Por Juan Mario Bravo Román
La burocracia desvestida: El fantasma de las deudas inexistentes. El famoso “Certificado de Solvencia Fiscal” que emite la Contraloría, que divulga datos que otras Entidades registran.
El expediente administrativo no es un reflejo de la realidad, sino un laberinto de espejos deformantes. En el teatro del control gubernamental, una mentira digital repetida mil veces en un sistema informático adquiere más peso legal que la verdad física de una sentencia absolutoria. Las instituciones, diseñadas supuestamente para velar por los recursos del Estado, a menudo terminan velando únicamente por la supervivencia de sus propios errores.
El 11 de octubre de 2023, la sede de un importante ministerio de infraestructuras recibió una misiva que desnudaba, con el frío rigor de los códigos de registro, la inercia y la irresponsabilidad del aparato fiscalizador. La carta, enviada por el representante legal de un consorcio constructor, no era una simple queja; era la autopsia de un sistema de control ciego.
La duplicidad como método
El pecado original nació años atrás, cuando el antiguo ente regulador de caminos, en un arrebato de desorganización, intentó duplicar la realidad. Incapaz de centralizar la información, abrió causas en la sede de gobierno repitiendo de manera idéntica los conceptos económicos que ya se estaban debatiendo judicialmente en los juzgados del oriente del país. Dos procesos distintos para un mismo hecho; una aberración jurídica que los tribunales locales terminaron rechazando por flagrante duplicidad, pero que el sistema informático de la Contraloría fagocitó y congeló en el tiempo.
El sistema CONTROLEG II —el Gran Hermano de la solvencia fiscal— se convirtió así en un cementerio de datos zombis. Registros que databan del año 2003 permanecían intactos, estáticos, inmunes al paso del tiempo y a las sucesivas derrotas judiciales del Estado. Para una empresa constructora, esta negligencia digital no es un asunto menor. Un código mal depurado en una pantalla se traduce en la denegación de un Certificado de Solvencia Fiscal, el documento vital sin el cual es imposible postular a cualquier licitación pública, nacional o internacional. El Estado, mediante su inacción, asfixiaba económicamente a quienes previamente los tribunales habían declarado inocentes.
Anatomía del error informático
El cruce de correspondencia entre el ministerio y el órgano de control evidenció una fragmentación absoluta. Un informe interno de la propia Contraloría admitía, con asombrosa naturalidad, las siguientes inconsistencias: Código de Registro (ID) Estado en el Sistema Realidad Jurídica Demostrada.
La verificación en el terreno
Cansados de la danza de oficios que rebotaban de un despacho a otro, los técnicos y abogados de la constructora lograron sentarse con la dirección jurídica del ministerio. La orden fue tajante: verificar la verdad material in situ, directamente en los libros de los juzgados coactivos de la sede de gobierno.
El resultado de la inspección física fue demoledor para la narrativa estatal. Los expedientes de papel, cubiertos de polvo pero jurídicamente incontestables, demostraron que lo que el sistema informático reportaba como «deudas ejecutoriadas» eran, en realidad, procesos ganados por las empresas o extinguidos por pagos realizados una década atrás.
Incluso en el caso de mayor cuantía, donde se reclamaban más de medio millón de dólares, el Tribunal Supremo de Justicia ya había emitido un Auto Supremo declarando improbada la demanda del Estado y anulando los dictámenes de responsabilidad civil. Pese a tener el fallo en sus manos, la burocracia ministerial aún exigía un requisito extra: la fotocopia del servicio de mensajería que probara que el expediente físico había viajado de una ciudad a otra. La desconfianza del sistema hacia su propia sombra.
La paradoja del control: El artículo 58 del reglamento del órgano contralor establece que la no actualización de estos datos genera indicios de responsabilidad por la función pública. Sin embargo, el propio sistema prefiere mantener el fantasma de la deuda activo antes que asumir el costo administrativo de admitir su propio error.
El libro «Calato» suma así un nuevo pasaje donde se demuestra que, en la estructura del Estado, el verdadero enemigo de la gestión pública no es siempre la mala fe, sino la incompetencia institucionalizada, aquella que prefiere condenar la supervivencia de una empresa antes que corregir un dígito falso en una pantalla.
(*) Abogado