y comercialización de combustibles en todos los surtidores del país, eliminar los impuestos aplicados a ese rubro, con el fin de reducir el precio de los carburantes en favor del ciudadano, para evitar la subida de los precios de la canasta familiar.
Pidieron romper “de una vez por todas, el monopolio estatal de Yacimiento Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), que solo ha generado corrupción junto a la ANH (Agencia Nacional de Hidrocarburos)”.
En la resolución se exige promover con urgencia el uso de los biocombustibles, el etanol y la explotación de los pozos de crudo, para minimizar los costos de importación de los combustibles.
El Comité pro Santa Cruz también conminó a “la erradicación definitiva de las redes de corrupción y extorsión en YPFB, ANH las instituciones del Estado, mediante el cese inmediato de los funcionarios que le han robado al pueblo cruceño”.
Ultimátum
“En caso de que el gobierno nacional no atienda las demandas, el 10 de octubre, el Día de la democracia, los ciudadanos estaremos en las calles, empezaremos las movilizaciones para recuperar lo que él centralismo nos robó. Y si es necesario llegar a un cabildo para que el pueblo decida nuestro destino, así lo haremos”, advierte el ente cívico.
El vicepresidente del Comité, Agustín Zambrana, remarcó que el gobierno de Paz tiene 30 días para resolver las demandas. Pidió al Ejecutivo que “se deje ayudar” con los sectores de la región, para eliminar el “modelo económico y político centralista que colapsó y provocó una crisis profunda reflejada en la escasez de combustibles, la falta de divisas y el desabastecimiento de insumos básicos que amenazan la seguridad alimentaria, la salud y la economía del pueblo boliviano”, sostuvo.
