Carlos Jahnsen Gutiérrez
El debate salarial en Bolivia no solo está mal planteado. Está invertido. Se discute cuánto deben subir los ingresos en una economía que ha dejado de generar las condiciones que hacen posible que esos ingresos crezcan de manera sostenible.
Ese es el punto que se pierde cuando se analiza la política de ingresos fuera de su fundamento macroeconómico.
Desde Keynes —en el Treatise on Money— y su desarrollo en Hajo Riese, economista alemán, el funcionamiento de una economía monetaria no parte del salario, sino de un mecanismo más profundo: inversión → ganancias → ingreso → expansión económica. Es la inversión la que activa el sistema, la que genera ganancias, y a partir de ellas se distribuyen ingresos. No al revés.
Por eso, el desarrollo económico no es otra cosa que un proceso sostenido de aumento del ingreso real. Y ese aumento no es arbitrario: se basa en la capacidad de la economía de generar productividad, expandir su base productiva y sostener su inserción externa. Reducir la brecha de ingresos con economías avanzadas exige justamente eso: crecimiento continuo del ingreso respaldado por acumulación y productividad.
Aquí aparece la pregunta clave: ¿qué son salarios sostenibles? No son los que suben por decreto. No son los que se contienen por costos. Son aquellos compatibles con una dinámica de ganancias, precios y productividad que permite que el aumento del ingreso no se diluya en inflación ni destruya la base productiva. Bolivia está hoy lejos de ese equilibrio.
La COB plantea un incremento del 20% como respuesta a la inflación. Su diagnóstico parte de una realidad: el deterioro del poder adquisitivo. Pero su propuesta cae en lo que Riese denomina decisionismo sin fundamento teórico: intervenir sobre el resultado —el ingreso— sin actuar sobre las condiciones que lo hacen sostenible.
El problema no es político. Es estructural. En una economía con restricción externa, escasez de divisas, presión cambiaria y baja productividad, un aumento nominal de salarios no genera desarrollo. Genera una transferencia temporal que rápidamente se traduce en precios. Se activa así la espiral ingreso–inflación: los salarios suben, los precios ajustan, el tipo de cambio se presiona, y el ingreso real vuelve a caer. Lo que parecía una solución se convierte en un mecanismo de deterioro.
Pero la posición empresarial tampoco escapa al error. Su respuesta reduce el problema a costos laborales: subir salarios afecta márgenes, empleo y competitividad. Esta visión es igualmente incompleta. Riese es categórico: la economía no puede explicarse desde una lógica de costos. Los precios no se determinan solo por salarios, sino por condiciones monetarias, expectativas y estructura de mercado.
Además, los salarios no son solo un costo: son también demanda. Una política basada exclusivamente en su contención puede estabilizar márgenes en el corto plazo, pero a costa de debilitar la inversión y la expansión futura.
Aquí se revela el error común. Tanto la COB como los empresarios comparten la misma simplificación: suponen que existe una relación directa entre salarios y resultados macroeconómicos. Unos ven en el salario la solución; otros, el problema. Pero en ambos casos se ignora lo esencial: el salario no es el motor del sistema, es una variable que depende de él.
La COB intenta empujar el sistema elevando ingresos nominales sin ancla real.
Los empresarios intentan contenerlo reduciendo costos sin reconstruir las condiciones de crecimiento. Uno acelera sin motor. El otro frena en una economía ya detenida. El resultado no es equilibrio. Es parálisis.
El empleo no depende del salario. Depende de la inversión. La inversión no depende del salario. Depende de las expectativas de ganancia. Y las ganancias dependen del sistema de precios, del tipo de cambio y de la capacidad de generar divisas. Ese es el núcleo que el debate evita.
Bolivia enfrenta hoy una economía donde ese mecanismo está interrumpido. La inversión es débil, las ganancias están erosionadas por la inestabilidad de precios y la incertidumbre cambiaria, y la restricción externa limita cualquier expansión sostenida. En ese contexto, discutir salarios es discutir la distribución de un ingreso que no está creciendo. Por eso la política de ingresos no puede comenzar por el salario. Debe comenzar por reconstruir el mecanismo que lo hace posible.
¿Qué implica esto?
- Primero, estabilizar y unificar el tipo de cambio en un nivel competitivo. Sin un ancla cambiaria creíble, no hay sistema de precios coherente.
- Segundo, reconstruir reservas internacionales mediante una estrategia exportadora sostenida. Sin divisas, no hay estabilidad macroeconómica.
- Tercero, restablecer condiciones para la inversión: previsibilidad, rentabilidad y coherencia de precios relativos.
Solo sobre esa base es posible una política de ingresos.
Una política donde los salarios crezcan de manera gradual, sostenida y consistente con la productividad y las ganancias. Donde el aumento del ingreso no sea un evento puntual, sino parte de un proceso continuo de desarrollo. Esa es la diferencia entre redistribuir y desarrollar.
La COB debe abandonar la ilusión de que el ingreso puede decretarse. Los empresarios deben abandonar la idea de que el salario es solo un costo. Y el Estado debe asumir que sin ordenar el sistema, no hay política salarial posible.
La conclusión es clara. Bolivia no tiene un problema salarial. Tiene un problema de inversión y crecimiento. Y mientras el ingreso no esté respaldado por inversión, productividad y capacidad de generar divisas, cualquier aumento será transitorio. Porque en una economía monetaria, el salario no lidera el desarrollo. Lo sigue.