El ministro José Luis Lupo, explicó que, en el caso de las empresas estratégicas, estas deben reformarse para transparentar su manejo. El informe de la OFEP revela que se invirtieron Bs 18.227 millones en créditos, de los cuales aún existe un saldo vigente de Bs 16.273 millones, además de Bs 1.182 millones en cuotas vencidas.
Por: Carlos Quisbert
Las auditorías a 15 empresas estatales confirmaron el mal estado económico de las mismas, ante esto, el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, concluyó que las más deficitarias solo “succionan plata de los bolivianos y hay que cerrarlas”. Señaló que las mismas fueron creadas durante en el Gobierno del MAS, con el fin de “robar recursos”, no obstante, el proceso de liquidación debe cumplir requisitos legales.
“Si nosotros estuviéramos en el momento de decidir si se crean o no plantas industriales (estatales), la respuesta sería, no (…) El Gobierno no genera plata, el dinero que administra es de los impuestos de los bolivianos, de la venta de bienes y servicios. Entonces, cuando hay empresas públicas deficitarias le están succionando plata a los bolivianos, la está sacando de su bolsillo, eso ya no lo podemos permitir”, explicó el ministro Lupo en entrevista con Maggy Talavera.
Cierre legal
La autoridad dejó en claro que el Gobierno de Rodrigo Paz decidió eliminar a las empresas estatales que reportan millonarias pérdidas desde su creación, una medida necesaria para disminuir el déficit fiscal que le quita el valor a la moneda boliviana. No obstante, el ministro señaló que esto demorará, debido a las diferentes estrategias legales usadas al momento de la creación de cada una.
“Algunas de estas empresas fueron creadas por ley y otras por decreto supremo. Por eso es que se tenían que hacer todas las auditorías, no solo financieras, sino técnicas e institucionales para establecer quienes son los responsables, porque estas empresas no se crearon para generar valor para los bolivianos, fueron creadas para succionar la plata de los bolivianos”, reiteró Lupo.
Subrayó que el Gobierno del MAS no solo despilfarró recursos del Tesoro General de la Nación (TGN) en la creación de dichas empresas, sino que también usó recursos de préstamos internacionales. Actualmente estas funcionan con déficit, “es ridículo, hay que cerrarlas, punto”, concluyó el ministro.
Recordemos que las empresas estatales son administradas por directivas, presididas por los ministros de cada área. Es en ese marco legal en el que el presidente Paz pidió que los responsables presenten un plan de acción, urgente, para definir el marco legal de su cierre, con la aprobación del gabinete de ministros.
YLB, Mi Teleférico y BOA
Entre las empresas con mayor nivel de riesgo financiero figuran ETASA S.A., Yacana, YLB, Karachipampa (EMK), Quipus, TAM, EBIH y B-Agro, cuyos indicadores reflejan una reducción significativa de su patrimonio.
Sin embargo, en el caso de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), Mi Teleférico y Boliviana de Aviación (BOA), estas son consideradas “estratégicas”, pese a las enormes pérdidas que reportan.
En el caso de Mi Teleférico, Lupo afirmó que las líneas de transporte construidas en la ciudad de La Paz, durante el Gobierno de Evo Morales, se convirtieron un “patrimonio” de la sede de Gobierno. En el caso de YLB y BOA el tema es más técnico, pero ambas deben ser rescatadas, explicó Lupo.
En ese sentido, manifestó que, si bien esas empresas y otras similares deben ser salvadas, estas deben ser reestructuradas, para un manejo transparente y rentable.
Informe
El 15 de julio, la Oficina de Fortalecimiento de la Empresa Pública (OFEP), a cargo de Pablo Camacho, presentó el informe «Empresas Públicas Críticas – Datos a 2025», en el que se detalla que 15 empresas estatales registran pérdidas acumuladas por Bs 5.177 millones, equivalente al 42% del patrimonio, configurando uno de los escenarios financieros más complejos de los últimos años.
El informe de la OFEP revela que las empresas públicas recibieron Bs 18.227 millones en créditos, de los cuales aún mantienen un saldo vigente de Bs 16.273 millones, además de Bs 1.182 millones en cuotas vencidas, reflejando importantes incumplimientos en sus obligaciones financieras.
Camacho explicó que estos indicadores reflejan dificultades operativas. Aclaró que las obligaciones en mora corresponden a créditos contraídos durante la administración anterior. “Estas cuotas vencidas no pertenecen ni fueron incumplidas en este gobierno; corresponden al anterior gobierno del expresidente Luis Arce”.
Para el director de la OFEP, las auditorías financieras resumen “una historia nefasta, un engaño. Se gastó incluso en publicidad para hacernos creer que Bolivia iba a industrializarse y que se sustituirían las importaciones”, aseveró. Como ejemplo, mencionó los proyectos de producción de biodiésel. “Las plantas tienen cerca del 90% de avance, pero se olvidaron sembrar la materia prima necesaria para hacerlas funcionar”, finalizó.