Exigen una solución al ministro de Economía, Gabriel Espinoza y hoy protestaron en Santa Cruz, en un evento al que asistió la autoridad. Una de las afectadas explicó que antes pagaba cada mes 1.500 bolivianos, pero ahora subió hasta 2.100.
Por Carlos Quisbert
El régimen cambiaro flexible del dólar, aplicado por el Gobierno de Bolivia desde el 29 de junio, genera protestas por parte de familias que sufren por el incremento de las cuotas de pago de terrenos y casas que adquirieron a crédito. En Santa Cruz, hoy, los afectados protestaron para exigir una solución al ministro de Economía, José Gabriel Espinoza.
“Queremos pagar, pero entiendan nuestra situación, somos obreros, vivimos del día y no podemos pagar el precio del dólar. Pedimos que se respete el precio inicial de cuando firmamos el contrato, que era de 6,96 bolivianos, hasta la finalización del pago. Queremos que el ministro Espinoza solucione lo que ellos han iniciado”, declaró una de las personas afectadas a Periodismo Sin Photoshop.
La mañana de hoy, en un céntrico hotel de la ciudad de Santa Cruz, el ministro Espinoza participó como panelista en el Foro FEM Económico 2026: “De la resistencia a la reconstrucción económica”, organizado por CAMEBOL. Las familias afectadas protestaron a las afueras del lugar y exigieron hablar con el ministro, sin embargo, no tuvieron resultados.
“Nos preocupan las declaraciones del ministro, porque él dice que nos debemos acostumbrar, que a veces el dólar subirá y otras bajará, no puedo regresar a mi casa con esa respuesta. ¿Nosotros tenemos que decirles a nuestros hijos que a veces van a comer y a veces no?”, insistió otra madre de familia.
Los representantes sostuvieron que Espinoza debe renunciar “si no puede dar una solución”, pues ellos llevan 20 días de protestas sin respuestas, por un problema económico que puede costarles su vivienda. Esta preocupación causó una crisis emocional a los damnificados, en uno de los casos llegó a la hospitalización de una ama de casa.
Organización sin respuestas
Leonardo Montenegro, de 27 años, afirmó que son miles de personas afectadas y que cientos de ellas se organizaron en diferentes departamentos, con un comité que hace gestiones en La Paz. Mencionó que solo en Santa Cruz hay unas 250 empresas involucradas en la venta de los terrenos en urbanizaciones.
“Hemos tenidos varias reuniones con ministros, diputados de todas las bancadas, asambleístas departamentales, pero nadie nos da una solución y por eso pedimos reunión con el ministro de Economía”, afirmó Montenegro.
Relató que varios legisladores les dijeron que no podrían intervenir, otros les ofrecieron redactar un proyecto de ley, pero Montenegro asegura que ya tienen el documento elaborado por abogados que tienen el mismo problema.
Otra de las madres de familia explicó que algunas de las empresas que comercian los terrenos en urbanizaciones, les ofrecieron soluciones, pero las mismas son momentáneas, como ampliar el pago de cuotas a un valor de 6,96 bolivianos por dos meses y que luego de ese plazo se cobrará al precio vigente.
Otras firmas ofrecieron cobrar el mismo monto de la cuota, pero el crédito se extendería por más años. En uno de los casos, esto significaría que, si planificó terminar de pagar el crédito en dos años, ahora le faltarán otros cuatro.