Pese a la ruptura entre el Gobierno y el líder de Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina, fue esa bancada la que apoyó la aprobación del reformulado. El proyecto prevé incrementar al presupuesto inicial en Bs 7.472.431.596 y fija reglas para los gobiernos subnacionales.
Correo del Sur
Con votos de Unidad Nacional y la abstención de Libre, pasadas las 22:00 de ayer miércoles, el pleno de la Cámara de Senadores sancionó por mayoría absoluta el proyecto de ley del Presupuesto General del Estado (PGE) Reformulado 2026, sin debate de la norma en grande y en detalle.
“La ley ha sido aprobada en su estación en grande y en detalle. Queda concluido el proceso de aprobación de la presente ley. La misma debe ser remitida al Poder Ejecutivo con fines de promulgación”, señaló el presidente de la Cámara de Senadores, Diego Ávila.
Los nueve artículos y las disposiciones finales no fueron debatidos y se aprobaron en su totalidad por mayoría absoluta.
El debate generó expectativa después que el líder de UN, Samuel Doria Medina, rompió con el Gobierno de Rodrigo Paz y propuso incluir la fórmula del 50/50 en este reformulado, sin embargo, no tuvo eco, pese a que la presidencia de la comisión está en manos de la senadora de ese partido, Eliana Acosta Quispe.
Previo al tratamiento, la senadora Tomasa Yarhui, de Libre, ratificó el rechazo de su bancada al proyecto al sostener que el Gobierno y la mayoría legislativa no incorporaron las cuatro modificaciones que plantearon al presupuesto.
Señaló que esas propuestas buscaban beneficiar a gobernaciones y municipios, principalmente mediante mayores posibilidades de financiamiento, y afirmó que «no existió voluntad política» para incluirlas.
En respuesta, Avila aseguró que sí hubo voluntad política y explicó que las bancadas acordaron tratar una ley corta para incorporar tres de las solicitudes planteadas por Libre y otras fuerzas políticas, entre ellas disposiciones sobre prediarios y el bono de vacunación.
Ávila precisó que el único punto que no fue aceptado fue la propuesta de duplicar el límite de endeudamiento de los gobiernos subnacionales. Argumentó que, de acuerdo con la explicación del ministro de Economía y las reuniones sostenidas durante la jornada, tanto el Gobierno nacional como las entidades territoriales se encuentran altamente endeudados, por lo que incrementar ese límite sería una medida «irresponsable».
El PGE reformulado incorpora disposiciones relacionadas con los anticipos financieros de las entidades territoriales autónomas, los saldos de caja y bancos del Sistema Único de Salud, las obligaciones vinculadas al Impuesto Directo a los Hidrocarburos y la inscripción de recursos específicos.
La norma también establece un régimen excepcional para la reorganización, disolución y liquidación de empresas públicas del nivel central del Estado, además del cierre de fideicomisos públicos y la conversión de obligaciones del Fondo para la Revolución Industrial Productiva.