Desde la Policía Boliviana se justifica la acción directa por los videos en los Sebastián Marset afirma que Mariaca es su «amigo», el hallazgo de millones de bolivianos y el intento de destrucción de expedientes. Siguen buscados el fiscal departamental de La Paz, Luis Carlos Torrez y el exministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo.
Por Carlos Quisbert
La defensa del Fiscal General del Estado, Roger Mariaca y dos de sus colaboradores presentaron un amparo constitucional contra el presidente del Estado, Rodrigo Paz y otras dos autoridades, por las aprehensiones que sufrieron. El recurso legal fue interpuesto mientras los tres están en celdas policiales de la ciudad de El Alto, con el propósito de frenar la audiencia cautelar, en la que otros fiscales deberían presentar la imputación y en la que, se prevé, detallen de qué forma se protegió a la estructura «narcoterrorista» de Sebastián Marset, tal como lo sostiene el Gobierno.
Los abogados Jerjes Justiniano y Albert Burton informaron que la acción de libertad se interpuso a nombre de Mariaca, el fiscal superior y exabogado de Evo Morales, Martín Irusta y el fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos. El recurso fue presentado contra el presidente Paz, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo y el comandante general de la Policía, Adrián Álvarez.
Burton explicó que se presentaron dos acciones de libertad luego de la aprehensión de los fiscales. Una fue planteada en la ciudad de La Paz y ya tiene audiencia señalada para hoy viernes, mientras que la segunda fue presentada en Santa Cruz. Se conoce que la audiencia en la ciudad de El Alto se instaló a las 09:00.
La defensa de los fiscales sostiene que las aprehensiones de sus clientes fueron ilegales y cuestionan que no se haya cumplido, en su criterio, el requisito de la flagrancia.
Por otro lado, hasta horas de la noche de ayer, Burton denunció que no se le permitió el ingreso al cuaderno de investigaciones digital y que estaban a la espera de que su defendido sea convocado para prestar su declaración informativa dentro del caso. Advirtió que la diligencia no debería realizarse sin la presencia de un abogado de confianza.
“Estamos esperando, dudo mucho que la Fiscalía, el Ministerio Público o el fiscal asignado al caso logre o pretenda tomar la declaración informativa sin un abogado de confianza. Estaríamos viciando de nulidad”, sostuvo.
En contraparte, ayer, el vocero presidencial, José Luis Gálvez, acompañado del comandante de la Policía brindó informes y justificó la aprehensión de Mariaca y otras 13 personas, a partir de indicios, como los dos videos que circularon en medios de comunicación, en los que el narco uruguayo, Sebastián Marset, afirmó que el fiscal general era su «amigo». Dicha afirmación la dio el 13 de marzo de este año, el momento que fue capturado en Santa Cruz, horas antes de ser extraditado a Estados Unidos.
Gálvez aseveró que en lugar del clima de convulsión social por la crisis económica, asociado al mes de octubre, este serían un tiempo «negro», pero para el «narcoterrorismo».
el coronerl Álvarez informó de los detalles sobre la aprehensión de Mariaca, Zeballos, Irusta y el mayor de la Policía Boliviana, Rubén Aparicio. El proceso se abrió con aval de otros fiscales, por tres delitos, organización criminal, tráfico de sustancias controladas y legitimación de ganancias ilíctas.
La noche del miércoles, además, se aprehendió a ocho funcionarios de la Fiscalía de Santa Cruz, quienes pretendían sustraer documentos del domicilio de Mariaca. Horas más tardes, también se intervino una ambulancia y se arrestó a otras dos personas que intentaban sustraer dinero de la casa del fiscal general. Asimismo, otras dos personas, ingenieros informáticos, fueron aprehendidos por intentar borrar los archivos de las cámaras de seguridad, en la casa de Zeballos.
Álvarez sostuvo que, según los informes de inteligencia, un grupo delictivo trató de generar pánico en el uno de los aeropuertos de Santa Cruz, para intervenir e impedir el traslado de Mariaca hacia La Paz. El comandante no atendió preguntas y explicó que continúa la investigación.
Por su lado, el vocero presidencial afirmó que «ningún cargo garantiza la impunidad», y que ninguna persona está por sobre la ley. Aseveró que la estructura de poder manejada por Sebastián Marset tenía protección por parte de Mariaca y sus operadores, un delito que se considera flagrante, lo que dio lugar a la acción directa de la Policía Boliviana.
«Los que debían perseguir el delito, terminaron protegiéndolo. Actuó una estructural, que la organización operaba dentro del Estado. Cuando el narcotráfico compra protección se convierte en una amenaza contra el delito (…) Será un octubre negro para el narcoterrorismo», aseveró Galvez.
Durante los allanamientos a los domicilios de Mariaca, en Santa Cruz y Sucre, se hallaron al menos cuarto millones de bolivianos. De la misma forma que encontró en poder del edecán del fiscal general, un millón de bolivianos.
Hasta el cierre de edición de esta nota, la Asamblea Legislativa instaló la sesión para tratar la situación del Fiscal General del Estado y se conoce que se rechazó una de los amparos constitucionales en La Paz.
En la décima octava sesión ordinaria de la Asamblea Legislativa Plurinacional, se presentaron los ministros de Gobierno, Marco Antonio Oviedo; de la Presidencia, Fernando Aramayo y de Defensa, Ernesto Justiniano, quienes presentaron un breve informe del caso. En el momento no se permitieron preguntas de los legisladores y no tampoco debate. Luego del informe de los ministros se declaró un cuatro intermedio.