Por Mauricio Ríos, economista
Presentar una Ley de Inversiones que no modifica la Constitución, que no reduce de
manera general la carga tributaria, que crea nueva burocracia y que se envía sin debate
interno serio, no es el comienzo de una transformación. Es la confirmación de que se
prefiere administrar el statu quo con mejores herramientas de marketing institucional.
El gobierno de Rodrigo Paz envió finalmente al Legislativo el proyecto de Ley de Inversiones. Es la primera de las diez leyes estructurales anunciadas hace meses. Llegó después de casi diez meses de gestión, sin que hubiera pasado por una discusión seria al interior del propio gabinete, y con la pretensión de presentarla como el inicio de un cambio de modelo.
No lo es.
El texto, de más de cien artículos, ordena incentivos dispersos, crea una Agencia Nacional de Inversiones, habilita una ventanilla única, ofrece exenciones arancelarias y créditos tributarios selectivos según una matriz de puntuación, y permite contratos de estabilidad por hasta diez años. También intenta poner algunos límites a las nacionalizaciones unilaterales y abre, con restricciones, la vía del arbitraje. Todo eso suena a modernización. Sin embargo, en la práctica es un intento de administrar la escasez de capital dentro de las cadenas que impone la Constitución de 2009.
La norma no toca el núcleo del problema. Los recursos naturales siguen siendo de propiedad originaria del pueblo boliviano y administrados por el Estado. La potestad de expropiar o nacionalizar no desaparece; solo se somete a un trámite adicional ante el Congreso. El arbitraje internacional queda acotado y expresamente excluido en materias clave. La igualdad entre inversionistas nacionales y extranjeros se proclama, pero bajo un régimen de incentivos discrecionales que el Estado otorga o retira según criterios de “desempeño” definidos por la burocracia. En otras palabras, se ofrece previsibilidad condicional, no seguridad jurídica plena.
En esencia, ese diseño es capitalismo de amigotes con esteroides burocráticos. El proyecto establece una matriz de 100 puntos que evalúa empleo, exportaciones, industrialización, innovación, compras nacionales, impacto regional y “sostenibilidad”. Quien sume entre 85 y 100 puntos puede recibir un crédito tributario de hasta el 80% del Impuesto a las Utilidades de las Empresas. Quien no alcance el umbral, o quien no logre cero en el indicador de sostenibilidad, queda fuera o recibe un beneficio menor. No es un régimen general de baja de impuestos. Es un sistema en el que un funcionario, con una planilla y una escala de puntuación, decide quién merece pagar menos y quién no. Eso no atrae capital en términos neutrales, sino que selecciona ganadores y perdedores según los criterios políticos y técnicos del momento. Todo pasa por las manos de algún burócrata.
Más revelador aún es el procedimiento. Un proyecto de esta envergadura —el primero de un paquete que se anunció como transformador— se envía al Legislativo sin haber sido debatido a fondo dentro del propio gabinete. Eso no es detalle administrativo. Es síntoma. Cuando una medida estructural no se discute internamente con rigor, suele indicar que el documento se armó más para generar titulares y cumplir un compromiso de agenda que para resolver el problema de fondo. Nuevamente, la improvisación se disfraza de celeridad.
El problema de fondo sigue siendo la Constitución Plurinacional. Mientras el texto de 2009 conserve su arquitectura —propiedad estatal de los recursos, economía plural con primacía de lo colectivo, límites a la libre disposición de los activos y a la solución de controversias—, cualquier ley de inversiones será, en el mejor de los casos, un parche. El gran capital privado internacional no se instala de manera permanente en un país cuya carta magna relativiza la propiedad y mantiene abierta la puerta a cambios de reglas por decisión política. Observa, calcula el riesgo soberano estructural y prefiere esperar o ir a jurisdicciones donde las reglas no son revocables cada ciclo electoral.
El ritmo es incompatible con la magnitud del problema. En mayo se anunciaron diez leyes estructurales. En agosto se envía la primera, y resulta ser la más blanda, la que menos choca con el marco constitucional vigente. Las que realmente importan —hidrocarburos, minería, reducción del tamaño del Estado y, sobre todo, la reforma constitucional— permanecen en el limbo del “próximamente”. A razón de una cada nueve meses, el paquete completo se completaría hacia 2033 o 2034. Para entonces el capital político inicial ya se habrá consumido, las resistencias corporativas se habrán rearmado y el ciclo electoral habrá impuesto de nuevo su lógica cortoplacista. El tiempo simplemente no alcanza si acaso alguien todavía considera que puede concluir su mandato sin interrupciones abruptas.
Ese es el costo real del gradualismo. Cada mes que pasa sin avanzar sobre el núcleo institucional eleva el precio de hacerlo después. Las ventanas de oportunidad en política económica son estrechas. Se abren al inicio del mandato y se cierran con rapidez cuando aparecen las primeras crisis de gobernabilidad, las negociaciones parlamentarias y la lógica del ciclo electoral. Apostar a que se puede transformar un modelo en cuentagotas es, en la práctica, renunciar a transformarlo.
Presentar una Ley de Inversiones que no modifica la Constitución, que no reduce de manera general la carga tributaria, que crea nueva burocracia y que se envía sin debate interno serio, no es el comienzo de una transformación. Es la confirmación de que se prefiere administrar el statu quo con mejores herramientas de marketing institucional. El capital privado internacional lo entiende perfectamente. Por eso sigue esperando señales inequívocas de que las reglas de juego dejaron de ser revocables. Mientras esa señal no llegue, Bolivia seguirá atrayendo, en el mejor de los casos, inversión residual o de corto plazo.
El tiempo, una vez más, no está del lado de quienes siguen apostando a que con parches selectivos y un ritmo de una ley cada nueve meses se resuelve un problema de arquitectura constitucional.
O tal vez presentaron el proyecto para que nadie diga después que, por más que ya hayan pedido perdón por tamaña ineptitud —ojalá también por su negligencia y corrupción— en nueve meses, no hicieron nada. Y por cierto, ¡qué barato está el dólar!
(*) Publicado el jueves 13 de agosto en Macro Alertness, y reproducido con autorización del autor riosmauricio.com