Maggy Talavera
A cuarenta años de la masacre en la meseta de Caparuch, pretender que el Caso Huanchaca sea recordado sólo con un escándalo policial o una herida mortal para los cruceños es el primer síntoma de nuestra ceguera colectiva.
Huanchaca no fue un accidente geográfico; fue el momento exacto en que Bolivia descubrió, con horror, que este flagelo ya no golpeaba apenas las puertas del Estado, sino que atendía desde adentro. Las evidencias fueron tantas, que no cabían en los kj
Las ráfagas del 5 de septiembre de 1986 apagaron la lucidez de Noel Kempff Mercado, la entrega del piloto Juan Cochamanidis y el coraje del guía Franklin Parada. Dos meses después, el 10 de noviembre, el sicariato oficializó su jurisprudencia acribillando al diputado Edmundo Salazar Terceros por el intolerable delito de querer revelar la verdad.
Lo que dolió entonces —y desgarra hoy— no fue solo la brutalidad de las muertes, sino la criminal impunidad de los autores intelectuales, materiales y cómplices que las sucedió. La indignación tomó las calles: una sociedad conmovida reaccionó con marchas, huelgas y un repudio generalizado ante el descarado encubrimiento gubernamental. Asco, eso fue lo que provocó el cinismo de un ministerio del Interior que retrasó deliberadamente el rescate de los cuerpos calcinados de don Noel, Juan y Franklin, con excusas burocráticas absurdas, dándole a los delincuentes tiempo suficiente para levantar el campamento de los narcotraficantes y borrar las huellas de sus múltiples delitos.
Fue una movilización social histórica que exigió justicia penal y moral, pero que terminó estrellándose contra el pacto del olvido firmado por los gobiernos que sucedieron al de 1986, presidido por Víctor Paz Estenssoro. Las élites políticas, en un vergonzoso ejercicio de supervivencia mutua, prefirieron contener y archivar el escándalo antes que desvelar el esquema económico que ya financiaba sus campañas electorales.
A ese entramado doméstico se sumó el humillante papel de Estados Unidos y de la DEA, un rol que osciló entre el cálculo geopolítico y la complicidad criminal. Mientras la soberanía nacional se rifaba bajo recetas impuestas de militarización, quedó flotando en el aire la sospecha permanente de que las agencias norteamericanas conocían la existencia de la fábrica de clorhidrato de cocaína que operaba a nivel industrial en Huanchaca y callaron, priorizando el financiamiento de guerras ajenas en Centroamérica antes que la vida de los ciudadanos bolivianos. El descaro fue completo: se canjeó soberanía por impunidad.
Cuatro décadas después, el parangón con la actualidad es tan exacto que asusta. El espejo de Huanchaca nos devuelve el reflejo de la Bolivia de hoy, con una diferencia trágica: lo que en 1986 provocaba marchas multitudinarias y la caída de gabinetes, hoy se ha normalizado e institucionalizado. Asistimos con apatía al desfile de laboratorios que continúan operando en parques nacionales y áreas protegidas, cargamentos que burlan el limitado control estatal, policías, jueces y fiscales que operan de la mano con capos transnacionales, ejecuciones civiles a plena luz del día y a la permisividad cada vez mayor de varios sectores de la sociedad (el caso de la selfi con Tatiana Marset, hermana del capo del narcotráfico Sebastián Marset, preso en Estados Unidos, es apenas una muestra de lo dicho).
El mayor triunfo del narcotráfico en Bolivia no ha sido su potencia económica, sino haber quebrado nuestra capacidad de asombro y rebeldía. Ayer fue el encubrimiento de los crímenes e impunidad de los criminales de Huanchaca; hoy es la captura flagrante de la justicia y las fuerzas del orden. Al final, el mensaje de Huanchaca sigue intacto y dolorosamente vigente: un país que pacta con el silencio de sus mártires está irremediablemente condenado a ser gobernado por sus asesinos.
Santa Cruz de la Sierra, septiembre de 2026.