La Fiscalía solicita la pena máxima por los delitos de conducta antieconómica e incumplimiento de deberes. Se presume una malversación de Bs 919.129, dinero que debió ser invertido en la producción de miel en 13 comunidades
Por Carlos Quisbert
La Fiscalía de La Paz presentó una nueva acusación para someter a otro juicio a la exdirectora del Fondo Indígena, Elvira Parra, en relación a una presunta malversación de fondos destinados a la producción de miel en 13 comunidades. El proyecto data de 2010, de acuerdo al documento al que accedió Periodismo Sin Photoshop.
El fiscal del caso, Diego Cortez, dio por concluida la etapa de investigación y emitió, hoy, una resolución de acusación, para que el juez instale un nuevo juicio en contra de Parra por conducta antieconómica e incumplimiento de deberes. En la parte final de su memorial, el fiscal insta a la autoridad judicial a emitir la máxima pena en contra de la exdirectora del Fondo Indígena.
Antecedentes del caso
De acuerdo a la relación de hechos, la Unidad de Auditoría Interna y de Proyectos del Fondo de Desarrollo Indígena, mediante el informe INF/FDI/DGE/UAI/9125-2025 (R), del 4 de noviembre de 2025, realizó un análisis integral del proyecto: «Producción de miel en trece comunidades del trópico de la provincia Bautista Saavedra (en el departamento de La Paz)».
En dicho análisis se identificaron irregularidades en la aprobación, ejecución y cierre del proyecto, que inició el 19 de agosto de 2010, luego de la firma de un convenio de financiamiento N° 034/2010. El documento fue refrendado por Parra como directora del Fondo Indígena, y los representantes del proyecto: Lidia Patty Mullisaca (exdiputada del MAS), Javier Ángel Chávez Mendieta y Lidia Achu Huanca.
El proyecto fue impulsado por la organización de Mujeres «Bartolina Sisa», que solicitaron el financiamiento. Sin embargo, durante la revisión documental que se hizo 15 años después, se evidenció que no existía respalde formal de la designación de los representantes como autoridades legítimas de las comunidades beneficiarias.
No obstante, aprobación del proyecto se produjo entre enero y marzo de 2010 mediante informes técnicos internos, en los que se recomendó la evaluación de los terrenos donde se construirían las colmenas y la aprobación previa.
El directorio del Fondo Indígena, mediante Resolución de Directorio N° 007/2010, aprobó el proyecto con un financiamiento total de Bs 919.128,89 y un plazo de ejecución de 18 meses.
Posteriormente, el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras autorizó la transferencia de recursos a través de la Resolución Ministerial N° 333/2010, permitiendo la ejecución financiera del proyecto
En cumplimiento del convenio, el 24 de septiembre de 2010 se efectuó el primer desembolso por un monto de Bs 687.508 a la cuenta mancomunada de los representantes del proyecto, Lidia Patty Mullisaca y Javier Chávez Mendieta. Este desembolso quedó registrado en los sistemas oficiales SIGMA y en la documentación administrativa del proyecto.
Gasto sin resultados
Sin embargo, pese a la magnitud del monto ejecutado, durante el monitoreo efectuado en abril de 2011, se evidenció un escaso avance físico en contradicción al gasto de dinero. Se estableció que el proyecto solo alcanzó un 20% de construcción, pese a la ejecución del 92,52% del primer desembolso.
Asimismo, se verificaron colmenas incompletas, materiales deficientes, falta de implementación, retrasos en capacitaciones y ausencia de condiciones técnicas adecuadas. El informe señala que se recomendó “expresamente no continuar con el segundo desembolso hasta superar estas deficiencias”.
Finalmente, en 2011 los representantes afirmaron que presentaron descargos, pero los mismos no figuran en los archivos del Fondo Indígena, por lo que se sugieren la inexistencia o extravío de dicha documentación.
En 2012, los representantes del proyecto solicitaron ampliaciones de plazo, y si bien fueron aprobadas, el proyecto continuó sin avances sustanciales. La posterior suscripción de la Adenda N° 028/2012 no solucionó las irregularidades. En criterio de la Fiscalía esto confirma la mala administración, la incorrecta ejecución de recursos y la presunta responsabilidad penal de los implicados.
Pruebas
El fiscal Cortez incluyó 25 elementos probatorios y 27 declaraciones testificales como pruebas de cargo contra Parra. La determinación fue asumida por la Fiscalía Departamental de La Paz, a denuncia del Fondo de Desarrollo Indígena.
180 procesos
En marzo de este año, cuando Parra fue aprehendida nuevamente, Joaquín Chuquimia, esposo de la exdirectora del Fondo Indígena, expresó su preocupación y afirmó que teme que su pareja enfrente “el mismo final que Marco Antonio Aramayo”, en referencia a otro exdirector, quien también fue encarcelado con decenas de acusaciones, pasó por distintas cárceles del país y falleció víctima de un proceso de tortura estatal que le provocaron múltiples enfermedades, que dañaron sus órganos internos en el penal de San Pedro.
Chuquimia sostuvo que Parra enfrenta más de 180 procesos relacionados con su gestión y cuestionó que, tras más de una década, la justicia no haya demostrado su culpabilidad. En una entrevista con radio Erbol, afirmó que su esposa enfrenta múltiples causas por los mismos delitos.