Envían al pleno de Diputados el proyecto de ley para las elecciones judiciales complementarias

Consta de 38 artículos y seis disposiciones finales, la Asamblea Legislativa contará tendrá un plazo de 50 días para el proceso de preselección de candidatos y el Tribunal Supremo Electoral dispondrá de 150 días calendario para organizar los comicios.

En diciembre de 2024 se realizó la primera fase de las Elecciones Judiciales para el TSJ, Tribunal Agroambiental, el Consejo de la Magistratura y el TCP. / Foto: TSE

Por Carlos Quisbert

La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley, excepcional, para la segunda fase de las elecciones judiciales que tienen el fin de completar cuatro cargos en el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y dos en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Recordemos que, en 2024, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) se vio obligado a suspender parcialmente las elecciones a dichos cargos, debido a la manipulación de amparos constitucionales en Beni, Pando, Santa Cruz, Cochabamba y Tarija.

El Proyecto de Ley N.º 161/2025-2026 consta de 38 artículos y seis disposiciones finales. La secretaria técnica de la Comisión, Kathia Saucedo, informó que la Asamblea Legislativa Plurinacional contará con un plazo de 50 días para desarrollar el proceso de preselección de candidatos. Agregó que el Tribunal Supremo Electoral dispondrá de 150 días calendario para organizar y ejecutar el proceso hasta la realización de las elecciones judiciales.

«La Comisión de Constitución ha concluido la aprobación de la ley excepcional para la convocatoria a la preselección y elección de magistrados del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo de Justicia», informó el presidente de esa instancia legislativa, el diputado Juan del Granado.

Los 38 artículos y seis disposiciones finales fueron analizados por los diez diputados que integran la Comisión de Constitución. El diputado Ruddy Pantaleón destacó que se cumplió con la responsabilidad constitucional de aprobar el informe, lo que brinda certeza al país respecto al proceso de renovación de las autoridades judiciales.

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