El impacto en el agua potable sigue una ruta indirecta, pero igualmente áspera. La inflación de insumos importados para potabilización eleva el valor de la UFV calculada por el Banco Central de Bolivia (BCB) —que supera los Bs 3,35—, lo que faculta a los operadores, al amparo de decretos de ajuste como el D.S. 5647, a aplicar incrementos periódicos de hasta un 5% mensual
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La soberanía monetaria de Bolivia atraviesa un silencioso pero acelerado proceso de erosión en las facturas de los servicios básicos. Aunque el discurso gubernamental insista en la estabilidad del boliviano, la aplicación de fórmulas de ajuste automático atadas al dólar norteamericano y a la variación de la Unidad de Fomento de Vivienda (UFV) comenzó a impactar de forma directa en el costo de vida de los hogares, según advierte una reciente investigación sectorial.
Para el investigador y consultor en agua y medio ambiente, José María Herbas Postigo, la reactivación de estos esquemas de cálculo no es un fenómeno aislado, sino un retroceso estructural que vulnera la capacidad reguladora del Estado y somete el bienestar popular a variables financieras externas.
La factura en dólares y el choque del costo de vida
“Estamos presenciando una dolarización encubierta de las tarifas esenciales. Aunque las familias sigan pagando sus facturas en bolivianos, el costo real de cada kilovatio-hora de electricidad o de cada metro cúbico de agua responde a una volatilidad operativa que la moneda nacional ya no logra contener”, señaló Herbas.
A través de normativas de flexibilización como el Decreto Supremo 5750 y el Decreto Supremo 5704 —este último orientativo al régimen de carburantes e importaciones—, la estructura del sector eléctrico vinculó de forma directa los costos de generación y transmisión al tipo de cambio oficial y a insumos importados. Como resultado, el precio por kilovatio-hora (kWh), que históricamente mantenía rangos de contención social entre los 0,60 y 0,85 Bs/kWh en áreas urbanas, queda expuesto a deslizamientos continuos.
El impacto en el agua potable sigue una ruta indirecta, pero igualmente áspera. La inflación de insumos importados para potabilización eleva el valor de la UFV calculada por el Banco Central de Bolivia (BCB) —que supera los Bs 3,35—, lo que faculta a los operadores, al amparo de decretos de ajuste como el D.S. 5647, a aplicar incrementos periódicos de hasta un 5% mensual.
A esta presión se suma la distorsión estadística. Mientras las mediciones oficiales del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Instituto Nacional de Estadística (INE) reflejan variaciones moderadas, la economía cotidiana de mercado experimenta alzas de dos y tres dígitos en alimentos y repuestos. “Existe una brecha abismal entre la inflación de mostrador y los datos oficiales; al indexar las tarifas a variables externas, se condena al ciudadano a perder aceleradamente su poder adquisitivo”, sostiene el especialista.
Lecciones
El análisis de Herbas Postigo recuerda que la subordinación de la economía familiar al dólar desencadenó los conflictos sociales más agudos de la historia reciente del país:
- Cochabamba (2000): La Guerra del Agua estalló cuando una fórmula matemática indexó las tarifas locales al dólar y a la inflación de Estados Unidos, tornando inalcanzables las facturas domiciliarias.
- El Alto y La Paz (2005-2006): La movilización vecinal que derivó en la rescisión del contrato con Aguas del Illimani tuvo como detonante idénticos esquemas dolarizados que encarecieron las conexiones básicas.
“El riesgo de repetir estos errores gravita en ignorar que los servicios básicos son derechos fundamentales, no mercancías sujetas al libre flujo de divisas”, advierte el consultor.
Riesgo sobre la red de contención social
La investigación subraya con preocupación que la flexibilización tarifaria y la paulatina retirada de subsidios energéticos respondan a la urgencia de liquidez y a condicionamientos de organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional (FMI).
De profundizarse la lógica del “sinceramiento de costos” y la intención de privatizar empresas públicas rentables como ENTEL, entre otros; el impacto afectará la salud financiera de empresas públicas estratégicas. Históricamente, las utilidades de estas corporaciones estatales han constituido el sostén financiero de la red de contención social del país, financiando transferencias directas como el Bono Juancito Pinto, el Bono Juana Azurduy y la Renta Dignidad.
“Si subordinamos las empresas estatales a criterios estrictamente comerciales para compensar la falta de divisas, terminaremos desmantelando los bonos sociales que evitan que millones de niños, madres y adultos mayores caigan en la extrema pobreza”, enfatiza Herbas Postigo. Para el investigador, la salida de la crisis exige transparentar los costos reales de los servicios públicos, proteger el valor del boliviano y diseñar políticas de desarrollo productivo consensuadas que defiendan el bolsillo de los sectores trabajadores.