La redacción del documento fue postergada 16 años, pero con la conformación de una Comisión Autonómica, esperan concluir el texto hasta diciembre. Uno de los factores que causó la demora fue el riesgo de una mala influencia del MAS.
Por Carlos Quisbert
La presidenta del Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, Luisa Nayar, denunció que, además de estar postergada por 16, los anuncios de redacción de carta orgánica dieron lugar una presunta malversación de recursos, para un texto similar al monstruo de “Frankenstein”, elaborado con partes a cargo de 11 concejales.
Informó que los informes preliminares sobre el tema, revelan que un año se destinó 8 millones de bolivianos a este trabajo inconcluso. No obstante, Nayar afirmó que luego de conformar una comisión especial y coordinar su redacción con los colegios de profesionales, instituciones académicas, universidades, el Comité Pro Santa Cruz y otros, prevén concluir el documento hasta diciembre de este año.
Una de las razones por las que la redacción de la carta orgánica se postergó “se debió a un tema económico, porque estamos haciendo una investigación para saber cuánta plata se gastaron en este proceso de la carta orgánica. Ayer (viernes) nos hicieron conocer que en uno de los años se tiraron (gastaron) ocho millones de bolivianos”, reveló Nayar en entrevista con Maggy Talavera.
Con el fin de no entorpecer las pesquisas aún se reserva la información sobre los rubros a los que se destinaron esos recursos.
Otro factor que también influyó es el político, explicó la concejal, pues considera que las anteriores autoridades municipales trataron de evitar la influencia negativa del MAS que era el partido de Gobierno. No obstante, Nayar aseguró que la carta orgánica se entregará hasta diciembre.
Visión de 30 años
“Es inadmisible que Santa Cruz haya sido el bastión de la lucha por las autonomías y que en tantos años (16) no se haya logrado consolidar esta carta orgánica que básicamente es la Constitución Política de nuestra ciudad”, afirmó la presidenta del Concejo Municipal.
Con el propósito de cumplir con este objetivo, el 16 de julio se conformó una “Comisión Autonómica”, la cual ya cuenta con un “borrador de cronograma” para reunirse con diferentes instituciones y representantes que buscan aportar a esta norma. Nayar reflexionó sobre lo importante de una primera revisión al borrador que dejaron las pasadas gestiones, ya que la realidad social, económica y de infraestructura ha cambiado en 16 años y lo que se pretende es que el documento final tenga una visión de 30 años para adelante.
“La idea es que este documento no esté construido en base al criterio de los concejales o del alcalde, porque las autoridades pasan, lo que quedan son las instituciones y este documento debe tener una visión de 20 o 30 años y es importante la participación ciudadana”, aseguró.
Dividido en partes
La concejal mencionó que a lo largo de estos 16 años el texto “mutó” varias veces y calificó de paradójico, el hecho de que en la gestión del exalcalde Jhonny Fernández, el proyecto de redacción “se dividió en 11 partes”, asignadas a los 11 concejales de entonces. Nayar calificó esta metodología de trabajo como una conducta de universitarios que se dividen la tarea.
“Se tiene varias observaciones, estamos a la espera de la conformación de un equipo técnico de abogados constitucionalistas y planificadores para realizar un análisis serio y luego de la socialización se hagan las modificaciones que correspondan. Como lo he dicho, básicamente se ha hecho un Frankenstein y se debe tener criterios generales”, sostuvo Nayar.
Proceso de aprobación
La Comisión Autonómica está conformada por cinco miembros, que son parte de la directiva del Concejo Municipal, el presidente de la Comisión de Constitución y la Comisión de Planificación del Gobierno Municipal, pero otros concejales se adscribieron al mismo. La norma debe ser aprobada por ocho de los 11 miembros del Concejo.
Nayar remarcó que el plazo que se impusieron para contar con un documento oficial es diciembre. Posteriormente se enviará el texto al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para evitar que existan artículos contra la Constitución Política del Estado para finalmente someterlo a un referendo.