Tres ministros de Estado se pronunciaron sobre el retiro de visas a 13 personas, entre ellas el fiscal general, el exdirector de la Felcn, jueces, fiscales, magistrados y un empresario privado.
Visión 360 / Germanine Barriga
El Gobierno solicitará información oficial a los Estados Unidos sobre las causas que llevaron a tomar la decisión de retirar la visa al fiscal general del Estado, Roger Mariaca, y al exdirector de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), Franz William Cabrera, jueces, fiscales y magistrados, e iniciará una investigación.
En conferencia de prensa, los ministros de la Presidencia, Fernando Aramayo; de Gobierno, Marco Antonio Oviedo; y de Defensa, Ernesto Justiniano, se pronunciaron sobre la decisión que tomó el Gobierno de EEUU, al mando de Donald Trump y se dio a conocer por medio de un comunicado del Departamento de Estado, de retirar las visas a 13 bolivianos, entre los cuales se cuenta a fiscales, exministros, exfuncionarios del órgano judicial y un empresario ligado al comercio de combustible.
El detalle señala que los Estados Unidos revocó las visas al exabogado de Evo Morales y actual fiscal superior, Martín Daniel Irusta Flores; al fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos Flores; y al fiscal superior y exfiscal departamental de Chuquisaca, Álvaro Mauricio Nava Morales Carrasco.
Entre los jueces están Albania Chane Caballero Saavedra, jueza de Instrucción Anticorrupción y de Violencia contra la Mujer Primera del departamento de Santa Cruz; Rosario Ximena Flores Paniagua, jueza de Instrucción en lo Penal del departamento de Santa Cruz; y Rodrigo Aldo Vedia Espinoza, juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Primero de La Guardia.
También están Israel Ramiro Campero Méndez, exmagistrado Constitucional; Iván Manolo Lima Magne, exministro de Justicia y Transparencia Institucional; Alberto Samuel Soto de la Vía, expresidente ejecutivo interino de la Aduana Nacional; Iván Ramiro Campero Villalba, magistrado suplente del Tribunal Supremo de Justicia; Frans William Cabrera Quispe, coronel de la Policía Boliviana y exdirector de la Felcn; y José Luis Iriarte Cussi, empresario privado quien figura como representante legal de 13 estaciones de servicio.
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Ante la decisión de ese país, Aramayo sostuvo que el Gobierno nacional es respetuoso de las decisiones de países como los Estados Unidos, que, en aplicación de su normativa y soberanía, definen políticas migratorias.
Aramayo anunció que se prestará la colaboración que corresponda al Órgano Ejecutivo para que se lleven adelante las investigaciones y las acciones que correspondan a la institucionalidad boliviana. “En eso queremos ser enfáticos y lo hemos repetido una y otra vez, somos respetuosos de la acción independiente de los órganos del poder público del Estado boliviano”, afirmó.
Para la autoridad, lo sucedido este lunes es un examen para la institucionalidad democrática y para una investigación independiente, proba, que naturalmente esté basada en evidencias.
Recordó que hay instancias y normas que definen cuáles son los caminos que tienen que seguir este tipo de situaciones, en el marco del respeto a la democracia, la vigencia del Estado de derecho y la lucha contra el crimen organizado y el narcoterrorismo.
“La alianza que tenemos con los Estados Unidos y los demás países que conformar el Escudo de las Américas, da cuenta de una acción continua y permanente de la que hemos venido nosotros haciendo anuncios, en reiteradas oportunidades y que se ha traducido en un conjunto de acciones que naturalmente vamos a continuar llevando adelante”, sostuvo.
Con relación a la reacción del fiscal general, quien aseguró que seguirá investigando el caso del asesor presidencial, Fernando Cerimedo, y otros casos como las “narcomaletas”, Aramayo respondió que todas las actuaciones de la Fiscalía y de cualquier otro órgano público del Estado tienen que llevarse de acuerdo con lo que dicta la normativa.
“Estamos conscientes de las acciones que se vienen llevando en esas instancias y naturalmente éstas deben continuar, en ese sentido no nos podemos referir a ningún caso de investigación específico”, puntualizó.
Justiniano, por su parte, consideró que los señalamientos hechos por los Estados Unidos son “bastante graves” y el Gobierno los toma con absoluta seriedad. Por eso, se pedirá a través de las instancias competentes información complementaria y elementos probatorios que puedan ser conocidos por Bolivia. Asimismo, corresponde investigar todo este tema que ha salido a la luz pública y que se cumpla la ley como corresponde.
La autoridad se refirió a la situación del exdirector de la Felcn y confirmó que ocupó funciones en el Alto Mando Policial e integró misiones oficiales, e incluso aparece en las reuniones de alto nivel que sostuvo el Ejecutivo con los representantes de Estados Unidos.
“Incluso viajó a Estados Unidos en una misión oficial, hasta ese momento no teníamos ninguna información como la que ha salido hoy día, como el retiro de su visa, pero el documento no explica nada más, por lo tanto, vamos a pedir a que se debe esta suspensión de la visa como corresponde”, dijo.
Por su parte, Oviedo, consultado sobre si recibió información de inteligencia sobre estos casos, sostuvo que, en la cartera del Ministerio de Gobierno, procesamos todo tipo de información y solo se la da a conocer cuando se tienen evidencias concretas.
Dijo que se va a pedir información complementaria sobre este tema y se iniciarán las investigaciones en los diferentes órganos del Estado. Anunció que se iniciarán las pericias respectivas sobre las acusaciones contra las personas y se asumirán todas las acciones legales, considerando que entre los afectados se encuentra un exministro de la gestión del expresidente Luis Arce.